La Gaceta Jurídica

Endurecimiento de penas y tipificaciones

Con la promulgación del 31 de julio de las leyes del Sistema Seguridad Ciudadana “Para una vida segura” y la Ley Integral de Trata y Tráfico de Personas serán activados varios mecanismos policiales y se incluirá nuevas tipificaciones en el Código Penal, además de sanciones más duras para delitos contra los derechos de las personas.

La Policía deberá ingresar en un proceso de coordinación con otras instancias de la sociedad.

La Policía deberá ingresar en un proceso de coordinación con otras instancias de la sociedad. Foto: defensa.pe

La Gaceta Jurídica / Con datos de agencias

00:00 / 03 de agosto de 2012

La compra, arriendo o venta de material pornográfico que exhiba imágenes de niños, niñas y adolescentes o la contratación de servicios sexuales de niños será sancionado hasta con ocho años de cárcel, según la Ley de Trata y Tráfico de personas.

Esta norma permitirá a las instancias judiciales, policiales y militares luchar contra este flagelo junto a la sociedad civil. El objeto de la ley es combatir la trata y tráfico de personas y delitos conexos y garantizar los derechos fundamentales de las víctimas a través de la consolidación de medidas y mecanismos de prevención, protección, atención, persecución y sanción penal de estos delitos declarados imprescriptibles.

Para ello, tiene como objetivos implementar y consolidar políticas públicas de protección, atención y reintegración integral para las víctimas; fortalecer la respuesta del sistema judicial penal contra los delitos y promover y facilitar la cooperación nacional e internacional para alcanzar el objetivo establecido.

Para interpretación y aplicación, identifica y define varios tipos penales, entre ellos el “Abuso de una Situación de Vulnerabilidad”, que es aprovechar o tomar ventaja de situaciones de adicción, enfermedad, embarazo, ingreso o permanencia migratoria irregular, precariedad en la supervivencia social, discapacidad física o psíquica, invalidez, niñez y adolescencia, para su sometimiento con fines de Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos.

La “explotación” se define como la obtención de beneficios económicos o de otra naturaleza por actos de prostitución, explotación sexual y/o laboral, peores formas de trabajo infantil, formas de servidumbre por deudas y otros, trabajo forzoso, venta y extracción ilícita de fluidos, tejidos, células u otros órganos del ser humano.

Otras definiciones de la norma corresponden a las figuras de trabajo forzoso, servidumbre, servidumbre costumbrista y matrimonio servil.

Modificaciones legales

La Ley de Trata y Tráfico hace modificaciones en el Código Penal (cp), donde se destaca lo referente a delitos de proxenetismo, omisión de denuncia, trata y tráfico, estableciendo agravantes en caso de que las víctimas sean niños, niñas, adolescentes y mujeres. Se incorpora nuevos tipos penales como la violación sexual comercial.

La Ley modifica los artículos 178, 281 bis, 321, 321 bis y 323 bis del Código Penal. El nuevo texto del Artículo 178 señala que el servidor o servidora pública que en razón de su cargo, teniendo la obligación de promover la denuncia de delitos y delincuentes, dejare de hacerlo, recibirá una pena privativa de libertad de uno a tres años. Si el delito tuviere como víctima a un niño, niña o adolescente, la pena se aumentará en un tercio.

El nuevo Artículo 281 dispone una sanción de 10 a 15 años de cárcel a quien realizare la concesión o recepción de pagos por sí o por tercera persona, indujere o favoreciere la captación, traslado, transporte, privación de libertad, acogida o recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, aunque mediare el consentimiento de la víctima, con fines de venta u otros actos de disposición del ser humano con o sin fines de lucro.

La sanción se agravará en un tercio cuando el autor o partícipe, sea cónyuge, conviviente o pareja de la víctima, tenga parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad; tenga a su cargo la tutela, custodia, curatela o educación de la víctima; sea servidora o servidor público; goce de inmunidad diplomática o sea profesional médico o a fin.

Nuevas instituciones

La Ley crea el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, instancia máxima de coordinación y representación responsable de formular, aprobar y ejecutar la Política Plurinacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos. Estará conformado por varios ministerios, la Defensoría del Pueblo y la sociedad civil organizada de acuerdo a reglamentación.

El Consejo formulará y aprobará la Política Plurinacional y el Plan Nacional de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos; diseñará políticas y estrategias; gestionará recursos económicos, y coordinará acciones con los nueve Consejos Departamentales, cada uno de ellos integrados por el Gobernador, los alcaldes de ciudades capitales, intermedias y municipios fronterizos, el Comandante Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, el Fiscal Departamental y representantes de la sociedad civil.

