La Gaceta Jurídica

Eliminación de la violencia contra la mujer

El 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer por Resolución de 17 de diciembre de 1999 de la Asamblea General de la onu, en homenaje a Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, brutalmente asesinadas en la República Dominicana por su activismo contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

La cifra sube cada año y las normas pertinentes no tienen reglamentación ni aplicación efectiva.

La cifra sube cada año y las normas pertinentes no tienen reglamentación ni aplicación efectiva. Foto: radiopachamama.com

La Gaceta Jurídica / Jenny Ybarnegaray Ortiz

00:00 / 26 de noviembre de 2013

Cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, lo hacemos refiriéndonos a una multiplicidad de formas que se manifiestan en la vida pública y privada. Si hablamos de violencia política, es evidente que hombres y mujeres pueden ser (y de hecho son) víctimas potenciales y efectivas, sobre todo en regímenes de orden autoritario y/o totalitario que no toleran disidencia, discrepancia ni mucho menos confrontación abierta a sus propósitos.

Un matiz de este tipo de violencia es el “acoso y violencia política” en contra de mujeres que ejercen cargos de representación política. Tan grave y persistente se ha vuelto esta forma de violencia —sobre todo desde el momento en que las normas electorales bolivianas incorporaron resguardos denominados “leyes de cuotas” que obligan a las organizaciones políticas a incorporar un porcentaje de mujeres en sus listas de candidatos— que ha merecido la sanción de una ley específica, me refiero a la Nº243 de 28 de mayo de 2012. Hasta donde conozco, esta norma aún carece de reglamentación para su aplicación.

Este año, la Asamblea Legislativa Plurinacional (alp) aprobó la “Ley Nº 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia”, promulgada el 9 de marzo en homenaje al Día Internacional de las Mujeres. La propuesta de ley tuvo larguísimo trámite y me figuro que, de no mediar la orden presidencial para su tratamiento —motivada a su vez por hechos que suscitaron la condena pública y mediática, como el caso del asambleísta Domingo Alcibia, filmado en presunta violación contra de una trabajadora de la gobernación de Chuquisaca, o la movilización por ell feminicidio de la periodista Hanaly Huaycho— aún estaríamos esperando su tratamiento en el Órgano Legislativo. A ocho meses, esta norma también carece de reglamentación.

En días pasados, el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem) informó que, en lo que va del año, registraron 139 asesinatos de mujeres en el país. De éstos, 89 (64 por ciento) han sido tipificados como feminicidio, mientras que el restante 36 por ciento corresponde a  inseguridad ciudadana. La cifra sube cada año y la lenidad de las autoridades ya no tiene calificativo.

La tardanza en la reglamentación no es casual ni resultado exclusivo de la negligencia de las autoridades llamadas por ley para elaborarlas y aplicarlas, es un síntoma que manifiesta una psicología social particular: la violencia en contra de las mujeres es algo tan naturalizado que no parece merecer la movilización de la sociedad. Hasta que estos hechos no tocan las puertas de la casa propia, son percibidos como ajenos, cuando en realidad se trata de una forma de convivencia malsana a la que nos hemos acostumbrado tanto que resulta casi desapercibida.

Estas cifras llevan algo más importante, contienen nombres e historias de mujeres cuyas vidas fueron cruelmente cegadas por criminales. Se trata de mujeres que cayeron en manos de íntimos agresores, sus parejas, hombres a los que amaron y a los que entregaron su amor. Ahí está Sarah Hoschttäter, una muchacha de 23 años, asesinada por su pareja, Andrés Abastoflor, hace más de un año en Sucre y, aunque el agresor se encuentra en detención preventiva, aún no se inicia el juicio.

Ahí está Cinthia Poma, la muchacha que cursaba el tercer grado de la Academia de Policías, quien falleció en circunstancias aún no esclarecidas, aparentemente como resultado del severo castigo al que fue sometida por sus instructores. Esto sucedió en una institución donde deberían formar gente con capacidad de contener y enfrentar conflictos con inteligencia, sentido de solidaridad y bajo el principio de servicio a la comunidad; sin embargo, el “caso” revela que la formación está más orientada al entrenamiento de la fuerza bruta.

Cada criminal deja tras de sí no sólo el cadáver de una mujer, deja una familia y una red social sumida en un profundo dolor que se acrecienta. Ahí está Benita Pari, una mujer que empezaba a destacarse como lideresa política y fue asesinada de manera brutal, aparentemente por motivos económicos. Y si el feminicidio es la forma extrema de la violencia en contra de las mujeres, la forma más atroz e irreparable de violencia, no podemos dejar de mencionar las otras mil formas cotidianas que humillan, lastiman, despojan y destruyen a miles de mujeres sin que la sociedad reaccione en la misma proporción. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar la violencia en contra de las mujeres con tanta parsimonia y tanta indiferencia? ¿Acaso estamos esperando que ésta toque las puertas de nuestras casas o vecindarios, nuestros más próximos círculos de afectos para reaccionar?

No basta con sancionar normas, hace falta reglamentarlas y desarrollar políticas públicas consistentes, hace falta prevenir y educar, para ello se requiere que el Estado tome a cargo su responsabilidad insoslayable y que lo haga invirtiendo los recursos públicos en algo mucho más eficiente que, por ejemplo, el “doble aguinaldo”, un premio a la burocracia que poco o nada hace para enfrentar problemas de la magnitud que comento. Más allá de normas y políticas públicas, o quizás más acá de las mismas, en nuestros espacios cotidianos, donde no requerimos de la ley para actuar, hace falta modificar nuestras relaciones, las formas como constituimos sujetos en nuestros hogares, en nuestras relaciones familiares, en nuestros próximos círculos de amistad y afecto.

Es fundamental empezar a desvalorizar esos mandatos masculinos perniciosos que convierten a los hombres en agresores, el mandato del guerrero desensibilizado, del proveedor que asume el derecho al ejercer “el principio de autoridad”, el mandato del poder como compulsión perversa hacia el dominio de los otros (en este caso, de las mujeres). Propongo elevar la ética del cuidado al grado de máximo valor social, premiando toda conducta y toda acción destinada a construir una forma de convivencia verdaderamente humana, donde ningún acto de agresión sea tolerado y reciba la sanción moral permanente de la gente.

Es psicóloga social, militante por los derechos de las mujeres.

Tomado de: bolpress.com

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