La Gaceta Jurídica

Enraizada corrupción

…esos 71 millones han sido presuntamente desviados a cuentas personales de dirigentes de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz y la Confederación Indígena del Oriente Boliviano…

Editorial

00:00 / 20 de marzo de 2015

Una de las acciones para destacar en el frente de la lucha contra la corrupción y contra el aprovechamiento de las instituciones es la conocida la semana pasada cuando Jesús Aguirre Galindo, representante legal de la empresa unipersonal AG.Com-Aguirre Galindo Consultora Constructora Comercial, fue sentenciado a dos años en el penal de San Pedro de la ciudad de Oruro por el daño económico al Estado de 1.945.740 bolivianos.

La acusación en contra de esta persona fue por el delito de incumplimiento de contratos, denuncia presentada por el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción el 9 de mayo de 2012 debido a que el municipio de Curahuara de Carangas de ese departamento confió a esa compañía la construcción del Dique para sistema de riego sobre el río Crucero, entregando el 40% como primer desembolso, pero las obras no fueron realizadas.

Si bien el tema mereció un lapso largo para la emisión del fallo judicial, se trata de una acción que sentará precedente para que no se intente actos de ese tipo, los cuales, “a decir a tientas”, no son extraños en la historia de los últimos 60 años del país, también debe ser antecedente para que otros casos actuales y de grandes dimensiones terminen en el esclarecimiento adecuado y, si es pertinente (como se supone lo será), con la sanción apropiada a las personas responsables.

En esta perspectiva nos referimos a lo que sucede con el Fondo Indígena, entidad que desde el 12 de febrero es investigada debido a que la Contraloría denunció un daño económico al Estado por 71 millones de bolivianos por la no ejecución de 153 proyectos. La acusación presentada ante la Fiscalía se refiere a varios delitos contra personas encargadas de esa entidad.

Mientras las investigaciones continúan, el gobierno ha determinado que como parte del plan de reestructuración el Fondo Indígena pasará a ser administrado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y dejará de ser ente autónomo y así precautelar de hechos de presunta corrupción como los denunciados.

De hecho, el esclarecimiento y sanción son insoslayables, debido a que la falta de ejecución de proyectos en varios puntos del país implica que esos 71 millones han sido presuntamente desviados a cuentas personales de dirigentes de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, la Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz y la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (Cidob), quienes habrían incurrido en delitos de legitimación de ganancias ilícitas, contratos lesivos al Estado, malversación, corrupción y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, además de otras figuras.

Las principales denuncias contra personas ligadas al fondo de marras es el desfalco de 71 millones de bolivianos por los proyectos no ejecutados, el desembolso de unos 600.000 bolivianos para la construcción de un criadero de cerdos en Beni, el desembolso en 2011 de más 500.000 bolivianos para una carpintería no construida en Ixiamas (departamento de La Paz), la pérdida de 320 millones de bolivianos recibidos entre 2005 a 2010 para el Fondo Indígena sin que existan proyectos para invertir y el manejo de 1.000 millones de bolivianos por parte de la presidenta de la Cidob. Como se ve, las dimensiones son muy grandes igual que la necesidad y justicia para que todo sea aclarado.

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