La Gaceta Jurídica

Eficiencia energética

…los conductores de la iniciativa deberán cumplir insoslayablemente el artículo constitucional 379.I, que especifica que “el Estado desarrollará y promoverá la investigación y el uso de nuevas formas de producción de energías alternativas, compatibles con la conservación del ambiente”.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 05 de abril de 2013

De acuerdo con una reciente información, entre el 23 y 24 de abril el país definirá su “política de eficiencia energética” en un foro organizado por el Ministerio Hidrocarburos y Energía, evento que cuenta, además, con el respaldo de la Alianza de Climas y Energía de las Américas (ecpa) y la Organización de los Estados Americanos (oea).

Sobre el tema, un comunicado oficial enviado a los medios de difusión señala que el objetivo del encuentro es “difundir e intercambiar las experiencias a nivel internacional sobre cooperación técnica e institucionalidad de la eficiencia energética”, asimismo, en la oportunidad se crearía la Red Nacional de Eficiencia Energética de Bolivia, instancia que será utilizada para compartir información e intercambios de instituciones públicas y privadas que trabajen en el tema.

El tópico interesa debido a que, más que una materia económica, se trata de un aspecto referido a los derechos de la población y al cumplimiento de las determinaciones constitucionales para la generación de políticas energéticas, algo que al parecer no ha terminado de arrancar en el país, pese a que en la Constitución Política del Estado (cpe), artículo 360, se establece que “el Estado (…) garantizará la soberanía energética”. Del mismo modo, el Capítulo sexto sobre Energía, en el artículo 378.I. define que “las diferentes formas de energía y sus fuentes constituyen un recurso estratégico, su acceso es un derecho fundamental y esencial para el desarrollo integral y social del país, y se regirá por los principios de eficiencia, continuidad, adaptabilidad y preservación del medio ambiente”.

Entre sus facultades privativas determinadas en la Constitución el Estado debe desarrollar “la cadena productiva energética en las etapas de generación, transporte y distribución, a través de empresas públicas, mixtas, instituciones sin fines de lucro, cooperativas, empresas privadas, y empresas comunitarias y sociales, con participación y control social”, dentro lo que la participación privada será regulada por la ley, pues la energía no estará sujeta sólo a intereses privados ni podrá concesionarse.

Pero, para la definición de una “política de eficiencia energética” los conductores de la iniciativa deberán cumplir insoslayablemente el artículo constitucional 379.I, que especifica que “el Estado desarrollará y promoverá la investigación y el uso de nuevas formas de producción de energías alternativas, compatibles con la conservación del ambiente”, especificidad ambiental que no es considerada en los mecanismos actuales que practican todos los países del mundo, incluso el nuestro, en sus mecanismos extractivistas y antiecológicos.

A la luz de ello, la propuesta que se discutirá en las fechas señaladas tiene visos para hacer antesala de planes agresivos ya puestos en el tapete. Como son la construcción de megarrepresas en el norte del país, que constituyen opciones no compatibles con el artículo 379. Al respecto, se adelantó que la mencionada red tendrá entre sus miembros a representantes de diversas instituciones académicas, estatales y sociales vinculadas a la eficiencia energética. Es de esperar que esta tribuna se constituya en un equilibrio para que no existan contradicciones normativas con las obligaciones del Estado.

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