La Gaceta Jurídica

Estilo inadecuado e imprecisión conceptual en el Código Procesal Civil

El Señor Justicia

Carlos Conde Calle

00:00 / 17 de julio de 2015

Recientemente estuvimos visitando Ecuador y asistimos al seminario sobre Integración en América Latina, evento organizado por la Universidad Andina, y durante el desarrollo de una clase tocamos un concepto fundamental: la imparcialidad.

Ocurrió que el profesor, haciendo referencia al Tribunal Andino de Justicia, sostuvo que éste debía ser IMPARCIAL. El conjunto de nosotros estuvo de acuerdo con aquella palabra, pero tuvimos diferencias en el concepto, es decir, ¿qué significa la imparcialidad?

Uno de los alumnos y proyectista del actual Código Procesal Civil (cpc) dijo que entendía por imparcialidad a la posibilidad de que un órgano superior debía decirle al juez que se comporte de forma imparcial, a lo que nosotros replicamos que el concepto no era adecuado debido a que un órgano no puede decir que un magistrado se comporte con imparcialidad.

Pero, no hemos encontrado el concepto adecuado y creemos que ese término constituye una conducta procesal que permite al juez tomar distancia casi absoluta de las partes, así como a no comprometerse con ninguna de ellas para favorecer a una en detrimento de la otra, es decir, el concepto ingresa en el campo moral; también posibilita que el juzgador no permita que alguna de las partes se aproxime a él o ella.

El concepto puede ser discutible, sin embargo, esto es estudiado por la ética, valioso componente de la filosofía que puede ser positivado. Para que aquello ocurra debíamos encontrar un concepto más preciso para entender el término imparcialidad. Al final, el debate quedó inconcluso.

No cabe duda que, como sostiene en su último libro Jorge Echazú Alvarado –a propósito de Sócrates–, el universo de la ciencia evoluciona o involuciona merced al manejo preciso y adecuado de los conceptos. El ncpc adolece de un manejo preciso de éstos, que no es lo mismo que definir.

Constituiría gravísimo error que los códigos y leyes contengan definiciones, ya que éstas encierran conceptos acabados y completos en tiempo y espacio, pese a que los intelectuales puedan desafiarse para construir la mejor definición de alguna institución jurídica, que esté de acuerdo a las filiaciones doctrinales y hasta a las posiciones ideológicas.

Los conceptos son aproximaciones al objeto representado por significantes, nos ayudan a comprendernos mejor. Un concepto de hecho es descriptivo debido a que muestra la mayor cantidad de atributos del objeto material o inmaterial que queremos representar, ya que la presentación se la hace con signos, es decir, palabras.

En ese contexto, los códigos encierran conceptos, los cuales pueden ser descriptivos, pero, fundamentalmente, prescriptivos.

Uno de los elementos que caracteriza al Derecho es la capacidad de ejercer coerción estatal sobre la base de códigos y leyes, consiguientemente, prescribe u ordena una conducta o conjunto de acciones, por lo que esas conductas deben adecuarse a un concepto prescriptivo.

Si por “imparcialidad” entendemos que un órgano, por encima del que juzga, controla los actos jurisdiccionales y ese es el concepto positivado, así será. No se puede discutir la norma.

Se dirá que el concepto es inadecuado, pero la ley es la ley y debe cumplirse; no obstante, epistemológicamente, ese dispositivo es impreciso y raya en la vaguedad conceptual; por eso, el concepto debe ser construido con cuidado, y eso no tiene nada que ver con la ley, sino con una ciencia particular como es la Lingüística o, para ser más precisos, con la Semántica que dio lugar a la Semiótica.

Desde el campo de la Gramática, los conceptos deben consultar las reglas de la morfosintaxis, ausentes en el ncpc.

Veamos algunos errores en este Código, en su art. 1, núm. 7, sostiene que “la publicidad exige como condición indispensable la difusión de la actividad procesal, salvo que la autoridad judicial decida lo contrario cuando la Ley lo determine”; éste es un ejemplo de redacción imprecisa. En el art. 9 del Código Modelo para Iberoamérica se observa un mejor estilo y precisión: “…todo proceso será de conocimiento público, salvo que la ley disponga lo contrario o el tribunal así lo decida, por razones de seguridad, de moral o de protección de la personalidad de alguna de las partes”.

El ncpc afirma en el art. 1, núm. 10 que “la economía del tiempo procesal está edificada sobre un conjunto de institutos orientados a conseguir una pronta solución de las contiendas judiciales, impidiendo la inercia de las autoridades judiciales, partes, abogadas y abogados, y servidores judiciales. El juez no podrá aplazar una audiencia o diligencia ni suspenderla por razones que expresamente autorice el presente Código”.

Este último es un párrafo que pudo haber sido dividido en tres oraciones. Los autores deben explicar qué quisieron decir con “inercia” de las autoridades jurídicas; entonces, desde el campo semántico, ¿inercia e inacción significan lo mismo?

En la primera parte del texto se utiliza palabras que abultan el texto y no ayudan a encontrar un concepto limpio, empero en el Código Modelo para Iberoamérica se advertirá que el concepto es preciso y claro; escapa a las palabras que no dicen nada. El art. 3 dice: “promovido el proceso, a. Tribunal tomará de oficio las medidas tendientes a evitar su paralización y adelantar su tramite con la mayor celeridad posible” (sic).

El estilo exige que las palabras sean ubicadas en el lugar donde correspondan. No existen sinónimos absolutos, siempre hay matices; depende cómo utilicemos los significantes. Los pocos artículos reescritos por nuestros proyectistas adolecen de un manejo conceptual preciso y tienen estilo vulgar y lenguaje rebuscado que afecta y quita belleza al texto.

Son pocos los artículos “originales”, el resto fue copiado del Código Modelo para Iberoamérica y del anteproyecto de cpc de 1997 del ministro de Justicia René Blattmann.

El artículo 58 del Código Modelo sostiene: “quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial, a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse desfavorablemente si dicha parte es vencida, para intervenir en el proceso como coadyuvante de ella”.

Los proyectistas del ncpc copiaron este acápite y lo resituaron como art. 54: “quien tenga con una de las partes una relación jurídica sustancial a la que no deben extenderse los efectos de la sentencia, pero que pueda verse afectada desfavorablemente si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella”.

Estos errores tienen que ver con dos frentes. a) Nuestros proyectistas no tienen formación en redacción ni estilo, deberían buscar asesoramiento de un especialista. La Facultad de Derecho no tiene una asignatura de redacción judicial, quizá eso los releve de culpa.

b) Cuando un intelectual escribe, la honestidad científica exige citar las fuentes primarias o secundarias y como nuestros proyectistas no escribieron un libro creyeron que se puede copiar a terceros. Por ejemplo, el Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica fue planeado y discutido por más de 30 años.

Nosotros hemos escrito el libro Periodismo Judicial y, al existir textos parecidos, citamos la fuente principal y las secundarias, ya que no podemos apropiarnos de ideas ajenas. Esto es honestidad intelectual.

Esperamos que los proyectistas, César Villarroel y Andrés Valdivia, en el futuro citen las fuentes. ¿Qué pasaría si escribo y tomo como fuente los trabajos de ellos?, con seguridad se molestarían. Por eso, creemos que deben una respuesta a Mario Cordero Miranda y Enrique Díaz Romero.

Es experto en Derecho Privado.

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