La Gaceta Jurídica

El Día del Padre y el mandamiento de amor por la abogacía

Apunte legal

Alan Vargas Lima

00:00 / 18 de marzo de 2014

Quienes me honran con la lectura atenta de esta columna saben y conocen que, en este espacio, generalmente me dedico a analizar y escribir sobre temas jurídicos y políticos que surgen de la coyuntura boliviana. Sin embargo, para nadie es ajeno que nos encontramos también en el mes celebración de los padres, en lo cual veo una propicia oportunidad para referirme al eminente jurista que tengo por padre, el doctor Emilio Vargas Machicado, abogado de Corte con más de 50 años en el ejercicio de la profesión.

Particularmente, debo reconocer que mi padre-abogado me inculcó muchos valores en mi formación personal y profesional, aunque creo, en realidad, que su incansable trabajo en un pequeño bufete particular de la ciudad de La Paz, donde ofrece constantemente ayuda y asistencia legal (muchas veces gratuita, como manda la Ley) a gente pobre y de escasos recursos que busca justicia en los Tribunales, fue mi principal motivo de inspiración para convertirme en abogado.

Recuerdo que, cuando me gradué como bachiller en humanidades, él me prestó por primera vez un Código Civil, cuya importancia para los actos de la vida civil yo aún no comprendía, dado que en aquel instante únicamente lo necesitaba para saber qué decía la Ley sobre la mayoría de edad (que hasta ese momento se adquiría a los 21 años), porque hasta ese periodo de mi adolescencia ciertamente había vivido en absoluto desconocimiento de nuestras leyes.

Al año siguiente, cuando ingresé a la universidad para estudiar Derecho (lo que inicialmente elegí por consejo de mi padre, para luego hallar mi vocación por la carrera), él me regaló un pequeño ejemplar –en edición de bolsillo, que aún conservo– de la Constitución Política del Estado (la CPE que hasta esa época había sido reformada únicamente el año 1994), indicándome que ella había incorporado importantes instituciones como el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura, al mismo tiempo que me advertía que era la ley más importante de todas en Bolivia.

Ese consejo suyo me ayudó a descubrir la existencia de una Ley Suprema que estaba por encima de cualquier otra que pudiera existir en el país y que, además, garantizaba todos los derechos de “la persona como miembro del Estado”; de ahí surgió mi curiosidad por descubrir la esencia de la Ley Fundamental a través del Derecho Constitucional, cuyo manual escrito por Alipio Valencia Vega también me fue obsequiado por mi padre, insinuándome su atenta lectura.

Recuerdo también que, cuando transcurría mi segundo año de carrera, compartí una inquietud con mi padre, preguntándole:

–Hay algo que no entiendo: si la cpe dice que el Poder Legislativo es el único facultado para crear las leyes, o en su caso abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas… ¿por qué ahora el Tribunal Constitucional deja sin efecto cualquier Ley?

–Así es, ahora en el Parlamento los “padrastros de la patria” hacen lo que quieren; así han reformado la Constitución y uno ya no sabe qué norma está vigente o no…Con esa pregunta a mi padre –quien me respondió muy disconforme ante esa situación de incertidumbre en el país (1)–, surgió mi idea primigenia de investigación sobre la naturaleza jurídica y atribuciones del entonces Tribunal Constitucional en Bolivia, en tanto me postulaba por primera vez a la auxiliatura de docencia en Derecho Constitucional en la universidad donde me formé profesionalmente gracias a la bendición de Dios y la ayuda desinteresada de mis progenitores.

Años más tarde, después de haberme introducido en otros estudios superiores sobre Justicia Constitucional en Bolivia –para comprender el verdadero sentido de la labor que cumple un Tribunal Constitucional en un Estado de Derecho– escribí un libro sobre “El Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia. Alcances y Limitaciones Normativas” (2012) (2) con el único propósito de realizar un análisis crítico constructivo de los aspectos esenciales regulados por la nueva Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia.

Esto para resaltar algunas de las principales deficiencias sustanciales (de concepción) y formales (de redacción) contenidas en esa disposición legal, bajo la hipótesis de que, eventualmente, podrían obstaculizar el normal desarrollo de sus actividades jurisdiccionales destinadas a garantizar la vigencia plena de la Constitución, recomendando preservar la facultad interpretativa definitiva del Tribunal Constitucional sobre la Ley Fundamental, considerando su calidad de máximo guardián y supremo intérprete de la Constitución boliviana.

Esta primera edición está dedicada a mis padres, quienes durante toda mi vida, y aún hasta ahora en el ejercicio de mi profesión, son el apoyo necesario y la fortaleza indispensable para seguir adelante a pesar de las adversidades.

Este breve recuento de algunas anécdotas personales, pretende ser una muestra del profundo respeto y admiración que siento por mi padre-abogado, así como el testimonio de agradecimiento profundo, tanto por darme la oportunidad de estudiar y alcanzar la noble profesión de jurista, como por sus enseñanzas y su ejemplo de trabajo serio y responsable que viene desarrollando durante tantos años sin haber escatimado esfuerzo alguno, todo por la defensa de los derechos y legítimos intereses de los más necesitados, a fin de que puedan hallar justicia en los estrados judiciales.

Definitivamente, se trata de un profesional ejemplar a quien sus hijos hemos hallado digno de imitar por su amor a la profesión, habiéndose cumplido así el sabio mandamiento de Couture: “Ama tu profesión. Trata de considerar la abogacía de tal manera que, el día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado”.

Notas

1. “(…) Siempre que haya un conflicto inevitable entre lo jurídico y lo político, nuestro deber nos colocará del lado del Derecho. Y a quienes les cuesta aceptar la idea de que el Tribunal Constitucional puede invalidar actos del (Órgano) Legislativo, les recordamos las palabras escritas por Alexander Hamilton (en El Federalista) hace más de dos siglos: Esta conclusión no supone de ningún modo la superioridad del Poder Judicial sobre el Legislativo. Sólo significa que el poder del pueblo es superior a ambos, y que donde la voluntad de la legislatura, declarada en sus leyes, se halla en oposición con la del pueblo, declarada en la Constitución, los jueces deben gobernarse por la última, de preferencia a las primeras…”. Cfr. Pablo Dermizaky Peredo. La tensión entre Política y Derecho en la Justicia Constitucional. En: Tribunal Constitucional de Bolivia (editor). Justicia Constitucional para comenzar el Tercer Milenio. Revista Constitucional Nº 3. Sucre, Bolivia, diciembre de 1999. Pág. 13.

2. Alan E. VARGAS LIMA. El Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia. Alcances y Limitaciones Normativas. La Paz, Bolivia, Ediciones El Original, julio de 2012.

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano: http://alanvargas4784.blogspot.com

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