La Gaceta Jurídica

Estatutos y autonomía departamental

Realidades jurídicas

Gabriel Peláez G.

00:00 / 01 de mayo de 2015

De tanto en tanto, la propia suerte y el futuro del país parecen depender de algún acontecimiento o un suceso determinado, pero, finalmente, y en forma por demás lamentable, nos llamamos a engaño.

Así está ocurriendo en este momento con los llamados Estatutos Autonó- micos para los Gobiernos Departa- mentales, los que, supuestamente, estarían destinados a la consolidación definitiva de los gobiernos departamentales AUTÓNOMOS, y colocamos este último término en letras mayúsculas.

En nuestra normativa vigente, la Constitución Política del Estado (cpe) solo hace una primera y ligera referencia al tema, en su artículo 278, inciso II, al decir: “…los Estatutos Auto- nómicos definirán su aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su jurisdicción” (se refiere a la elección de asambleístas departamentales).

Pero el artículo 297 dice que el tipo de competencias serán cuatro: “Pri- vativas (…) reservadas para el nivel central del Estado. Exclusivas (…) en las que un nivel de gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva (…)”.

Concurrentes, cuando la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente, las facultades reglamentaria y ejecutiva. Y compartidas, sujetas a una legislación básica, de la Asamblea Legislativa Plurinacional y cuya reglamentación y ejecución corresponderá a las entidades territoriales autónomas.

Los artículos siguientes desarrollan cuáles son, en concreto, aquellas competencias. El artículo 298 se refiere a las del nivel CENTRAL del Estado (Privativas, inciso I). En el inciso II están las competencias exclusivas del nivel central.

El artículo 299 legisla sobre las competencias compartidas entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas (inciso I). El inciso II se refiere a las competencias concurrentes entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. El artículo 300 a las competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos.

En cambio, el texto de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización legisla más sobre temas orgánicos y formales, incluyendo el esquema que tiene que ver con todo el trámite que es pertinente a la aprobación de los Estatutos Orgánicos Departamentales.

Reiteramos lo dicho antes. El tema de los estatutos orgánicos apenas ha sido objeto de interés por la cpe. Muy de paso. Pero el texto constitucional ha hecho una detallada referencia a la parte COMPETENCIAL que, como veremos, debe ser inevitablemente parte de los textos estatutarios.

En cuanto a la aprobación de estos últimos intervienen la Asamblea Legis- lativa Departamental, el Tribunal Cons- titucional y, luego, se prevé un referéndum.

Este esquema final nos parece una exageración.

Nos preguntamos, ¿qué podría añadir de nuevo el Estatuto como norma reglamentaria al texto de la Constitución o al de una Ley Básica?

Por eso hacíamos referencia concreta al tema de las COMPETENCIAS, porque éste forma parte del texto constitucional. No es posible cambiar nada, por eso el Gobernador electo de La Paz decía que el proyecto de estatuto para ese departamento constituye una copia de los textos constitucionales y legales referidos al tema autonómico.

Pero, existe otra interrogante que es básica. ¿Va a cambiar el actual panorama sobre las autonomías de parte del Gobierno central? O sea, ¿éste, de buenas a primeras, va a pasar a convertirse en un ardiente defensor de la autonomía?, ¿va a dejar sus posturas presidencialistas y centralistas? Pues, NO.

No nos hagamos ilusiones. Ni las revisiones del Tribunal Constitucional ni el resultado del referéndum van a conducirnos a ningún cambio.

Preguntémonos ahora, ¿quiénes decidirán si el texto del respectivo estatuto orgánico será o no aprobado? Pues los ciudadanos y votantes comunes, los que sufragan en toda elección.

De nuevo, por lo tanto, la pregunta de rigor. Frente al texto en detalle de ese Estatuto, cualquiera que sea, con el número de artículos que aquél tenga, ¿tendrán aquellos ciudadanos de siempre la capacidad de análisis para decidir qué articulado es bueno, regular o malo, por ejemplo, para Chuquisaca? Además, ¿podrán hacerlo luego de una tarea comparativa con nuestro ordenamiento legal y con otros estatutos? Es una tarea poco menos que imposible.

Ustedes dirán que “en las elecciones normales se vota nomás sin saber mucho”. Es cierto que se vota por muchas cosas a ciegas, pero, al menos, estamos hablando de “elecciones” o sea que ESCOGEMOS A UNO EN LUGAR DE OTROS. En el caso que nos ocupa, en realidad, no hay ELECCIÓN, o sea que se APRUEBA O SE DESCARTA UN TEXTO REGLAMENTARIO, que es, además, el último en jerarquía de un conjunto normativo referido a los gobiernos departamentales autónomos.

No se trata de conseguir la vigencia de normas aisladas. Para dar un solo ejemplo, ustedes recordarán el tremendo lío que se armó aquí (Sucre) y que culminó en los trágicos sucesos de La Calancha. En el tema de la capitalidad, ¿qué se logró finalmente para el distrito? Pues, NADA DE NADA. Seguimos siendo la CAPITAL CONSTITUCIONAL DEL PAÍS.

Y este TÍTULO, ¿nos sirve de algo? Desde luego, ¿de algo efectivo? Reite- ramos que, a más de tener la Sede del Órgano Judicial y del Ministerio Público, para muy poco más. Sucre se nos muere.

Nos preguntamos. ¿En aquel famoso Estatuto Orgánico habrá un capítulo sobre el tema? Pues, que sepamos, no existe ninguno ni se ha planteado incluirlo con el argumento de que se trata de un tema “muy complicado” y podemos obtener el enojo de La Paz. Entonces, ¿para qué sirve el famoso Estatuto?

Es abogado, ensayista y analista de la constitucionalidad.

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