La Gaceta Jurídica

La Doctrina como fuente del Derecho Administrativo boliviano

Apunte legal - (Parte II)

Alan Vargas Lima

00:00 / 01 de julio de 2014

En la última parte de la obra del profesor Julio Alberto D’Avis, referida concretamente a la Justicia Administrativa, se desarrollan los temas referidos al autocontrol sobre los actos administrativos, a través de los recursos administrativos, y el control jurisdiccional sobre los actos administrativos, a través del procedimiento contencioso administrativo, sin dejar de hacer referencia al procedimiento administrativo y el silencio administrativo.

En este sentido, refiere por ejemplo que la fiscalización sobre los actos administrativos puede asumir principalmente una triple caracterización: el control parlamentario (cuya ineficacia el autor pone de manifiesto), el control administrativo (sobre el cual hace referencia a la auto-tutela de la administración pública, y a los recursos administrativos), y el control jurisdiccional (a través de lo que el autor denomina “recurso contencioso-administrativo”).

Asimismo, agrega que el recurso administrativo implica siempre un derecho subjetivo o un interés legítimo que han sido lesionados por los órganos administrativos; “Hay recurso administrativo, por consecuencia ­–dice este autor–, cuando lo ejerce formalmente un particular frente a la Administración Pública, sujetándose el trámite respectivo a un verdadero procedimiento, en cuanto a la capacidad y personería del actor, a la sustanciación, a los términos de admisión y de prueba y a los efectos que produce” (sic). Al respecto –nos dice este autor–, los principales recursos administrativos que reconocen la doctrina y la práctica son: el de revocación y el recurso jerárquico; aunque algunas legislaciones y tratadistas admiten también el recurso de apelación o alzada.

Lo que llama la atención de la obra del Profesor D’Avis es que a tiempo de dedicar un acápite a los procedimientos administrativos en Bolivia, señalaba algunas opiniones muy críticas sobre el retraso de la legislación administrativa existente hasta ese tiempo en nuestro país, indicando por ejemplo, que en materias de autocontrol administrativo, recursos administrativos y control jurisdiccional, no existen disposiciones precisas, orgánicas y sistematizadas; “no se ha legislado, siquiera, sobre el recurso jerárquico y solamente en determinadas vías administrativas han sido establecidos los recursos de reconsideración y de apelación, sin reglamentarlos debidamente… Por si fuera poco, ciertas figuras propias del procedimiento administrativo, como ser la del silencio administrativo, son desconocidas en la teoría, en la legislación y en la práctica nacionales” (sic).

Al año siguiente, en 1961, el entonces Oficial Mayor del Ministerio de Hacienda, Evert Mendoza Córdova, publicó su obra denominada: “El Control de la Administración (recursos en el Procedimiento Administrativo vigente)”, para cuyo desarrollo plantea el siguiente problema: ¿Cómo conseguir efectividad en la defensa de los derechos del hombre proclamados en la Constitución?

A este efecto, señala que estando aceptado el “Principio de la Analogía Jurídica” (sic), el procedimiento administrativo boliviano, existente por la práctica de dicha analogía, ofrece al particular los remedios del código adjetivo para la defensa de sus derechos e intereses legítimos, aunque se funde en la idea de la eficiencia y autoridad del Poder administrador, y no, por no estar escrito, en consideración a las garantías de defensa de los administrados. De ahí que desarrolla algunas nociones sobre procedimiento administrativo, recursos administrativos, recurso de revocatoria, recurso de repetición en materia tributaria, recurso de revocatoria en la legislación comparada, recurso jerárquico, recurso de apelación en trámites aduaneros, en materia laboral y de seguridad social, en materia minera y agraria, y el recurso de apelación en la legislación comparada.

Sin embargo, este interesante trabajo no se agota allí, sino que también desarrolla el tema del contencioso administrativo, examinando la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia hasta ese tiempo, y también la configuración del Instituto en la Legislación Comparada. Finalmente, la obra concluye con un anexo donde se transcriben algunos fragmentos de las leyes y decretos supremos más relevantes en materia de recursos administrativos en Bolivia.

Al parecer, en la década de los años 70’s no existió ninguna publicación sobre Derecho Administrativo en Bolivia, y ello probablemente se deba a que en aquella época, precisamente la administración pública se encontraba en una situación muy crítica, por el asalto al poder que se produjo con los continuos golpes de estado, que instauraron regímenes de facto en el país.

Sin embargo, me parece importante rescatar las ideas del entonces profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Mayor de San Andrés, Dr. René Canelas López, quien en su obra, e intentando perfilar un “Nuevo Derecho Constitucional Boliviano” (1972), se refería a la estrecha relación existente entre el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo, a cuyo efecto delimitaba la naturaleza de ambas disciplinas, señalando que como ciencia de la organización política de la sociedad, el Derecho Constitucional fija la estructura política, establece los principios fundamentales de la organización del poder y de sus instituciones, y los derechos y obligaciones de los ciudadanos; en tanto que el Derecho Administrativo regula el funcionamiento de aquellas instituciones, o sea, la actividad del Estado; “es el conjunto de principios jurídicos que rigen la actividad del Estado cuando cumple servicios de carácter público y dirige la administración nacional” (sic).

Asimismo, el referido autor agregaba que existe una relación estrecha entre el Derecho Constitucional y el Derecho Administrativo: “éste es como la fisiología de los órganos creados por el Derecho Constitucional. Sauer, sugiere que el Derecho Administrativo es el procedimiento (Derecho Procesal) del Derecho Constitucional”, y concluye señalando lo siguiente: “El derecho constitucional crea las instituciones, establece y regula las relaciones de aquéllas con los particulares, señala los fines del Estado; pero además las instituciones, sea entre sí, sea con los particulares, mantienen relaciones permanentes cuando cumplen los fines del Estado, tales relaciones han de ceñirse a principios jurídicos de carácter administrativo que tienen en mira la protección de los intereses públicos” (sic).

De lo referido, es evidente la estrecha relación entre el derecho constitucional y el derecho administrativo; sin embargo, al presente ya no es adecuado señalar que una de ellas sería la parte adjetiva de la otra, más aún cuando ambas disciplinas tienen legislación propia, procedimientos específicos, y disciplinas especializadas para poner en práctica sus preceptos sustantivos, tanto a través del Derecho Procesal Constitucional, como del Derecho Procesal Administrativo, sobre el cual ciertamente se ha escrito muy poco en Bolivia.

Esta relación estrecha, y hasta indisoluble, se expresa principalmente en el hecho de que la Ley Constitucional garantiza ciertos derechos (propiedad, reunión, asociación, etc.), y las normas administrativas adoptan los medios convenientes para hacer efectiva esa garantía; las leyes constitucionales establecen la forma de crear imposiciones tributarias, y la efectividad de esos tributos es materia de los preceptos administrativos; finalmente, las normas constitucionales señalan las facultades y deberes de los legisladores, y las normas administrativas regulan el funcionamiento de la administración pública, para cumplir un fin del Estado (Canelas López).

Continuará.

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano: http://alanvargas4784.blogspot.com

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