La Gaceta Jurídica

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Emancipación de la Judicatura

Puerta opuesta

La Gaceta Jurídica / Orlando Rojas Baspineiro

00:00 / 05 de junio de 2012

Es cierto que el país está inmerso en un proceso de transformaciones que, de cualquier manera, deben redundar en beneficio de la ciudadanía, caso contrario no habría necesidad de encarar una serie de cambios que, a la larga, no se traducirán en la mejora del estado de situación.

En el caso de la administración de justicia se habla de una “revolución judicial” que tiene como norte acabar con la mora procesal, la corrupción y, en democracia, diseñar una administración de justicia ecuánime, objetiva y equilibrada, pero sobre todo, independiente.

Desde el primer día de la instalación de la Corte Suprema de Justicia (16 de julio de 1827) fue el propio Gran Mariscal de Ayacucho quien alentó la dignidad e independencia del Poder Judicial.

En aquella oportunidad, en su discurso señalaba con absoluta claridad  “En este Tribunal respetable que, gozando de una independencia absoluta del gobierno, tiene en sus manos todas las garantías contra el influjo del poderoso y los abusos de la autoridad…” refiriéndose al resguardo que siempre debe tener el sistema judicial frente a los demás poderes y en salvaguarda de lo que, ya con anterioridad, se reconocía como el principio de separación e independencia de poderes, que viene a constituir ese sistema de pesos y contrapesos que siempre debe estar vigente, porque, de lo contrario, el estado democrático de derecho sería inexistente.

El actual Órgano Judicial, conformado por primera vez por una votación directa del pueblo, tiene una tarea extraordinaria: convencer a los ciudadanos de este país que está imbuido de ese espíritu soberano frente a los demás poderes del Estado; sin embargo, las primeras señales que se muestran no hablan precisamente de que sus autoridades, emancipadas de cualquier influencia externa, actúen de acuerdo a su conciencia, sus valores y virtudes.

Hace poco, pudimos constatar en el transcurrir judicial cómo todas las autoridades jerárquicas del Órgano Judicial vieron con resignación y con total mutismo cómo autoridades ministeriales llegaban hasta Sucre para apabullar a un administrador de justicia que –ante la indiferencia de sus colegas– tuvo que resolver por irse a su casa y dejar al garete un caso de suma importancia como es el referido a los vejámenes y humillaciones que sufrieron campesinos el 24 de mayo de 2008, antes que enfrentar la ira ministerial.

Otro tanto sucedió cuando las autoridades que integran el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura se disputaban, como casi siempre, espacios de trabajo; esta vez existía confusión por la creación de la Dirección Administrativa y Financiera, antes dependiente del extinto Consejo de la Judicatura, hoy bajo la responsabilidad de un Directorio cuyos miembros responden al Tribunal Supremo y al Tribunal agroambiental.

Para resolver esas diferencias generadas por la excesiva ambición de las autoridades que buscan copar mayores espacios, tuvo que llegar la Ministra de Justicia que fue la que señaló los caminos a seguir. Eso, en castellano simple, se llama injerencia, oficiosidad e intromisión; la actitud de los judiciales deviene en docilidad, sumisión y dependencia.

Para quedar claros y ante estos hechos que se vienen suscitando con funesta asiduidad recurramos al diccionario que define a la independencia judicial como el atributo esencial de los estados de derecho, de aquellos que se asientan en la división y equilibrio de los poderes públicos.

Este mismo diccionario agrega que la independencia de los jueces es tan fundamental que, de modo rotundo, puede afirmarse que allí donde no existe no hay una verdadera administración de justicia, tal como sucede en los países de régimen autocrático o totalitario (1).

No es fácil hablar de la independencia judicial, mucho menos cuando las señales que muestran las propias autoridades judiciales son tan confusas e indeterminadas; y tan palmarias y evidentes las actitudes de las autoridades del Poder Ejecutivo, las que con toda regularidad y como si fuera parte de una buena costumbre deciden intervenir –sin empacho– en asuntos propios de otro poder del Estado.

Por ello, considero que lo más recomendable es mirar a la independencia del Órgano Judicial no como un fin en sí mismo, sino como un medio para lograr otro fin que se interpreta como la obtención de una decisión justa, ecuánime y libre de toda presión interna o externa, exenta de toda amenaza e interferencia proveniente de intereses políticos que, sin medir el impacto del poder circunstancial, son capaces de dañar la dignidad e independencia de un Poder que está llamado a actuar con razón, honestidad, transparencia y objetividad.

Consecuentemente, me pregunto, ¿de qué garantías y de qué seguridad jurídica futura se le puede hablar al ciudadano, si hoy se vulneran sus derechos, a capricho y voluntad del poder político, económico o social? La obviedad de la respuesta hace temer y con razón que las grandes transformaciones que propuso el propio Gobierno para el sistema judicial puedan ser consistentes y defendibles.

Un Órgano Judicial débil, domesticado, dividido y acosado no puede cumplir con el cometido de lograr respeto para la judicatura. Débil, por sus propias diferencias; domesticado, por el origen de sus autoridades; dividido, por sus ambiciones individuales, y acosado por las ansias de totalitarismo que ya se hacen inocultables en algunas de las autoridades del Ejecutivo.

Como conclusión, considero que la seguridad jurídica reclama coordinación entre los poderes del Estado y los órganos jurisdiccionales, sólo de esa manera se dará lugar a las condiciones para la modernización del país y se permitirá responder a las expectativas de la ciudadanía en cuanto a transparencia, idoneidad y honestidad en la administración de justicia.

Porque aún hoy, y pese a todo lo que nos ha tocado vivir, persiste en nosotros ese ciudadano que sueña con una patria nueva, incluyente y auténticamente unida, respetuosa de nuestra diversidad.

Nota

1.  Ossorio Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 2005.

Espere…

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