La Gaceta Jurídica

Escaso desarrollo legislativo del Derecho Procesal Administrativo

Apunte legal - (Parte II)

Alan Vargas Lima

00:00 / 02 de junio de 2015

En 2005, el autor boliviano Walker San Miguel escribió una obra especializada sobre De- recho Administrativo Sancio- nador (acaso la primera publicación sobre esta materia en Bolivia), en cuyo contenido, y a tiempo de exponer algunas ideas sobre el procedimiento administrativo sancionador, insertó un acápite especial para referirse a la existencia del Derecho Procesal Administrativo.

Ésta, según el autor, es una disciplina que incorpora en su estudio y normativización no solo los procedimientos constitutivos de la voluntad administrativa, sino los procedimientos recursivos o de impugnación en sede administrativa, al proceso contencioso-administrativo o vía de impugnación en sede judicial y, finalmente, a los procedimientos de ejecución. Todos ellos, en conjunto, forman parte de esta rama jurídica en constante desarrollo (Cfr. Walker San Miguel, Derecho Adminis- trativo Sancionador. La Paz, Bolivia, Plural Editores, 2005, Pág. 85).

Entonces, es perceptible que dicha disciplina, además de su necesario desarrollo doctrinal adecuado, merece un tratamiento legislativo serio y objetivo, lo cual solo es posible a través de la adopción de un cuerpo legal que, acentuando las virtudes y superando las falencias o limitaciones de la legislación administrativa existente hasta el momento en Bolivia, sistematice todos los aspectos generales que son mínimamente indispensables en cualquier tipo de procedimiento a seguir ante las entidades de la Administración Pública y que, por ende, pueda ser válidamente aplicable a nivel nacional, departamental o municipal, es decir, que pueda utilizarse de forma supletoria en las Entidades Territoriales Autónomas, dado que las mismas, en atención a sus potestades legislativas, constitucionalmente establecidas, podrán elaborar sus propios procedimientos administrativos y reglamentarlos a nivel interno.

Ello equivale a decir que es necesaria la elaboración de un Código Procesal Administrativo (que también podría ser denominado Código de Pro- cedimientos Administrativos, considerando su amplia diversidad en diferentes instancias administrativas), que establezca los principios que rigen la actividad de las entidades públicas del Estado, y que instituya las autoridades administrativas encargadas de llevar adelante el procedimiento administrativo en todas sus etapas, hasta su conclusión, señalando, además, las reglas de procedimiento conforme a las cuales se debe peticionar y hacer valer las pretensiones de los administrados.

Lo anterior, implica la ineludible necesidad de adoptar un Código especializado en materia administrativa, que en mi criterio, básicamente, debería estar estructurado en las siguientes partes:

a) Parte orgánica, en cuyo desarrollo se debe detallar la estructura organizacional de la Administración Pú- blica (a nivel nacional, departamental y municipal) definiendo específicamente los órganos, las autoridades y/o instancias administrativas competentes para conocer y resolver la impugnación de actos emitidos en sede administrativa, vale decir, los recursos administrativos contra actos administrativos de carácter definitivo, emitidos por autoridades públicas, señalando expresamente:

i) que ante los actos emitidos sin competencia, debe acudirse a la jurisdicción constitucional a través del recurso directo de nulidad, y;

ii) que ante el agotamiento de la vía administrativa, el administrado queda habilitado para la interposición de la respectiva demanda contencioso-administrativa en sede judicial.

b) Parte Procesal que debe definir las causales de nulidad y otras circunstancias hipotéticas en que los administrados pueden reclamar la vulneración de sus derechos en sede administrativa a través de la interposición de los Recursos Administrativos, estableciendo, básicamente, las condiciones de procedencia y plazo de presentación (en días hábiles administrativos) del Recurso de Revocatoria y Jerárquico, así como sus posibles formas de Resolución y los casos de improcedencia reglada de dichos recursos.

Todo ello en resguardo de los derechos a la impugnación y a la doble instancia a favor de los administrados, sin descuidar los alcances del Principio de Informalismo que debe regir durante el transcurso de todo el procedimiento y las reglas del debido proceso administrativo que deben observar las autoridades administrativas encargadas de llevar adelante el mismo, en consonancia con los avances de la jurisprudencia constitucional vinculante y obligatoria para todas las autoridades públicas y los particulares.

En este sentido, cabe precisar que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, el debido proceso administrativo debe ser entendido como el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que mínimamente se garantice al administrado infractor, el conocimiento oportuno de la sindicación que se le atribuye, con relación a una falta o contravención que presuntamente hubiese cometido y que esté previamente tipificada como tal en norma expresa, para que pueda estructurar adecuadamente su defensa, ser debidamente escuchado, presentar pruebas y alegatos, desvirtuar e impugnar en su caso las de contrario, la posibilidad de ser juzgado en doble instancia, y cumplido todo lo cual, recién imponerle la sanción que se encuentre prevista para la falta, quedando así a salvo del arbitrio del funcionario o autoridad (Cfr. Sentencia Constitucional Nº 0448/2010 de 28 de junio de 2010, reiterada por la Sen- tencia Constitucional Nº 2893/2010-R de 17 de diciembre de 2010).

c) Control Judicial que debe regular de forma concreta y específica los requisitos para la instauración del proceso contencioso-administrativo, estableciendo con claridad las autoridades competentes para conocer y resolver dicha demanda judicial, las condiciones de procedencia y plazo de presentación de la misma, así como las formas en que puede resolverse y los alcances que tendría la decisión judicial, debiendo considerarse inclusive la necesidad de que se regule expresamente las medidas precautorias necesarias para evitar la vulneración de los derechos de los administrados.

De acuerdo a estas bases elementales para la construcción del Código, es posible abordar los contenidos mínimos de dicho cuerpo legal con un orden sistemático adecuado, es decir, lograr la confección de un Código especializado en materia administrativa, a fin de procurar un avance legislativo en nuestro país, significativo y, a la vez, favorable a los derechos de los administrados consagrados en la Constitución, a fin de atender con mayor prontitud sus constantes peticiones y eventuales reclamaciones.

Todo ello coadyuvará a consolidar la codificación del Derecho Procesal Ad- ministrativo en Bolivia, conforme a la tendencia que ha comenzado a manifestarse con algunos notables ejemplos a nivel latinoamericano (es el caso del Código de Procedimiento Administra- tivo y de lo Contencioso-Administrativo aprobado en Colombia en 2011).

Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia