La Gaceta Jurídica

Ecuador violó derechos de Sarayaku

Sentencia de la Coidh

La Gaceta Jurídica / Agencias/redacción

00:00 / 27 de julio de 2012

El Estado ecuatoriano no consultó de manera previa, libre e informada al Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku antes de autorizar actividades de exploración petrolera en su territorio, violando sus derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural, determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (coidh).

Sarayaku denunció al Estado de Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) por actos y omisiones al permitir que una petrolera privada realizara actividades de exploración de yacimientos en su territorio desde finales de los 90, sin garantizar su derecho a la consulta previa, libre e informada.

La petición fue presentada ante la Comisión el 19 de diciembre de 2003 por la Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku (Tayjasaruta), el Centro de Derechos Económicos y Sociales (cdes) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). La Comisión admitió la demanda el 13 de octubre de 2004 y el 18 de diciembre de 2009 aprobó el Informe de Fondo 138/09.

A solicitud de la Comisión, desde el 6 de julio de 2004 el Tribunal ordenó medidas provisionales a favor del Pueblo Sarayaku y sus miembros, hasta que el caso fue presentado a la Corte el 26 de noviembre de 2010. Por primera vez en la historia judicial de la Corte Interamericana una delegación de jueces realizó diligencias en el lugar de los hechos en un caso contencioso sometido a su jurisdicción.

El 21 de abril de 2012 una delegación de la Corte visitó el territorio del Pueblo Sarayaku y escuchó las percepciones y expectativas de los afectados acerca de sus modos de vida, cosmovisión y lo que han vivido en relación con los hechos del caso. En la oportunidad, el secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de Ecuador Alexis Mera admitió que “hay responsabilidad del Estado en los sucesos… y el gobierno reconoce la responsabilidad…”.

“Todas las cosas denunciadas, los testimonios, los actos invasivos de la extracción petrolera que se produjeron en 2003, el gobierno no los quiere confrontar… Quiero que se lo diga y se me entienda con claridad: el gobierno reconoce la responsabilidad. Por lo tanto, los actos que se produjeron, los de las fuerzas armadas, los de destrucción de ríos, son temas que condenamos como gobierno y creemos que hay derecho a la reparación...”, dijo Mera.

Justificación del fallo

El Tribunal analizó los hechos recapitulando algunos de los elementos esenciales del derecho a la consulta. Estableció que la obligación de consultar a las Comunidades y Pueblos Indígenas y Tribales sobre toda medida administrativa o legislativa que afecte sus derechos implica el deber de organizar adecuadamente el aparato gubernamental y las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, en particular sus normas e instituciones, de tal forma que la consulta se lleve a cabo conforme a los estándares internacionales en la materia.

Los Estados deben incorporar esos estándares desde las primeras etapas de la elaboración o planificación de la medida propuesta, a modo de generar canales de diálogo sostenidos, efectivos y confiables con los pueblos indígenas en los procedimientos de consulta y participación a través de sus instituciones representativas. Para ser considerada tal, la consulta tiene que hacerse de buena fe y de forma adecuada, accesible e informada.

Con esas consideraciones, el Tribunal concluyó que el Estado de Ecuador “no realizó alguna forma de consulta con Sarayaku, en ninguna de las fases de ejecución de los actos de exploración petrolera y a través de sus propias instituciones y órganos de representación”.

Además, recalcó el Tribunal, el plan de impacto ambiental fue elaborado sin la participación del Pueblo, por una entidad privada subcontratada por la empresa petrolera sin control estatal y sin tomar en cuenta la incidencia social, espiritual y cultural que las actividades podían tener.

Se evidenció que ciertos actos de la empresa petrolera, que las autoridades estatales pretendieron avalar en algunos momentos como formas de consulta, no fueron tales. Así, la falta de consulta por parte del Estado favoreció un clima de conflictividad, división y enfrentamiento entre las comunidades indígenas de la zona, en particular con el Pueblo Sarayaku.

La Corte determinó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural, en términos del artículo 21 de la Convención Americana, también por haber puesto en riesgo los derechos a la vida e integridad personal, por la violación de derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial.

El Tribunal evidenció que las autoridades no actuaron con la debida diligencia en relación a las denuncias, por lo que en la Sentencia la Corte determinó que el Estado debe pagar 58 mil dólares por concepto de costas y gastos y, como medidas de reparación, debe neutralizar, desactivar  o retirar la pentolita en superficie y enterrada en el territorio Sarayaku y consultar al pueblo indígena de forma previa, adecuada, efectiva y de plena conformidad con los estándares internacionales.

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