La Gaceta Jurídica

Elementos de la Sentencia Constitucional 300/2012

“El Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales” (artículo 196), es decir, el tcp es el máximo interprete, garante y contralor de la cpe, esta institución se encuentra sometida solo a la Constitución y no a la voluntad del partido en función de gobierno.

La Gaceta Jurídica / Ery Iván Castro Miranda

00:00 / 29 de junio de 2012

La citada Constitución Política del Estado (cpe) en su artículo (art.) 132, en relación a la acción de inconstitucionalidad, señala que “Toda persona individual o colectiva afectada por una norma jurídica contraria a la Constitución tendrá derecho a presentar la acción de inconstitucionalidad (…)”; en consecuencia, el art. 101 de la Ley 27 del tcp indica que proceden las acciones de inconstitucionalidad tanto de carácter abstracto y concreto, cada una con características propias para su admisibilidad ante el tcp.

En virtud a ello, ciertos diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp) presentaron acciones de inconstitucionalidad respecto a la Ley 180 y Ley 222, ambas referentes al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), en consecuencia, el tcp emitió la Sentencia Constitucional Nº 300/2012 (SC 300/2012) de 18 de junio, resolviendo lo siguiente:

1º IMPROCEDENTE la acción de inconstitucionalidad abstracta formulada por Miguel Ángel Ruíz Morales y Zonia Guardia Melgar, diputados de la ALP contra los arts.

1.III, 3 y 4 de la Ley 180.

2º CONSTITUCIONAL el art. 1 de la Ley 222 en cuanto a: “La presente Ley tiene por objeto convocar al proceso de Consulta Previa Libre e Informada a los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS” y del art. 7 de la Ley 222.

3º Declarando la CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA del art. 1 en cuanto a la frase “…y establecer el contenido de este proceso y sus procedimientos” y de los arts. 3, 4 inc. a), 6 y 9 de la Ley 222, condicionada a su concertación, observando los razonamientos de Sentencia de referencia.

4º Declarar IMPROCEDENTE la acción de inconstitucionalidad abstracta formulada respecto al art. 8 de la Ley 222.

La sentencia

A manera de contextualización y para el análisis integral en relación a la SC 300/2012, debemos mencionar que fueron dos acciones de inconstitucionalidad de carácter abstracto presentadas por diputados de la alp; la primera solicita la inconstitucionalidad de la Ley 180 (Ley de Protección del Tipnis) en sus arts. 1. III, 3 y 4; y la segunda solicita la inconstitucionalidad de la Ley 222 (Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas del Tipnis), con relación a los arts. 1, 3, 4 inc. a), 6, 7, 8 y 9.

En consecuencia, y de acuerdo a la facultad conferida por el art. 57.I de la Ley del tcp, por Acuerdo Jurisdiccional 005/2012 de 8 de junio, la Sala Plena del TCP acuerda la acumulación de los dos expedientes en las cuales se solicita la inconstitucionalidad de las Leyes 180 y 222, toda vez que se evidencia conexitud entre ambas acciones en razón del contenido de sus demandas, situación que justifica plenamente la unidad de tramitación y decisión, por ello se considera necesario realizar un análisis en concreto de la SC 300/12, toda vez que la misma contiene conceptos contradictorios, adolece de fallas, incongruencias e incoherencias respecto al contenido de la citada sentencia conforme paso a demostrar:

En la SC 300/12 existe escasa y deficiente aplicación y construcción de líneas jurisprudenciales por parte del tcp debido a que la resolución de esta institución inadecuadamente funda una línea jurisprudencial, toda vez que no se comprende adecuadamente los alcances y la obligatoriedad de la misma, además, no se encuentra sistemáticamente construida, debido a que no se encuentra basada en el respeto a los precedentes constitucionales, con todo ello, se podría afirmar que existe una indeterminación estructural de la SC 300/12 en relación a los preceptos  constitucionales.

En la mencionada sentencia, no existe una ordenación lógica referente a las partes fundamentales que deben estar inmersas en una sentencia constitucional conforme la apreciación del licenciado Arturo Yáñez, quien menciona: La ratio decidendi o razón de la decisión, es la formulación general del principio, es una regla que constituye la base de la decisión especifica o el fundamento directo de la parte resolutiva, aunque no forme parte de la misma, toda vez que las consideraciones y fundamentaciones no están claramente delimitados en la SC 300/12, debido a que la resolución del tcp aborda temas que no se encuentran en discusión, de tal manera que, fácilmente, se confunde la línea jurisprudencial que se quiere implantar.

Respecto a la obiter dicta o dictum de la resolución, es aquella parte donde se encuentra otra reflexión utilizada, pero que no es necesaria para la decisión, por consiguiente, la SC 300/12 confunde la obiter dicta con la ratio decidenci debido a la falta de organización estructurada de la sentencia, es decir, al parecer se intenta atribuir la calidad de ratio decidendi  a lo que a todas luces es obiter dicta, en consecuencia, la SC 300/12 se fundamenta en el obiter dicta y no en la  ratio decidendi, como debería ser.

Por otro lado, la SC 300/12, en la parte de los fundamentos jurídicos del fallo, desarrolla el fundamento último de los valores del vivir bien, aún más, se refiere al marco constitucional imperante, a la estructura ideológica y filosófica de la parte dogmática de la cpe, es decir, estos fundamentos filosóficos y de valores que constituyen el obiter dicta, no deberían estar dentro de los fundamentos jurídicos del fallo, porque la filosofía que adopta la Constitución de ninguna manera constituye un fundamento jurídico porque tienen la característica de resolver el principal problema planteado.

Categorías

En el parágrafo III.1.2, la SC 300/12 hace una alusión relativa al pluralismo jurídico y se indica que la jurisdicción indígena originaria campesina goza de igual jerarquía que la ordinaria, precepto reconocido por la cpe, sin embargo, la sentencia objeto de estudio añade conceptos y categorías que no son válidos y no tienen fundamento para la decisión debido a lo siguiente:

El pluralismo jurídico no se asimila de ninguna manera con el ejercicio de control de constitucionalidad que tiene el tcp, por tanto, esta institución realiza una confusión de categorías conceptuales y difiere de su real significado toda vez que erróneamente la SC 300/12 señala: “(…) el tcp ejerce el control de constitucionalidad de manera plural en tres dimensiones: control del respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales o ámbito tutelar, control de competencias, control normativo de constitu- cionalidad”, es decir, equivocadamente se otorga un concepto como control a lo que se denomina pluralismo jurídico.Es necesario aclarar que: “(… el control de constitucionalidad es la acción política o jurisdiccional que tiene la finalidad de garantizar la primacía de la constitución (…), apreciación compartida con el profesor Víctor Ortecho cuando menciona que el control de constitucionalidad es el conjunto de procedimientos políticos y jurisdiccionales destinados a defender la constitucionalidad, es decir, la plena vigencia de la constitución y el respeto a las normas constitucionales” (José Rivera Santibáñez en su libro Jurisdicción Constitucional), por tanto, el control de constitucionalidad no sólo se reduce al ámbito de control normativo, sino también abarca al resguardo y defensa de los derechos humanos a través de la tutela efectiva, inmediata e idónea para las personas frente a restricciones o supresiones ilegales o indebidas.

Validez de norma

La SC 300/12 en relación a la Ley 180 declara improcedente los artículos sometidos a control de constitucionalidad bajo el argumento de que existe “(…) la imposibilidad material de que el tcp efectúe control normativo y se pronuncie sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma supeditada a la condición de otra que jurídicamente la complementa (Ley 222), por ende su consideración no puede efectivizarse si su contenido normativo está supeditado o condicionado por otra norma jurídica posterior”.

Es decir, la validez de una norma está supeditada por otra norma de igual jerarquía, toda vez que el legislador ha determinado someter a consulta la primera, a raíz de esta interpretación, este fundamento se encuentra en discusión por que el objeto preciso de la acción de inconstitucionalidad consiste en el examen de constitucionalidad de las disposiciones legales impugnadas, lo que supone que el tcp examina las normas cuestionadas para contrastarlas con las previstas en la CPE.

Por ello, se debe dejar en claro que las acciones de inconstitucionalidad no tienen por objeto la verificación de los fines, los propósitos, la conveniencia o beneficios que pudiese generar la disposición legal sometida a control de constitucionalidad, por tanto, el tcp se concentra en el estudio y decisión de objetivos acerca de la constitucionalidad e inconstitucionalidad de los mismos, esta concepción encuentra sustento en la SC Nº 24/05 de 11 de abril.