Prevención

En el ámbito de la prevención, el Ministerio de Gobierno, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y otras entidades públicas y privadas, crearán un sistema de información y estadísticas sobre delitos de Trata y Tráfico de Personas. El Observatorio de Seguridad Ciudadana evaluará el cumplimiento de metas e indicadores de lucha contra la Trata y Tráfico de Personas. La Ley dispone que las instituciones educativas de niños niñas y adolescentes, de formación de maestros, universidades, de diplomacia, postgrado y de formación policial y militar incorporarán a su currícula la temática de Trata y Tráfico de Personas y delitos conexos.

El Ministerio de Educación diseñará y aplicará programas, campañas educativas y otros para la prevención; y las universidades públicas y privadas aportarán con investigaciones y campañas informativas.

Los medios de comunicación deberán ayudar en campañas de prevención y concientización de los delitos de trata y tráfico y los conexos; se establecerá reglamentación para publicidad de oferta sexual sin la vulneración de los derechos ni la dignidad.

A través de campañas de prevención, los proveedores de servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, públicos y privados deben promover y ayudar a la prevención y prohibir mensajes que promuevan estos delitos.

Persecución

La norma autoriza la contratación de agentes encubiertos, además de la intercepción y grabación de llamadas telefónicas, previa autorización judicial. La denuncia por el delito de Trata y Tráfico de Personas podrá ser interpuesta de forma verbal o escrita por las víctimas o terceros, sin el cumplimiento de los requisitos procesales formales.

El Fiscal de Materia podrá solicitar a la autoridad jurisdiccional competente la intercepción y grabación de llamadas telefónicas cuando existan serios indicios de la participación de una persona en asociaciones u organizaciones delictivas.

En esta misma línea, la Ley de Seguridad Ciudadana dispone la aplicación de controles migratorios específicos en fronteras, en coordinación con las Fuerzas Armadas, Policía y Ministerio Público. Para el ingreso, salida y permanencia del territorio boliviano de personas nacionales y extranjeras, en especial de niños, niñas y adolescentes, la Dirección General de Migración deberá diseñar e implementar protocolos de actuación nacional e internacional para la detección temprana de situaciones de Trata y Tráfico.

El Ministerio Público, en coordinación con las Divisiones de Trata y Tráfico de Personas, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la Policía (Felcc), es responsable de realizar patrullajes en lenocinios, bares, cantinas, salas de masajes, clubes nocturnos, fábricas, negocios y otros; así como controlar en retenes de peaje y/o puestos de control en carreteras para detectar hechos relacionados con los delitos de Trata y Tráfico de Personas.

También debe realizar patrullajes cibernéticos en páginas públicas de internet, además de examinar minuciosamente y utilizar los bienes informáticos secuestrados e incautados con el fin de identificar y desarticular las fuentes de origen de la red y ciberredes criminales. Los documentos electrónicos obtenidos serán considerados medios de prueba.

Asimismo, la Ley de Seguridad Ciudadana endurece las penas para los delincuentes que atenten contra la vida y la integridad física de las personas. La norma crea el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, el Servicio Civil Voluntario, el Registro de antecedentes penales, policiales, judiciales y migratorios y un nuevo “modelo de Policía Comunitaria”. Además, la norma reglamenta la difusión de contenidos mediáticos con violencia explícita.

Uno de los 14 principios de la norma es la “Priorización de la Víctima”, así toda víctima de inseguridad ciudadana deberá ser tratada con dignidad y en forma prioritaria en todos los actos de investigación y sin mayor trámite.

Cambios normativos

La Ley de Seguridad modifica los artículos 180, 261 y 251 además, agrega causales al artículo 247 del Código de Procedimiento Penal (Ley 1970 de 25 de marzo de 1999). Sobre el artículo 235 se prevé que podrán aplicar medidas cautelares incluida la detención preventiva cuando un imputado haya sido condenado en Bolivia o en el extranjero por sentencia ejecutoriada en un plazo de cinco años.

Organismos a crearse

El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana se encargará de recopilar, procesar, analizar e interpretar la información sobre seguridad ciudadana, los delitos y otras conductas directa e indirectamente relacionadas con los delitos.

El Sistema Nacional de Registro de Información de antecedentes penales deberá contar con una base de datos actualizada permanentemente.

El Servicio Civil Voluntario de Seguridad Ciudadana a través de Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) para jóvenes, mujeres y hombres que deseen prestar sus servicios a la comunidad establece un “modelo de Policía Comunitaria” con el propósito de coordinar estrategias preventivas de seguridad ciudadana, de acuerdo con las características sociales, culturales, políticas y económicas de la población e interactuar permanentemente con la vecindad, comunidad y las organizaciones vecinales.

*    Bolpress/ABI.

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