La Gaceta Jurídica

Diferenciación y limitación

Materias penal y civil

La coordinación y cooperación entre jurisdicciones no puede ser omitida.

La coordinación y cooperación entre jurisdicciones no puede ser omitida. Foto: Archivo La Razón

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00:00 / 17 de septiembre de 2013

La diferencia en la aplicación de su jurisdicción en materia penal y en materia civil, es decir, diferenciación de conocimiento en materias, limita la autonomía y la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos; lo que aparece como una reivindicación en realidad es una sustracción a sus derechos.

La ley dice que en su territorio los indígenas no tienen autonomía penal, civil ni forestal –entonces, ¿sobre qué son competentes? ¿Sobre delitos menores? y ¿cuáles son estos?–. Además, deben emanar resoluciones sobre conflictos irrisorios.

Al tener esta diferenciación y limitación de conocimiento en diferentes materias no se cumple con lo que la misma norma estipula en su artículo 3, Igualdad de Jerarquía.

Entonces, ¿dónde está la igualdad? Sólo está en la toma de decisiones, pero sólo si tienen elementos concurrentes para su aplicabilidad, caso contrario, no se tomará en cuenta las decisiones interpuestas por las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina.

Se puede hacer mención también que no se aplican los principios con los cuales esta ley fue promulgada, que son nueve. Mencionamos simplemente dos de ellos, que son: (inciso d) Interpretación intercultural, que textualmente indica: “Al momento de administrar e impartir justicia, las autoridades de las distintas jurisdicciones reconocidas constitucionalmente deben tomar en cuenta las diferentes identidades culturales del Estado Plurinacional”.

El inciso G, que se refiere a la Independencia, dice: “ninguna autoridad de una jurisdicción podrá tener injerencia sobre otra”. Actualmente, las autoridades jurisdiccionales no cumplen con estos principios al no respetar las identidades culturales ni sus jurisdicciones.

Coordinación y cooperación

Finalmente, se estipula lo que la Constitución manda, que son los mecanismos de coordinación y cooperación entre las jurisdicciones existentes en el país, asimismo entre sus autoridades y que se deberá tomar en cuenta las particularidades de cada uno de éstos y desarrollarse con equidad, transparencia, solidaridad, participación y control social, celeridad, oportunidad y gratuidad.

Dicha coordinación y cooperación es un deber que no puede ser omitido por las autoridades de todas las jurisdicciones reconocidas por la ley, la omisión será sancionada de acuerdo a cada jurisdicción.

Al querer delinear los procesos de las jurisdicciones reconocidas en Bolivia, nacen más vacíos jurídicos para su aplicabilidad.

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