En el punto III.4 de la SC 300/12 en lo concerniente a la consulta previa, hace referencia a la jurisprudencia emanada de tribunales y cortes internacionales, los mismos señalan que realizar la consulta previa: “b. antes de aprobar cualquier proyecto que afecte sus tierras o territorios y otros proyectos”  (art. 30 de la declaración de la onu sobre los derechos de los pueblos indígenas), en consecuencia, el problema objeto de la acción de inconstitucionalidad interpuesta consiste en la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en sus tres tramos, entonces, la jurisprudencia internacional indica realizar una consulta antes de iniciar o aprobar un proyecto, sin embargo, la consulta previa que se quiere implantar no es previa propiamente dicha porque ya se construyeron los tramos I y III de la carretera.

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que:  “(…) se debe consultar con (los pueblos indígenas) en las primeras etapas del plan… y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad”, por su parte, el convenio 169 de la oit indica que “(…) debe ser anterior a la ejecución del proyecto plan, medida o acto que afecte los derechos de los pueblos indígenas (…)”, normas señaladas en la propia SC 300/12, por ello, esta sentencia no dilucida estos aspectos y sólo se menciona de manera general lo relativo a la consulta, sin tomar en cuenta el término de “previa” y su aplicación en el tiempo.

Aún más, la SC 300/12 para justificar lo relativo a la consulta previa señala: “Si bien es evidente que lo ideal es que la consulta debe ser implementada previamente a la toma de una decisión, tal y como lo establece la doctrina y la jurisprudencia comparada previamente desarrolladas, también se debe tomar en cuenta que aunque existan actos y medidas legales y administrativas que pudieran afectar a los territorios de los pueblos indígenas, no es menos cierto que la obligación por parte del Estado no desaparece, es más, la consulta es aun más necesaria, debido a que efectivamente existiría una vulneración al derecho de los pueblos indígenas respecto a su territorio y al mismo derecho de la consulta”.

Lo mencionado es incongruente con el punto III.5.2 de la SC 300/12 que señala:  “Es necesario, además, afirmar que la propia jurisprudencia internacional apoya tal posición en mérito a que la consulta debe ser necesariamente implementada, aun en el supuesto de que los proyectos estén en pleno desarrollo (…)”, porque de la lectura de la jurisprudencia internacional citada, en ninguna parte de la SC se habla de aquello, en consecuencia, el tcp, al tratar de justificar la consulta previa sólo para el tramo II de la carretera y no para todo el proyecto, ingresa en una contradicción porque no señala a qué jurisprudencia en concreto se refiere.

Lo mencionado contradice al punto III.5.2., porque sin justificativo el tcp señala: “Como coralario de todo lo explicado, se concluye que el hecho que la Ley 222, no tenga en sí carácter previo, no es un fundamento para declarar la inconstitucionalidad de dicha Ley, pues, como se ha explicado reiteradamente, la consulta, aun no sea previa, da efectividad a un derecho de carácter colectivo de las naciones y pueblos indígena originario campesino (…)”, es decir, la contradicción es evidente y no merece mayor análisis.

La SC 300/12 en la parte resolutiva, incoherente con los preceptos constitucionales, insta a los pueblos indígena originario campesinos a que coadyuven con su participación a entablar diálogo con el Estado; de la misma manera se exhorta a la alp a ser coadyuvante de la facilitación de la concertación de acuerdos, así como al Órgano Ejecutivo para que propicie y facilite el diálogo con los pueblos, esto es inaceptable toda vez que el tcp está asumiendo para sí obligaciones, facultades y atribuciones que se encuentran diseñadas por la cpe para otras instituciones.

En la SC 300/12 existen incongruencias y las mencionadas sólo son algunas de ellas, esto permite afirmar que con el actual tcp nos encontramos en la etapa que denomino “oscurantismo constitucional”, porque con la emisión de esta sentencia se desnaturaliza considera- blemente el sentido y alcance de estos mecanismos conforme a la doctrina constitucional del país y Latinoamérica.

*    Es licenciado en Derecho, con mención en Derecho Constitucional (UMSA).

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