La Gaceta Jurídica

Empresas, instituciones mediáticas y la responsabilidad social

El Señor Justicia

La Gaceta Jurídica / Carlos Conde Calle

00:00 / 26 de abril de 2013

Uno de los ítems trascendentales al que debemos prestar atención son las “empresas e instituciones comunicacionales”. Partamos de la hipótesis de que las empresas e instituciones mediáticas deben ser reguladas; pero, entiéndase bien, no en los contenidos de los hechos noticiosos que manejan.

De hecho, en el aspecto mediático tenemos empresas privadas, medios de las iglesias, de los sindicatos y del mismo Estado. Ocurre que, en la concepción de libertad de expresión, no es lo mismo libertad de empresas. Muchos medios privados orientan la acción comunicativa a sus intereses empresariales, sin considerar que la noticia no es cualquier mercancía.

Existen empresarios que crecen lícitamente en forma vertical (son titulares del medio, a su vez, socios de un banco o producen lácteos). Esto no es malo, lo es cuando el dueño del medio usa los mismos para beneficio personal, sin considerar que su responsabilidad es SOCIAL. También crecen horizontalmente (son dueños de una radio, canal de televisión y periódico y hasta agencia de noticias). Es no es malo, ni legal ni éticamente.

De acuerdo a los tiempos políticos, los medios del Estado también asumen papeles peligrosos contra los titulares de la información (que son los ciudadanos). En tiempos liberales, los medios del Estado son abandonados a su suerte. En cambio, cuando regímenes estatistas potencian los medios (pero los convierten en difusores de la propaganda gubernamental), los titulares de la información son desinformados o subinformados.

Las iglesias católicas y iglesias también son titulares de frecuencias de radio o arriendan las de televisión. Por supuesto que la información es manejada en función a sus intereses sin consulta a los titulares de la información. También tenemos en manos privadas, agencias de noticias y publicidad. Las primeras venden información; las segundas acomodan la publicidad privada y gubernamental de acuerdo a los Raiting de audiencia. En cierto momento, las agencias de publicidad son instrumentalizadas por el interés privado o estatal. No hay trato justo ni equitativo en la repartición de la torta publicitaria.

Informativos y otros programas rompen una regla básica de ética, el mismo conductor no debe informar y promocionar productos. Así no sabemos en qué momento nos están informando y en cual va la publicidad. Los regímenes liberales y los del campo popular otorgan publicidad, discrecionalmente, a los medios que aplauden sus gestiones, con desdén de los medios críticos.

El Derecho de la Información, sobre el que escribimos cuando menos 30 temas, está vinculado al Derecho, a la norma positiva. En ese sentido, conforme manda el artículo 107, parágrafo III de la Constitución Política del Estado (cpe), “los medios de comunicación social no podrán conformar, de manera directa o indirecta, monopolios o oligopolios”, requerimos una ley especial, pues no se debe regular son los contenidos.

De todo esto resulta que, mediante ley, se debe definir con claridad la tipología empresarial o institucional (puede un sindicato o etnia ser titular de un medio). Tienen en común que no deben confundir LIBERTAD DE EMPRESA con LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

Evidentemente, el empresario tiene el derecho de fijar sus metas económicas, lucrar; pero no debe olvidar que el titular, el dueño del DERECHO A LA INFORMACIÓN, es el ciudadano. Esto, jurídicamente, se conoce como RESPONSABILIDAD SOCIAL. El propietario y medios deben armonizar sus derechos con los del ciudadano... Hay que armonizar la necesidad individual y la necesidad social. Estos conceptos valen para instituciones sociales, iglesias y, fundamentalmente, el Estado.

Además, no pueden y no deben manipular la información y responder a sus intereses corporativos; deben asumir que son socialmente responsables respecto de los televidentes, radioescuchas y lectores.

Esta responsabilidad social es extensiva a las agencias, la publicidad debe ser verdadera, informativa, brindar la mayor cantidad de atributos de los productos que anuncia; pero, al mismo tiempo, no puede ni debe manipular la conciencia de los consumidores.

Por supuesto, en la mencionada ley debe cuidarse que el PLURALISMO informativo no se pierda. De acuerdo con la Unesco, con Luis Escóbar de la Serna en su libro Derecho de la Información, los medios deben cuidar que no se homogenice la información; que existan diferentes aristas y visiones sobre el mismo hecho noticioso.

Desde la empresa privada y el Estado debe dejarse de lado las presiones económicas a los medios.

Discriminar en la otorgación de publicidad a los medios es una forma de presión y, por tanto, puede producir autocensura. Debe existir competencia libre entre los medios, pero sin falsear los hechos. El mismo autor dice que se debe evitar las presiones técnicas, por ejemplo, molestar al titular de una frecuencia con autoridades que tienen tuición sobre medios. Esto se encuentra en los artículos 14 y siguientes del pacto de San José de Costa Rica.

Siempre debe evitarse los monopolios; no hay nada mejor para el sujeto que es informado como la pluralidad de fuentes y medios; los receptores de la información agradecerán la pluralidad de informaciones. El estado debe tratar por igual a los medios. La idea sería que éste no posea medios, pero, como los tiene, creemos que debe haber una estructura programática 100 por ciento educativa; por supuesto, que debe informar todas las actividades gubernamentales; pero debe dejar de lado los géneros opinativos.

Lo que hace el Estado al opinar es defenderse y los periodistas que trabajan en medios estatales se convierten en defensores del gobierno de turno; en cambio, si sólo informan deben adecuar su tarea informativa a la narración de los hechos tal cual ocurrieron.

Respecto a su funcionamiento, los medios no son iguales. Cualquier persona natural o colectiva puede acceder a ser titular de un medio escrito. En cambio, para una radio o canal de televisión se es concesionario de una frecuencia por tiempo determinado (por lo general 20 años). En este momento, en el marco de la Nueva Ley General de Telecomunicaciones, se otorga frecuencias a sectores sociales y, a pesar de los medios, se ha procedido a reacomodar frecuencias.

¿Qué pasará cuando las actuales frecuencias caduquen?, ¿el gobierno actuará políticamente y eliminará a sus opositores políticos sin otorgarles frecuencias? Podría ocurrir lo contrario. Pensamos que el Estado, vía Autoridad de Transportes y Telecomunicaciones (att), antes de lanzar la licitación pública para la adjudicación de frecuencias debe preguntar a los titulares actuales si desean continuar explotando la frecuencia.

Si la respuesta es afirmativa, debería renovarse por otros 20 años. Si el empresario o institución no desea la frecuencia, recién se licitaría y adjudicaría.

Finalmente, si un empresario quiere ser titular de una frecuencia de radio o televisión, debe ser su única actividad. No debe ser, al mismo tiempo, accionista de otras empresas en otros rubros. Dejo establecido que en ningún momento sugiero que se regule sobre los contenidos de la información.

Es especialista en Derecho de la Información.

Espere…

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