La Gaceta Jurídica

Detención preventiva y servicios previos al juicio

Taller Internacional

Los expositores nacionales y extranjeros en su intervención frente a sus auditores.

Los expositores nacionales y extranjeros en su intervención frente a sus auditores. Foto: Consejo de la Magistratura

La Gaceta Jurídica / RMR

00:00 / 14 de junio de 2013

Representantes del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Servicio Nacional de Defensa Pública, organismos promotores de derechos humanos y sociedad civil buscaron socializar y dar a conocer las buenas prácticas que han sido impulsadas en países latinoamericanos y que han logrado disminuir las cifras de aplicación de la detención preventiva.

Durante la actividad desarrollada el 11 de junio en Sucre, la directora de Proyectos de la Red de Justicia Previa al Juicio, Ina Zoon, destacó la iniciativa de las organizaciones civiles, autoridades judiciales, instituciones internacionales y profesionales del Derecho para llevar a cabo estos encuentros donde se haga conocer los resultados logrados por otros países al reducir el uso de la detención preventiva, en particular, los servicios previos al juicio. 

Dijo que estamos conscientes de esta problemática y de la necesidad de impulsar políticas públicas en el ámbito internacional que alivien los índices de presos sin sentencia; pero, además, efectivicen la administración de justicia penal en los países con altos índices de población penitenciaria con detención preventiva.

Asimismo, la expositora Natalie Reyes del Centro de Estudios en Justicia de las Américas (Ceja), con sede en Chile, presentó las experiencias de éxito en la aplicación de Servicios Previos al Juicio, instancias responsables de coadyuvar en la obtención de datos sobre personas procesadas por la vía penal y la evaluación de los riesgos procesales y medidas cautelares solicitadas para cada caso.

El Taller Detención Preventiva y Servicios Previos al Juicio, contó con la presencia de autoridades del Consejo de la Magistratura, expositores de la Fundación Construir, el Ceja, la Red Regional de Justicia Previa al Juicio (Nivel Hemisférico) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (oacnudh).

Datos

Según datos proporcionados por la Dirección del Régimen Penitenciario, el 85 por ciento del total de la población de los centros penitenciarios urbanos y rurales a nivel nacional se encuentra recluido a la espera de un juicio y una sentencia.

El sistema judicial boliviano tiene uno de los índices más altos en Latinoamérica en el uso de la prisión preventiva, con 8 de cada 10 personas encarceladas sin sentencia judicial.

A esta situación se suma la acumulación de causas en juzgados y la insuficiencia de recursos humanos y financieros que dificultan la respuesta oportuna de la administración de justicia penal, también, mantienen los niveles altos de causas sin sentencia, lo que, a su vez, se traduce en sobrepoblación carcelaria haciendo de la detención preventiva un serio problema de derechos humanos en Bolivia.

El director ejecutivo de Fundación Construir, Ramiro Orías,  explicó que los Servicios Previos al Juicio son instancias responsables de investigar los antecedentes y situación habitual de los imputados, proporcionando un informe acompañado de recomendaciones sobre la medida aplicable a cada caso.

Además, una vez culminada la audiencia cautelar y durante la sustanciación del juicio, son los Servicios Previos al Juicio que se ocupan de supervisar que los(as) impu- tados(as) cumplan las medidas impuestas, proporcionando a los jueces y fiscales informes periódicos al respecto. Así, a través de estos servicios se genera las condiciones necesarias para que los operadores de justicia opten por medidas alternativas a la prisión preventiva.

Entre los resultados esperados de este encuentro, se mencionó la posibilidad de implementar en el país un piloto de Servicios Previos al Juicio, como parte de las políticas impulsadas por el Consejo de la Magistratura, contando con el apoyo y participación activa de las instituciones responsables de la administración de justicia penal como el Ministerio Público, Defensa Pública y Órgano Judicial, que se beneficiaran de la información generada por esta instancia en la sustanciación de las causas penales.

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