La Gaceta Jurídica

Efectos del referendo constitucional

La pregunta del millón que la ciudadanía se formula es compleja pero también muy terminante. ¿El resultado oficial de la votación en el referendo tiene carácter vinculante, aunque se hubiese definido por un solo voto?

Voto en el área rural

Voto en el área rural FOTO: 24-horas.mx

La Razón (Edición Impresa) / Gabriel Peláez G.*

00:00 / 20 de marzo de 2016

Han comenzado a surgir especulaciones en torno a la posibilidad de alterar los efectos jurídicos del reciente referendo constitucional. Y es que el resultado del mismo, evidentemente, estrecho al final, no ha sido para nada satisfactorio para al Gobierno.

La primera paradoja de esta figura es relativa al hecho de que la realización de este referendo fue planteada desde un comienzo por personeros del propio Gobierno.

Incluso, es bueno recordar que fue el Conalcam (Concejo Nacional para el Cambio) la entidad que tomó para sí la iniciativa de comenzar el trámite co- rrespondiente ante la Asamblea Legis- lativa Plurinacional.

Tampoco es bueno olvidar que aquella instancia afín al Gobierno decidió escoger una de las dos formas señaladas en el artículo 411 (inciso II) de la Constitución Política del Estado (cpe) para concretar al trámite que culmine con el referendo, precisamente.

Por eso, finalmente, se realizó todo lo necesario para que el camino fuese el de la dictación de una Ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios de votos dentro de aquella Asamblea.

O sea que el Gobierno, el Conalcam ni todos sus entes afiliados podrían ahora afirmar dos cosas: que ellos tenían certeza de ganar ampliamente el referendo, porque sería demasiada pretensión, y menos que, si perdían, ellos pasarían a “analizar” el resultado para recién pronunciarse.

Una vez dictada la ley constitucional y aprobado formalmente el referéndum, la suerte estaba echada.

Pero hubo más todavía. Fue lo relativo a la aprobación de la pregunta que se formularía  en el referendo. Aquí apareció el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp), que acabó enredando las cosas frente a una primera decisión del Tribunal Supremo Electoral (tse). En todo caso, a mayor abundamiento, quedó la instancia de qué dos períodos se considerarían para una futura y posible reelección de los dos principales mandatarios actuales.

Podemos señalar, en consecuencia, que las reglas de juego quedaron definitivamente claras en cuanto a los alcances y consecuencias jurídicas del referendo.

Pero, incluso antes de que se conocieran los resultados finales oficiales de parte del Tribunal Electoral, el Go- bierno, a través de algunos de sus más importantes personeros, comenzó a sembrar dudas cuando fue quedando claro que los resultados no le iban a ser favorables.

Entonces, el Vicepresidente apareció en la televisión para anunciar dos cosas: una, que existía lo que él llamó un “empate técnico” (que era imposible) y, dos, que al conocerse los resultados de los votos en el exterior, más otros de comunidades “alejadas”, esos votos bastarían para dar finalmente triunfo al Sí.

Pero esto, definitivamente, como todos sabemos, no sucedió. Por último, consolidado el triunfo del No, han vuelto otras especulaciones.

La pregunta del millón que la ciudadanía se formula es compleja pero también muy terminante. ¿El resultado oficial de la votación en el referendo tiene carácter vinculante, aunque se hubiese definido por un solo voto?

Esto implica que, en definitiva, no existe ninguna posibilidad legal de dejar sin efecto la votación realizada ni de efectuar “cambios” en el resultado mis- mo. Aunque no fue precisamente en un referéndum, en las pasadas elecciones subnacionales para la Gobernación de Chuquisaca, a pesar del “desmantelamiento” del Tribunal Departamental Electoral, de cuyos integrantes no quedó nadie tras haberse iniciado contra ellos un proceso disciplinario, el resultado de los sufragios se mantuvo inalterable.

No obstante, en este caso el resultado tuvo una relación directa con los motivos que dieron lugar al proceso disciplinario. Aquí ni siquiera existiría esa relación.

Volviendo al texto de la Constitución, recordemos que el artículo 11 (II-1) dice que la democracia directa y participativa se ejerce, entre otros instrumentos, por el REFERENDO.

Esta figura se constituye en una de las “conquistas” resueltas por la Asamblea Constituyente al relacionarse con el texto del artículo 70 de la cpe, que dice que “la soberanía reside en el pueblo boliviano…” Por eso, en forma continuada y repetida, personeros del Gobierno y del partido oficialista vinieron repitiendo durante la campaña que la mejor forma de practicar la democracia era, precisamente, el referendo. Parecería que aquí falto decir “siempre que ganemos”.

En un trabajo anterior ya habíamos afirmado que en países como el nuestro, de escasa tradición democrática, el buen ejercicio de los instrumentos de la llamada “democracia directa” no es nada fácil y corremos el riesgo de que aquellos acaben distorsionándose.

No se trata, por lo tanto, de lanzar permanentes alabanzas sobre el “descubrimiento” de aquellas figuras mientras no resulte absolutamente comprobada no solo su eficacia en la teoría, sino, sobre todo, durante su aplicación práctica. El papel de la Constitución puede aguantar todo, pero otra cosa es nuestra cotidiana realidad y nuestras propias y conocidas limitaciones.

Otro detalle sobre el que también han surgido especulaciones es el si- guiente, que el 2019 el Presidente ac- tual del Estado podrá optar por ser candidato a la Vicepresidencia y, a su vez, el actual Vicepresidente podrá postular a la Presidencia.

Ambos extremos serían inconstitucionales, porque en el país la candidatura a ambos cargos está “casada”, no va por separado. Por eso, el artículo 166 de la cpe dice: …la CANDIDATURA que haya reunido, (etc., …) y luego añade: “En caso de que ninguna de las CANDIDATURAS” haya reunido… Y sigue… “será proclamada a la Pre- sidencia y a la Vicepresidencia del Estado la candidatura que haya obtenido la mayoría de los votos”.

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