La Gaceta Jurídica

La Doctrina como fuente del Derecho Administrativo boliviano

Apunte legal - (Parte I)

Alan Vargas Lima

00:00 / 24 de junio de 2014

A quienes me siguen atentamente con la lectura de esta columna les comento que recientemente estuve dictando clases a nivel de Postgrado en un “Diplomado de Derecho Administra- tivo”, auspiciado por el Centro de Capacitación Municipal y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, habiéndoseme asignado el Módulo sobre Procesos y Recursos Administrativos, una temática por demás interesante.

A este efecto, tuve que acudir a una de las fuentes importantes del Derecho Administrativo: la Doctrina, que generalmente “es sustentada por los jurisconsultos ante los tribunales, y por los tratadistas en la cátedra y el libro”, influyendo así de manera notable en la formación del Derecho Administrativo, “puesto que arranca de las concepciones filosóficas de la ciencia, los principios de su derecho positivo” (Revilla Quezada). En este cometido, pude encontrar algunas de las obras más significativas escritas sobre la materia en Bolivia y ahora detallo aquí algunos de mis principales hallazgos.

En el caso de Bolivia –según nos ilustra el referido autor boliviano–, los estudios de Derecho Administrativo se iniciaron al promediar el siglo XIX; el Estatuto Orgánico de las Universidades, firmado por dos hombre públicos notables: José Ballivián, Presidente de la República, y Tomás Frías, ministro de Instrucción Pública, prescribía que: “Los que quieran obtener el grado de doctor harán un año más de estudios de Derecho Público y Civil en sus relaciones con la Administración del Estado”, pero la primera publicación de Derecho Administrativo hecha en el país fue la reimpresión de la obra del licenciado mexicano Teodosio Lares: “Lecciones de Derecho Administrativo” (Sucre, imprenta López, 1857), que sirvió de texto en la Facultad de Leyes de la Universidad Mayor de “San Francisco Xavier” de esa ciudad. Poco tiempo después, circulaba entre los estudiantes de derecho el opúsculo “Breves apuntes sobre el Derecho Administrativo de Bolivia”, basado en los principios generales del profesor español Manuel Colmeiro (Sucre, imprenta Boliviana, 1862).

Posteriormente, en 1894 apareció la primera edición de la obra “Derecho Administrativo” del Profesor de Derecho Público de la Universidad de Chuquisaca, don José Santos Quinteros, quien en su prólogo determinaba con claridad la diferencia de esta ciencia frente al Derecho Público Constitucional “con la cual la confunden a menudo a pesar de la inmensa diferencia que las separa”  (sic). “El Derecho Público Constitucional, como muchos lo han dicho con bastante exactitud, es al Derecho Administrativo, lo que el Derecho Civil al Derecho Procedimental. El primero establece los principios fundamentales del derecho privado, el segundo determina los principios de su aplicación y ejecución práctica. El Derecho Público Constitucional fija los principios de la soberanía, del sufragio, de la organización de los poderes, etc., etc. El Derecho Administrativo toma esas conclusiones y estudia las leyes o principios de su aplicación en la vida constitucional de los pueblos y de los hechos prácticos de los gobernantes”  (sic).

En la segunda edición de esta obra, publicada en 1920, se conservó el texto literal de la primera edición, con muchas modificaciones y reformas, “en vista del adelanto que en este orden ha recibido la administración nacional, y con el deseo de que este libro sea en lo posible, la expresión exacta de las doctrinas que rigen y de las que deben regir en la administración y el Gobierno de la República”  (sic); un propósito muy noble el perseguido por el autor en su obra escrita para el contexto boliviano de aquel tiempo. Esta obra se divide en Páginas Preliminares, y en dos partes: una Primera Parte que trata de la organización y atribuciones de los poderes y tribunales administrativos; y una Segunda Parte que trata de las materias de la administración, y de la acción administrativa de las autoridades.Es en esta segunda parte, que dedica uno de sus acápites al tema del contencioso administrativo, para cuya comprensión transcribe las ideas de Laferriere, quien decía que sus condiciones elementales son tres, que deben estar reunidas en cada asunto para que pueda tramitarse la reclamación por la vía contenciosa: “1º Que el asunto emane de un acto especial o un hecho particular de la administración; 2º Que la reclamación sobre ese acto sea fundada sobre un derecho adquirido; 3º

Que la reclamación se relacione a un interés del orden administrativo” . Luego de consultar a varios autores extranjeros, el autor boliviano concluye señalando: “se llama pues, propiamente, juicio contencioso administrativo el litigio o cuestión sostenida entre la administración, que representa el interés general y una persona particular, que defiende un derecho privado”  (sic).

Una de las obras, en donde se sistematiza muy bien todo del contenido mínimo del Derecho Administrativo para su enseñanza a nivel universitario, es indudablemente el “Curso de Derecho Administrativo Boliviano”  (1945) del catedrático de la Universidad Mayor de San Andrés y director de la Escuela de Administración Pública, Dr. Alfredo Revilla Quezada, cuya segunda edición puesta al día data del año 1958, incluyendo entre sus principales temáticas: La administración y el gobierno, La ciencia de la administración y el Derecho Administrativo, sus relaciones y distinción con las ciencias jurídicas y sociales, una reseña histórica de su evolución, sus fuentes principales de producción y de conocimiento, para luego dedicarse a brindar algunas ideas generales sobre el Estado, los fines y sistemas de administración pública, la personalidad de la administración pública, la responsabilidad del estado, la actividad administrativa, el contrato administrativo, los servicios públicos, los actos administrativos, el régimen administrativo boliviano, los funcionarios públicos, los bienes de dominio del Estado, las servidumbres administrativas, la expropiación por causa de utilidad pública, y los ingresos públicos.

Finalmente, esta obra concluye con un tema específico sobre la administración y la justicia, en donde se refiere precisamente al contencioso administrativo, señalando que toda cuestión que se suscita entre la administración, que defiende y representa el interés colectivo, y los particulares que defienden derechos e intereses privados, se llama contencioso administrativo.

Dos años más tarde, el Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, publicó también su “Curso de Derecho Administrativo. Doctrina General y Legislación Boliviana” (1960), escrita con la única pretensión de contribuir a un mejor estudio de la disciplina “y a la labor de consulta de funcionarios, juristas y abogados, habida cuenta que los contenidos teóricos del libro están referidos a las principales instituciones administrativas bolivianas, en sus consideraciones positiva y orgánica”  (sic).

Esta muy interesante obra sobre la materia, cuyo contenido es más doctrinal que exegético, con un destino didáctico y no compilatorio -según advierte el mismo autor-, está concebida en las siguientes partes: I. Nociones generales (sobre Administración, Administración Pública y Derecho Administrativo). II. Personalidad y atributos de la administración pública. III. Organización administrativa. IV. Actos de la administración pública y Justicia administrativa.

Continuará…

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano: http://alanvargas4784.blogspot.com

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