La Gaceta Jurídica

El Día del Niño(a) y sus problemas pendientes en Bolivia

Apunte legal

La Gaceta Jurídica / Alan E. Vargas Lima

00:00 / 16 de abril de 2013

Llegó el Día del Niño y Niña en Bolivia y, con él, la necesidad de repensar la situación de los(las) niños(as) del país, con las facetas, avances y retrocesos que ello implica, además de las situaciones críticas que muchos de ellos(ellas) enfrentan desde su corta edad y que quedan pendientes por atender lo que es de vital importancia para una protección efectiva de este sector de nuestra población, que no por su minoridad deja de ser importante y no por su larga vitalidad puede ser sólo calificado como “el futuro” de Bolivia, cuando es su presente el que reclama atención inmediata y urgente, sin más demora.

El panorama se torna más lacerante cuando, a pesar del tiempo transcurrido, continuamos viendo en las calles niños y niñas que (por razones inexplicables del destino que los ha situado en la orfandad) injustamente deben afrontar la vida haciendo una y mil peripecias para sobrevivir, esperando recibir una limosna en razón de la situación de extrema pobreza, marginación y exclusión social a que se encuentran casi condenados por falta de recursos suficientes que les permitan acceder a una alimentación sana (y diaria), vivienda digna (y accesible), educación mínima y familia completa.

En este sentido, se calcula que unos 4.000 niños, niñas y adolescentes en Bolivia viven en las calles de La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Sucre.

Además, éstos son vulnerables al deterioro de su desarrollo físico y psicosocial y al consumo de drogas y alcohol ligado a la prostitución y comportamiento violento.

Otra es la difícil situación de aquellos niños trabajadores “por decisión”, que deambulan a diario en las calles, en los mercados y ferias populares sólo para tener un ingreso económico que les ayude a subsistir, sea como lustra calzados, vendedores de golosinas y cigarrillos, limpiadores de vidrios, voceadores, ayudantes de limpieza en los cementerios o animadores en las calles.

Asimismo, es importante considerar que, según la Organización Internacional del Trabajo (oit), en el mundo existen aproximadamente 246 millones de niños, niñas y adolescentes trabajadores entre 5 y 17 años, de los cuales el 16 por ciento se encuentra en América Latina y el Caribe. Al respecto, es importante apuntar que, a nivel internacional, la oit ha aprobado el Convenio Nº 138 sobre Edad Mínima de admisión al Empleo (1973) y el Convenio Nº 182 sobre Peores Formas de Trabajo Infantil (1999), además del texto de la Declaración de la oit relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su seguimiento (1999).

En Bolivia, los datos con respecto a la cantidad de Niños y Adolescentes Trabajadores (nat) aún son imprecisos y, lo que es más preocupante, no existen políticas públicas para garantizar y proteger la actividad laboral que realizan. Según el Código del Niño, Niña y Adolescente, se reconoce el trabajo de los adolescentes de 14 años de edad, que es la edad límite para iniciar cualquier actividad laboral; sin embargo, la realidad nos muestra que hay niños y niñas que comienzan a trabajar a los siete años de edad y, en casos, desde los cinco años sin ninguna intervención de las autoridades para revertir su situación, pese a que la misma ley considera que un niño, niña o adolescente es víctima de maltrato cuando “se lo emplee en trabajos prohibidos o contrarios a su dignidad o que pongan en peligro su vida o salud”.

A propósito de la situación de los niños(as) trabajadores(as) en Bolivia, la actual Constitución Política del Estado tiene la virtud de haber insertado una lista inmensa de derechos para muchos de los sectores sociales que conforman el país, incluidos los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, el artículo 58 establece que las niñas, niños y adolescentes “son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones”, lo cual debe dejar de considerarse un simple postulado y convertirse en parte de nuestra realidad cotidiana, para lo cual se requiere el concurso de todos(as) nosotros(as).

Por otro lado, debe dejarse en claro que si bien la Constitución boliviana establece que son fines y funciones esenciales del Estado “garantizar el acceso de las personas a la educación, a la salud y al trabajo”, ello en ninguna forma significa reconocer la “actividad laboral” de los menores (al menos no expresamente), porque la tendencia actual de los países latinoamericanos es aplicar las recomendaciones de los organismos internacionales de protección de los(las) niños(as), en el sentido de eliminar definitivamente toda forma de trabajo infantil que suponga –implícita o explícitamente– explotación laboral, considerando la situación de subordinación y vulnerabilidad en que se encuentran los menores de edad frente a las personas inescrupulosas que los utilizan para fines ilícitos. Es por eso que el artículo 61 constitucional establece en forma indubitable la prohibición de toda forma de “trabajo forzado y la explotación infantil”.

Asimismo, y reemplazando de alguna forma esas formas tan degradantes de “utilización” de los niños (que van en detrimento de su dignidad humana), la Constitución boliviana prevé expresamente que todas las actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social “estarán orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa”, atendiendo a su formación integral como personas, y no como “objetos rentables”. A este efecto, se ha dejado establecido que los derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección de los menores deben ser objeto de regulación especial, lo que, lamentablemente, aún falta desarrollar.

Sin embargo, y aunque duela admitirlo, en Bolivia el trabajo infantil es nomás una realidad que, hasta el presente, tristemente ha sido muy difícil de afrontar por parte del Estado y sus instituciones, pese a que por mandato constitucional “es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente…”

En definitiva, ante la problemática permanente de la falta de atención a las necesidades de la minoridad, se requiere de una intervención directa y efectiva por parte del Estado Plurinacional y sus instituciones de protección al menor, para contrarrestar las graves consecuencias que acarrea la situación crítica en que se debaten muchos niños y niñas que viven en las calles de Bolivia, y que cada día deben luchar por sobrevivir.

Es abogado, responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
25 26 27 28 29 30

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia