La Gaceta Jurídica

Eliminación de la violencia hacia la mujer

Cada 23 horas muere una mujer a manos de un hombre. Apuñalada, quemada, asfixiada, atropellada. La garantía de la Ley 348, que le ofrece “una vida libre de violencia”, está definida en el papel, pero no en la práctica: las manifestaciones de violencia hacia la mujer son numerosas.

El 25 de noviembre se recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal en la dictadura de la República Dominicana.

El 25 de noviembre se recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal en la dictadura de la República Dominicana. Foto: mujerespoetasinternacional.blogspot.com

Erika Bruzonic

00:00 / 02 de diciembre de 2015

Todavía no se sanciona de acuerdo a ley. Todavía hay mujeres que no se animan a sentar una denuncia. Todavía hay operadores de justicia que se abaratan y venden con tal de no brindar justicia a una mujer. Todavía no hay luz al final del túnel.

En noviembre, en el marco de un almuerzo-trabajo organizado por la Fundación para el Periodismo, se presentó el Informe de la Coalición de organizaciones de Derechos Humanos de las mujeres de la sociedad civil al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, sigla en inglés). Dentro del mismo marco, se expuso las observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto del Estado Plurinacional de Bolivia.

Estado de situación

En el contexto de la constitucionalización de los derechos de las mujeres a partir de 2009, el sistema de derecho positivo del Estado ha incorporado no solo un enfoque de género dentro de su administración, sino también ha demostrado una mayor presencia de las mujeres dentro de la esfera pública.

Sin embargo, estos logros que, en definitiva, son de las propias mujeres bolivianas, se ven debilitados por muchas falencias institucionales causadas por la no asimilación de parámetros de igualdad de género de parte de una estructura patriarcal imperante en la sociedad.

Adicionalmente, las políticas públicas a favor de las mujeres no tienen un gran alcance. Esta suma de dificultades impide de plano un buen avance de la Convención para la eliminación de la discriminación contra la mujer.

Qué se ha hecho

En lo jurídico, el progreso logrado desde 2008 puede cuantificarse por el número de reformas a la legislación positiva, comenzando por la Constitución Política del Estado de 2009, que contemplan, incluyen e incentivan a las mujeres en aras de conseguir igualdad al cien por ciento.

Se puede señalar, precisamente, la Ley 348 y su reglamento como punto de partida en la lucha para la eliminación de violencia contra las mujeres. Está también la Ley 243 Contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, que prohíbe la discriminación de la mujer en la vida política, así como la Ley 070 de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, que dispone la educación antipatriarcal.

Todas estas normas se han traducido en una mejora del marco institucional del Estado, dando paso al Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia en razón de género; al Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Educación para erradicar el patriarcalismo de la sociedad a través de la educación; al Plan Nacional para la igualdad de oportunidades “Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia para Vivir Bien” y a planes sobre salud sexual y reproductiva y derechos humanos, conducentes a una mejor calidad de vida.

Qué se debe hacer

A pesar de estos esfuerzos que plantean objetivos jurídico-normativos serios y resultados de peso, existen aún esferas de preocupación para la Cedaw. Siempre dentro del marco constitucional y legislativo, se ha observado que se necesita, por un lado, un firme apoyo administrativo para gestionar e implementar los cambios legislativos a favor de las mujeres.

Dicho apoyo no es todavía lo suficientemente fuerte como para agilizar la instancia de cambio. Otra de las observaciones dentro de este marco es la limitada visibilidad de la Convención y su correspondiente protocolo, ya que todas las ramas del gobierno no conocen las recomendaciones generales del Comité.

En el ámbito judicial, falta información sobre las causas en curso de violencia hacia la mujer en las que se hayan aplicado directamente las disposiciones de la Convención.

Las recomendaciones en este sentido son concretas: el Estado debe crear mecanismos de rendición de cuentas cuya solidez permita la ejecución de las leyes sobre esta materia, conforme al dictum de los derechos constitucionales de las mujeres y la Convención, asignando recursos humanos, técnicos y presupuestarios suficientes.

Luego, debe adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la difusión, diseminación de la Convención, Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité entre todos los stakeholders involucrados: funcionarios gubernamentales, parlamentarios, poder judicial, abogados, agentes del orden público y dirigentes comunitarios, para que todos ellos adquieran conciencia sobre los derechos humanos de las mujeres en el Estado.

Al mismo tiempo, se recomienda que los jueces y abogados apliquen las disposiciones de la Convención en sus actuaciones, tomando en cuenta la juris- prudencia del Comité en el marco de su Protocolo Facultativo. De igual modo, el ente legislativo debe asegurarse que las facultades de derecho brinden cursos de derecho internacional sobre derechos hu- manos y, finalmente, debe encontrar los mecanismos para sensibilizar a las mujeres sobre sus derechos, poniendo los medios a su alcance para que sean eficaces. El énfasis irá a grupos específicos como mujeres indígenas, afrobolivianas y mujeres con discapacidad.

Estas recomendaciones y otras, resumidas en 47 puntos, están centradas en las tareas pendientes que el Estado necesita cumplir para, realmente, garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Son recomendaciones oportunas, toda vez que el camino no ha hecho más que comenzar. Hace unas semanas, la Oficina Jurídica para la Mujer preparó y divulgó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) un documento sobre los efectos de la normativa en la calidad de vida de las mujeres, a casi tres años de su implementación.

El documento rescata que, si bien hubo un avance en la creación de juzgados y fiscalías especializadas, de fuerzas de lucha contra la violencia (Felcv), nada de esto cuenta con los recursos económicos para viabilizar el tenor de la ley.

La sobresaturación de causas en juzgados y fiscalías y la somera fuerza investigativa de la Felcv conducen al desis- timiento de las víctimas y a que la continuación de procesos de oficio no se prosiga. Presupuestos exiguos y recursos humanos escasos son dos condicionantes para que el Ministerio Público no cumpla su labor a cabalidad. El resultado es fácil de colegir, en los hechos, la violencia queda impune.

Próximo informe

El Estado Plurinacional de Bolivia debe tener un informe preliminar de avance en las recomendaciones hasta 2017, para contar con un documento final de presentación ante la Cedaw en 2019.

*    Es abogada, investigadora y escritora.

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