La Gaceta Jurídica

España e Hispanoamérica: Comunidad histórico-jurídica 1812-2012

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La Gaceta Jurídica / Mónica Nicoliello

00:00 / 14 de agosto de 2012

Las Constituciones nacionales de España y América tienen una matriz común: la Constitución de 1812 y tienden a integrar normas de Derecho internacional.

“No fueron unos ‘aventureros’ los 60 diputados americanos que viajaron –sorteando mil y un peligros– desde América a una ciudad sitiada como Cádiz, como también se ha escrito. Les impulsó, les motivó algo especial, único, quizá la certidumbre de que estaban protagonizando un momento histórico (...) Porque marchar a una ciudad asediada, a una península ocupada, a una Europa en guerra, requirió de una ilusión heroica difícil de historiar pero de obligada referencia y de mayor complejidad que ciertos simplismos históricos referidos hasta aquí”, Manuel Chust, “La Constitución de 1812 y América”, El País, 21/04/2012.

La matriz constitucional de España y América

Que el contenido de las constituciones de España e Hispanoamérica no sólo responde a criterios comunes, sino que hasta los legisladores son por momentos los mismos, es algo que rompe los ojos. La Constitución de la Nación española de 1812 consagra lo que era y probablemente sigue siendo un hecho, la existencia de una Comunidad histórico-jurídica, es decir, un conjunto de tradiciones históricas, políticas y jurídicas comunes, y, además, con características de Comunidad nacional, lo cual supone una herencia cultural común, empezando por la lengua castellana y que, al mismo tiempo, no excluye singularidades:

“La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios (españoles europeos y españoles americanos)” (Título I, Capítulo I, artículo 1).

Doscientos años después y luego de haber transitado por todas las reformas constitucionales posibles a lo largo de los siglos XIX, XX y XXI, la Constitución de Uruguay, de 2009 sigue diciendo lo mismo, sólo que “nacionalizado”:

“La República Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los habitantes comprendidos dentro de su territorio” (Sección I, “De la Nación y su soberanía”, Capítulo I, artículo 1).

El artículo segundo del Capítulo I, Título I de la Constitución de 1812 dice: “La Nación española es libre e independiente y no es, ni puede ser, patrimonio de ninguna familia ni persona”. Y doscientos años después la Constitución uruguaya de 2009 lo que hace es desglosar ese artículo en otros dos.

Ella es y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero” (artículo 2, Capítulo I, Sección I). “Jamás será el patrimonio de persona ni de familia alguna” (artículo 3, Capítulo I, Sección I).

Punto sensible, ¿soberanía nacional versus derecho de propiedad?

Pero el artículo tercero del Capítulo I, Título I de la Constitución de Cádiz de 1812 define un concepto trascendente del cual estamos hablando todo el tiempo, al menos en América: la soberanía, y dice:

“La soberanía reside esencialmente en la Nación y, por lo mismo, pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales”.

Y la Constitución uruguaya de 2009 establece en su artículo 4, Capítulo II: “La soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación, a la que compete el derecho exclusivo de establecer sus leyes, del modo que más adelante se expresará”.

A continuación, ambas constituciones pasan a un tema hoy sensible, la vigencia de los derechos individuales y las razones de interés general. Dicen:Constitución de Cádiz, artículo 4: “La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad, y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen”. No se indican límites al derecho de propiedad. Pero sí lo hace la Constitución de 1837, cuyo articulado también fue recogido por la Constitución de Uruguay y que dice:

Constitución española de 1837, artículo 10: “No se impondrá jamás la pena de confiscación de bienes, y ningún español será privado de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad común, previa la correspondiente indemnización”.

La Constitución de Uruguay se hace eco de esta salvedad cuando dice: “Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos, sino conforme a las leyes que se establecen de interés general” (Sección II, “Derechos, deberes y garantías”, Capítulo I, artículo 7).

La Constitución de la Nación Argentina de 1994 introduce la misma salvedad, pero diferenciando expropiación de confiscación: “La propiedad es inviolable y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada (...). La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal Argentino (...)”, artículo 17, Preámbulo, Primera Parte, Capítulo I.

Constituciones nacionales y el Derecho internacional

En la actualidad, los países admiten que ciertas normas de Derecho internacional, inspiradas en tratados internacionales, tengan rango constitucional.

La Constitución uruguaya incluso tiene previstas las instancias de arbitraje internacional:

“En los tratados internacionales que celebre la República propondrá la cláusula de que todas las diferencias que surjan entre las partes contratantes serán decididas por el arbitraje u otros medios pacíficos. La República propondrá la integración social y económica de los Estados Latinoamericanos (...)”,artículo 6, Sección I, Capítulo IV.

En síntesis: a tres meses de la XXII Cumbre Iberoamericana

Las tradiciones jurídicas del Río de la Plata emanan de las españolas. Los Estados reconocen, progresivamente, las normas de Derecho internacional como normas con rango constitucional. Qué mejor homenaje a los constituyentes de 1812 que consensuar, en 2012, una serie de normas de Derecho iberoamericano, con rango constitucional para cada país, capaces de garantizar, al mismo tiempo, la seguridad jurídica para las empresas y las soberanías nacionales en un mundo que está, irreversiblemente, globalizado.

*    Es Profesora de Historia y titulada en Ciencias de la Educación y Ciencias Históricas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.

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