La Gaceta Jurídica

Disposiciones y actos juveniles

…para que sus aspiraciones se canalicen de maneras adecuadas y apoyadas institucionalmente. Esperemos que el nuevo Código, cuyo anteproyecto fue presentado el 12 de abril, enriquezca los objetivos fundamentales de la Ley 2026 y no se convierta sólo en una medida punitiva, en desmedro de la prevención...

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 21 de mayo de 2013

Este lunes 20, un reportaje del matutino La Razón ha sido por demás demostrativo de la situación juvenil en la ciudad de El Alto, bosquejo que, además, se convierte en un arquetipo de lo que sucede en el país entero, en especial en las ciudades capitales e intermedias. Esta descripción, narrada por los propios protagonistas/víctimas, se hace turbadora debido a la crudeza de los acontecimientos, los cuales ponen de manifiesto las falencias estatales en cuanto a la atención de los menores de edad, las inconsistencias de los deberes familiares y la desvinculación de la educación de los procesos de involucramiento y promoción del relacionamiento interpersonal.

Los relatos muestran un mundo de relaciones juveniles marcado por la violencia interna y la vulneración de la dignidad en un camino que no corresponde a los comportamientos juveniles pero sí a las nociones alienantes de vacíos creativos y falta de iniciativas que se sinteticen en opciones de expresión. De esta forma, los jóvenes que se sienten relegados por la sociedad, víctimas de las discriminaciones, confundidos por la utilidad del dinero convertido en una necesidad sin razón apenas atinan a buscar a sus iguales para lograr ciertos niveles de poder degradante, por un lado, y de sentirse aceptados dejando a merced su integridad.

Los aspectos anteriores se combinan con la realización de ritos para enrolarse en agrupaciones que apenas atinan a imitar incongruencias foráneas y que se quedan en insulsas demostraciones de fuerza con golpizas a personas ajenas al grupo o a otras que postulan para enrolarse. Del mismo modo, se combinan violaciones y cobardes abusos morales, físicos y psicológicos, consumo de sustancias y otras acciones sin sentido. De esta forma se tergiversan y se llevan a la nada los valores juveniles que se caracterizan por cuestionamientos e impugnaciones a las instituciones y al estado de cosas, asimismo, se hacen insignificantes las potencialidades particulares y de grupo que tendrían que canalizarse en sentidos ingeniosos.

Estos comportamientos son atribuidos a faltas de comunicación en la familia, inequidades en el entramado social y desigualdades que persisten. Pero, también se trata de falta de políticas para integrar a los y las adolescentes entre ellos, con sus familias y a la dinámica que debe regir una sociedad. Si bien en nuestro ordenamiento jurídico existen leyes y reglas para defender los derechos y fomentar sus potencialidades, la aplicación de éstas ha sido y es por demás deficiente. Al respecto, se debe rescatar postulados de la aún vigente Ley 2026, Código del niño, niña y adolescente, de 14 de octubre de 1999, que integra 319 artículos.

El artículo 5 señala que “es obligación del Estado asegurarles por Ley o por otros medios, todas las oportunidades y facilidades tanto a mujeres como a varones, con el fin de garantizarles su desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad” y el artículo 104 establece que “pueden constituir organizaciones de carácter asociativo, cuya capacidad civil les permite realizar actos vinculados estrictamente con sus fines y la reivindicación de sus derechos”.

Esta normativa debería ser socializada con los directamente interesados para que sus aspiraciones se canalicen de maneras adecuadas y apoyadas institucionalmente. Esperemos que el nuevo Código, cuyo anteproyecto fue presentado el 12 de abril, enriquezca los objetivos fundamentales de la Ley 2026 y no se convierta sólo en una medida punitiva, en desmedro de la prevención y generación de políticas serias

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