La Gaceta Jurídica

Día Mundial para la Cero Discriminación contra personas con VIH

Apunte legal

Alan Vargas Lima

00:00 / 17 de marzo de 2015

El primer día de marzo se ha celebrado mundialmente el Día para la Cero Discriminación, que fue anunciado por Onusida en diciembre de 2013 y constituye un llamamiento para promover y celebrar el derecho de cada persona a vivir con plena dignidad, independientemente de factores como su aspecto, su orientación sexual, su lugar de procedencia o su estado serológico.

Este año, la Comisión Interameri- cana de Derechos Humanos (cidh) (1) convocó a los Estados Miembros de la Organización de los Estados America- nos (oea) a maximizar sus esfuerzos para combatir la discriminación contra todas las personas que viven con vih (2).

Ciertamente, la estigmatización y discriminación contra las personas que viven con vih en América ya adquirió un carácter endémico; tanto así que la cidh continúa recibiendo información sobre situaciones críticas como consecuencia de dicha discriminación, tales como violencia por parte de proveedores de salud, agentes estatales, familiares o miembros de la comunidad.

También existe la denegación de servicios públicos, pérdida del empleo, pérdida de vínculos familiares y sociales, falta de acceso a créditos y otras formas directas e indirectas de marginación. A su vez, la discriminación y el estigma dificultan los esfuerzos para dar una respuesta efectiva a la epidemia e impactan negativamente en el ejercicio de los derechos humanos de las personas que viven con vih.

Bolivia, no es ajena a este panorama, dado que a finales del pasado año una autoridad gubernamental (Ministro de Salud) no vaciló ni un momento en difundir a través de los medios de comunicación (en conferencia de prensa) que uno de los magistrados electos por voto popular tenía una enfermedad incurable, dando detalles de su patología (3).

Al haberse brindado información médica confidencial del magistrado (sujeto de enjuiciamiento), el Ministro de Salud vulneró al menos tres normas, primero la Ley 3131 del Ejercicio Profesional Médico, que en su artículo 12, inciso k, establece que “todo médico tiene el deber de guardar el secreto médico, aunque haya cesado la prestación de los servicios”.

Asimismo, los incisos c y d del artículo 13 destacan que los pacientes tienen derecho al secreto médico y a la confidencialidad. De igual forma, el Código de Ética y Deontología Médica, en su artículo 69, indica que “el secreto médico es el compromiso que prohíbe divulgar o permitir que se conozca libremente la información que obtiene sobre salud y la vida de una persona o de la familia de ésta”.

Finalmente, la Ley Nº 3729 de Prevención del vih y sida y Protección a las pvvs de Bolivia establece expresamente que el paciente tiene derecho a la privacidad y, en su artículo noveno, dispone: “Los pacientes no serán objeto de publicaciones de prensa escrita y televisiva sin su conocimiento expreso”; ello en concordancia con el Principio de Confidencialidad que rige las disposiciones de la misma Ley cuando prevé que “la condición clínica de las personas que viven con vih-sida debe sujetarse a normas de confidencialidad establecidas en los códigos de ética, protocolos médicos y epidemiológicos y la presente Ley”.

Todo ello pone en evidencia dos cosas: que existe un desafortunado fetichismo legal en Bolivia y que, no obstante la vigencia de la Ley, muchos servidores públicos, por su eventual condición de autoridades gubernamentales, creen que pueden libremente actuar en desconocimiento del ordenamiento jurídico, vulnerando las disposiciones legales y los derechos de las personas, lo que, por supuesto, es contrario al régimen de Estado de Derecho en el que nos desenvolvemos (al menos así lo establece la Constitución).

Por otro lado, y según el Comu- nicado de la cidh, aún hoy existen grandes desafíos para el acceso, en condiciones de igualdad a servicios relacionados con el vih, los cuales pueden mejorar y hasta salvar las vidas de las personas seropositivas.

“En pleno siglo XXI, América no debería tener una sola persona seropositiva sin acceso a tratamiento médico integral y gratuito. Este objetivo está muy lejos de alcanzarse, a pesar de que algunos países han adoptado programas y políticas públicas que han significado avances en los servicios para las personas que viven con vih”, dijo el Comisionado Paulo Vannuchi (4), encargado de la Unidad de la cidh sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

No obstante, uno de los principales obstáculos para lograr el acceso universal a dichos servicios proviene de las propias legislaciones vigentes y políticas públicas implementadas en varios de los Estados miembros de la oea.

Existen leyes que criminalizan determinados tipos de relaciones sexuales consensuadas entre adultos, identidades de género y/o expresiones de la diversidad sexual. Adicionalmente, algunos Estados en la región tienen restricciones discriminatorias contra personas con vih para definir los criterios de entrada, estadía y residencia.

“La educación tiene un papel clave para la prevención de la discriminación”, señaló la presidenta de la cidh, Tracy Robinson, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres y de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex.

“Es a través de la educación que se debe buscar un cambio cultural duradero en el que los actos discriminatorios no sean tolerados ni consentidos. En consecuencia, consideramos que urge que los Estados adopten políticas educativas diseñadas para modificar patrones sociales y culturales de conducta, contrarrestar prejuicios y costumbres y erradicar prácticas basadas en estereotipos que puedan legitimar o agravar la discriminación contra las personas que viven con vih y las poblaciones clave afectadas desproporcionalmente por el vih. En especial, los Estados deben profundizar sus esfuerzos para implementar políticas educativas que contribuyan a disminuir y eventualmente erradicar los preocupantes niveles de estigmatización que sufren dichas personas”.

Por estas razones, la cidh llama a los Estados Miembros de la oea a remover todas las barreras de derecho y de hecho que impiden el goce pleno de los derechos humanos por parte de las personas que viven con vih y las poblaciones clave. Asimismo, llama a los Estados miembros de la oea a tomar medidas positivas para garantizar sus derechos humanos y a erradicar todas las formas de estigma y discriminación contra personas que viven con vih y aquellas afectadas por la epidemia en América.

Notas

1. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal y no representan sus países de origen o residencia.

2. El comunicado Nº 019/15 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentra en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2015/019.asp

3. “Médicos: Calvimontes violó tres normas al revelar mal de” un magistrado, http://www.paginasiete.bo/sociedad/2014/12/26/medicos-calvimontes-violo-tres-normas-revelar-cusi-42293.html

4. “La estigmatización de las personas que viven con VIH constituye una violación al derecho de esa persona a no ser discriminada y, además, se transforma en un problema de salud pública. Esto ocurre porque, como resultado de la estigmatización, muchas personas son renuentes a acudir a los controles médicos y esto dificulta la prevención y el tratamiento adecuado”, agregó el Comisionado.

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com

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