La Gaceta Jurídica

Discusión contra el acoso

La norma deberá ser cotejada de manera exacta con otros mecanismos como la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación y los de carácter internacional relacionados con los derechos humanos. En consecuencia, la propuesta que es tratada en la Asamblea Legislativa debe tener el beneficio de la duda…

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00:00 / 13 de abril de 2012

En pasados días se aprobó en una instancia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp) el proyecto de Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, pero esta propuesta todavía debe pasar otras etapas en este órgano del Estado para que sea sancionada, promulgada y, posteriormente, entrar en vigencia junto a otros mecanismos particulares.

La medida, en términos generales, prevé sanciones de hasta cinco años de prisión en contra de acosadores. Por ejemplo, “si se presentase un caso de acoso político a mujeres, los protagonistas serán penados con dos años de cárcel y si hay violencia física y psicológica, con hasta tres a ocho años de reclusión”, dijo la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado.

Para los casos en esta materia, el proyecto establece sanciones “en contra de quienes cometan actos de presión, persecución, hostigamiento y amenazas en contra de una mujer, o de sus familiares, que impida su derecho político, durante o después de un proceso electoral y en caso de que sea designada o en el ejercicio de sus funciones político-públicas”. Del mismo modo, la norma busca el establecimiento de mecanismos de prevención, atención y sanción contra actos individuales o colectivos de acoso, o violencia política que afecten directamente o indirectamente a las mujeres en el ejercicio de funciones político-públicas (La Razón 11-04-12).

Esta legislación fue muy esperada por amplios sectores de la población vulnerables a este problema y, según se explicó, fue preparada con la participación de diversas organizaciones e instituciones ligadas al tema. No obstante, mientras duró la espera se conocieron varios hechos que la ratifican como muy necesaria, entre estos se puede nombrar uno de reciente data, ocurrido a una concejala del Municipio de Ancoraimes, en el departamento de La Paz. Juana Quispe fue encontrada muerta la primera quincena de marzo, entre tanto se realizan las investigaciones del caso en oficinas policiales y del Ministerio Público, se supo que la edil recibió amenazas de muerte y que fue permanentemente acosada en su trabajo. Del mismo modo, existen otras tipificaciones de hostigamiento a las mujeres en la función pública, tales son los protagonizados por el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Percy Fernández, que tocó de manera deshonesta e irrespetuosa a una concejala en público y lo volvió a hacer con la jefa de recaudaciones del mismo municipio y no recibió ni siquiera un bofetón. A esto se suman hechos en oficinas, instituciones y empresas de toda índole.

Si bien los mecanismos de prevención de la nueva ley intentarán que estos hechos no ocurran en el futuro, será fundamental que las sanciones sean efectivas y ejemplares para los culpables, pues en ello se juega la dignidad de las personas y los derechos de elección y equidad de género en las funciones profesionales, políticas y laborales, además de que se compromete la responsabilidad de las instituciones.

La norma deberá ser cotejada de manera exacta con otros mecanismos como la Ley contra el racismo y toda forma de discriminación y los de carácter internacional relacionados con los derechos humanos. En consecuencia, la propuesta que es tratada en la Asamblea Legislativa debe gozar del beneficio de la duda a la espera de que no ocurra lo mismo que con otras reglas, entre ellas la Constitución, que no son respetadas ni aplicadas ni por sus propios promotores.

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