La Gaceta Jurídica

Determinación del Tribunal

…las perpetraciones de narcotráfico, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas pueden seguir por la ruta pensada, seguramente con mejoras y profundizaciones pertinentes que no contradigan a la Constitución, mientras que el tema del contrabando deberá ser encarado desde otros ángulos.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 30 de abril de 2013

Como corresponde por el carácter inapelable que tienen las determinaciones del máximo tribunal de la constitucionalidad, el fallo sobre el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a Favor del Estado debe ser acatado primeramente por los proyectistas del documento y luego por la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde éste será discutido luego de que sea presentado nuevamente y con las modificaciones que correspondan, basadas en la determinación de inconstitucionalidad.

La Declaración Constitucional 02/2013 del Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) fue pronunciada el sábado 13 de abril con el dictamen de inconstitucional sobre la inclusión del delito de contrabando en esa propuesta que ya había sido aprobada en su estación en grande en la Cámara Baja, pero cuyo su tratamiento fue paralizado cuando el documento fue enviado en consulta para ese control de constitucionalidad en noviembre de 2012 por el propio Presidente del Estado, en respuesta a las protestas de transportistas y comerciantes, quienes veían amenazados sus intereses si se promulgaba la ley.

Las explicaciones fueron elocuentes a cargo del presidente del tcp, Ruddy flores, quien confirmó la legalidad de siete de los 15 artículos del proyecto, “el tcp ha identificado que el proyecto de ley es constitucionalmente aplicable para los delitos de narcotráfico, legitimación de ganancias ilícitas y corrupción. El tema del contrabando no entra en los cánones de constitucionalidad, debido a que existen procedimientos específicos y el Estado tiene la responsabilidad del control del contrabando”; de esta forma dio pie para que el plan del gobierno, de controlar estos delitos afectando a los bienes en posesión y utilizados por los presuntos delincuentes, tome otros caminos y se reformule objetivos, en especial el de aprobar esta norma que fue declarada inconstitucional en prácticamente la mitad de su articulado.

Hasta donde explicó el presidente del ente de la constitucionalidad, las perpetraciones de narcotráfico, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas pueden seguir por la ruta pensada, seguramente con mejoras y profundizaciones pertinentes que no contradigan a la Constitución, mientras que el tema del contrabando deberá ser encarado desde otros ángulos.

Al respecto, si quedan pendientes las responsabilidades del Estado para crear otra propuesta adecuada en los tres delitos anteriores, también debe tomarse en cuenta alguna forma para establecer las complicidades que pudiera haber enmascaradas con el rótulo de “transportista”, determinando de manera fehaciente si la utilización de un vehículo ha sido con o sin consentimiento de su propietario. De igual modo, el tema será solucionado en gran medida si en el replanteamiento del anteproyecto se aplica otra de las observaciones del tcp, que el traspaso de bienes ilegales al Estado no puede ser activado en la vía administrativa, pues la extinción de la propiedad debe ser ejecutada a través del nivel judicial.

Finalmente, con este caso, también queda en evidencia de manera apremiante que el entramado del contrabando seguirá como un problema de grave afectación estatal a lo económico, productivo, de generación de empleo y de ingresos fiscales si no es enfrentado de manera similar a como se procura con el narcotráfico y la corrupción, pero con sus propios instrumentos.

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