La Gaceta Jurídica

Enjuiciamiento de magistrados y jueces

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez Gantier

00:00 / 19 de septiembre de 2014

Ultimamente, algunos congresistas del partido de gobierno han actualizado el tema referido al enjuiciamiento de jueces del Órgano Judicial, insistiendo en que aquél debería ser objeto de estudio a fin de que forme parte de la normativa nacional. Es evidente que el tema del enjuiciamiento de jueces, inevitablemente, nos conduce al análisis conjunto del enjuiciamiento a los magistrados.

Como sucedió durante mucho tiempo en el país, incluso tendría que estudiarse un esquema paralelo para funcionarios del Ministerio Público.

Pero, lo que de inicio nos llama la atención es el hecho de que desde la fundación de la República y en su primera Constitución Política del Estado (cpe) existió un determinado esquema que se refiere a lo que se ha conocido como juicios de responsabilidad penal contra funcionarios públicos de jerarquía por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. En este momento, y como consecuencia principalmente del texto de la nueva Constitución y la Ley Orgánica Judicial, aquel esquema ha quedado reducido a su mínima expresión.

En efecto, desde un punto de vista general, aquellos procesos se podrían agrupar en tres esquemas: los que corresponden a los altos dignatarios de Estado; los que se refieren a funcionarios públicos de jerarquía y los que, se decía, “gozaban de Caso de Corte”, es decir, enjuiciamiento con procedimiento especial ante las Cortes de Distrito.

La primera Constitución, la de 1826, en su artículo 110 decía que “son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 1. Conocer de las causas criminales del Vicepresidente de la República, ministros de Estado y miembros de las Cámaras…” y “5. Conocer de las causas de separación de los magistrados de las Cortes de Distrito Judicial y prefectos departamentales”.

En cuanto al enjuiciamiento de los Ministros de la Corte Suprema, a partir de la Constitución Política de 1834, el proceso fue asignado al Senado Nacional, previa acusación de la Cámara de Diputados. Con solo variantes de forma, este mismo esquema se ha mantenido hasta hoy, según los artículos 159 (Inciso 11) y 160 (inciso 6) de la Constitución en vigencia.

Lo que ha ocurrido es que ante la creación de otros órganos como el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp), Tribunal Agroambiental y Consejo de la Judicatura, éstos han sido incluidos en el mismo esquema de juzgamiento.

Lo que se ha añadido, pero, en realidad, no dentro del mismo esquema referido a la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, es la tarea de tipo disciplinario. El artículo 195 de la actual cpe, al hablar de las atribuciones del Consejo de la Judicatura, indica (Inciso 2) “ejercer el control disciplinario de los vocales, juezas y jueces, personal auxiliar y administrativo del Órgano Judicial”.

La Constitución Política anterior a la actualmente vigente estableció un esquema completo en lo referente a este tipo de procesos o, por lo menos, en lo que se refiere al número de funcionarios públicos que quedarían comprendidos en este tipo de procedimiento.

Además de la competencia a la que ya hemos hecho referencia en cuanto al enjuiciamiento del Presidente, Vicepre- sidente y ministros de Estado, el artículo 12 (Inciso 7) de aquella Constitución del 2 de febrero de 1967 daba a la Corte Suprema la facultad de “fallar también en única instancia en las causas de responsabilidad seguidas a denuncias o querella contra los Agentes Diplomáti- cos y Consulares, los Comisarios Demarcadores, Prefectos de Departa- mento y Superintendentes Departa- mentales de Minas, Rectores de Universidades, VOCALES DE LAS CORTES SUPERIORES, Fiscales de Gobierno y de Distrito y, en general, contra los altos funcionarios con jurisdicción nacional que señala la ley, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”.

Para completar aún más este esquema, el artículo 128 de la Constitución que analizamos decía: “Es atribución de las CORTES DE DISTRITO, fuera de las señaladas por ley, la de JUZGAR, sea individual o colectivamente, a los Alcaldes y miembros de los Concejos Municipales, Subprefectos, JUECES y Fiscales de Partido, JUECES AGRARIOS Y DEL TRABAJO, así como a otros funcionarios que determine la ley, por delitos que cometan en el ejercicio de sus funciones”.

No debe olvidarse que, además, se ha dictado varias leyes especiales en torno al mismo tema. Así ha ocurrido con las leyes de 31 de octubre de 1884 y de 23 de octubre de 1944 sobre los procesos referidos a los altos dignatarios de Estado y la Ley de 7 de noviembre de 1990, proceso referido a magistrados de la Corte Suprema.

Del análisis que hemos efectuado hasta este punto, queda claro que existía un determinado esquema (bueno o malo, es otra cosa). Pero, al menos, de forma bastante completa y con el necesario criterio se dictó disposiciones legales que comenzaron por los textos constitucionales, destinadas a diseñar un esquema preciso con referencia a este tema, que, como adelantábamos, se había planteado prácticamente desde la fundación de la República.

Sin embargo luego vienen, fundamentalmente la nueva Constitución Política del Estado, promulgada en 7 de febrero de 2009, y la Ley del Órgano Judicial de 2010 –que se obligaba a concordar con la anterior– y aquel esquema, en buena medida, desapareció.

Ahora se traba de “resucitarlo” solo en cuanto a los JUECES. No hay lógica. Es que el esquema que hemos descrito solo merece un análisis de carácter integral. No se puede llegar a conclusiones y normas específicas hablando únicamente de jueces.

Hemos visto que el esquema vigente hasta hace poco era completo en cuanto a los diferentes funcionarios públicos (no solo jueces), quienes deberán estar dentro del esquema. Lo demás es erróneo.

Es abogado, ensayista y analista de la constitucionalidad.

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