La Gaceta Jurídica

Estimaciones dogmáticas y repercusiones jurídicas

La solución pacífica de conflictos entre Estados puede activarse a través de dos mecanismos convencionales: por vía diplomática (negociación directa, mediación, conciliación y otras conexas) y vía jurisdiccional (acción judicial o arbitraje), ambas contempladas en el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá.

La demanda de Perú ante de La Haya estuvo respaldada por “la fuente tratados y convenciones”.

La demanda de Perú ante de La Haya estuvo respaldada por “la fuente tratados y convenciones”. Foto: agoraabierta.lamula.pe

Mijhail Pavel Pardo Lafuente

00:00 / 01 de abril de 2014

Estas opciones están regidas por el principio de “libre elección de los medios”, un requisito del Derecho Internacional que puede (si un determinado caso lo amerita) obstaculizar la resolución de una controversia cuando una de las parte se rehúsa a resolverlo dejando a la otra en franca indefensión, salvo que exista entre las mismas una obligación convencional de incuestionable suficiencia legal que las constriña a solucionar la divergencia en función al mecanismo que libremente hubiesen concertado.

En tal entendido, si el medio acordado por las partes fuese de naturaleza jurisdiccional, la acción judicial o de arbitraje debe estar precedida por un pacto suscrito entra las partes, cual implique un compromiso férreo de solucionar la discrepancia por medio de la vía estipulada. El consentimiento confiere jurisdicción al tribunal y permite iniciar formalmente el proceso.

Así, la sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia de la Haya (cij), máximo Tribunal de deliberación jurisdiccional de la Organización de Nacional Unidas (onu), en la discordancia marítima Perú-Chile instauró un antecedente jurídico sin parangón habiéndose otorgado con satisfacción el 75% de la demanda al Estado recurrente (Perú) en las pretensiones limítrofes que éste pregonaba.

21.898 km2 del denominado triángulo interior (57,3% del total) y el 100% de los 28.356 km2 del triángulo exterior corresponden actualmente a soberanía peruana. Estas dimensiones geográfi- cas-marinas constituyen 50.284 km2, equivalentes al doble del territorio Belga en la Unión Europea.

El Fallo presentó el voto de la sala sobre 5 materias: 1. iniciar el límite con el paralelo (15 a 1), 2. Comenzar en el Hito 1 (15 a 1) 3. Extenderlo por 80 millas (10 a 6, con Tomka, presidente del Tribunal, situado en la minoría) 4. Trazar a partir del punto de inicio la equidistancia hasta las 200 millas náuticas efectivas (10 a 6) y 5. No pronunciarse sobre el pedido peruano de hacer explícito su dominio sobre el triángulo exterior, puesto que ya se implementa en el nuevo mapa (15 a 1).

Las opiniones discrepantes completan, sin embargo, un debate más profundo. Es así que, en la variabilidad argumental del Diferendo no se puede afirmar que tal o cual postura de uno de los Estados tuvo mayor solidez en cuanto al discurso argumentativo ante la Corte (al margen de las apreciaciones legales y/o políticas de la Sentencia) que la de su contraparte, ello en razón de la ausencia de jerarquía en el Derecho Internacional.

El significado de la variabilidad argumental es que el análisis permite comprender las dos posturas y demostrar si poseen o no asidero y fortaleza. La determinación se ejecuta con las posturas oficiales de ambos Estados y los alcances de los tratados entre las partes.

Tal asidero y fortaleza son variables debido a la condición natural del dinamismo interpretativo y arbitrario que detenta el Derecho (por ejemplo, la dinámica jurídica kelseniana). En consecuencia, las variables independientes permiten definir la variabilidad argumental y así avizorar los posibles escenarios en cualquier contexto jurisdiccional de carácter resolutivo (cij).

En el caso de la demanda de Perú ante de La Haya, se estableció que su argumento central en el área jurídica internacional estaba respaldada “en la fuente primaria: tratados y convenciones”, sosteniendo la inexistencia de éstos que reconozcan una frontera y/o límite marítimo.

En el caso chileno, su defensa sobre el argumento jurídico de Perú apuntalaba a que los tratados y acuerdos firmados otorgan una costumbre sistemática y generalizada a lo largo del tiempo y respetadas por ambos Estados que otorgan soberanía de manera tácita.

Correlativo con lo anterior, la narrativa del fallo asevera que, si bien los documentos de 1947 y 1952 no constituyen acuerdos limítrofes, presentan elementos en dirección a configurar un parámetro pactado, lo que se materializa en el “acuerdo tácito” explicitado por Perú del breve “convenio sobre una zona especial fronteriza marítima” de 4 de diciembre de 1954. Esta señala: “el paralelo que constituye el límite marítimo entre ambos países”, en concordancia al razonamiento jurídico de la Corte en apoyo a un acuerdo tácito de delimitación marítima, definido como jurisprudencia en otro caso, el de Nicaragua vs Honduras, cuya Sentencia de 8 de octubre de 2007 instituyó la figura del “estándar de prueba” en procura de una delimitación fronteriza exacta, inclinándose con significativa apertura al discurso argumentativo peruano, cuya resultante constató los presupuestos enunciados.

Con todo, el fallo no determinó las coordenadas del límite marítimo, pero preciso sus extremos: Punto A, (donde termina la línea del paralelo en las 80 millas). Punto B (donde la línea de equidistancia entre ambas costas nace desde el punto A hasta el final de las 200 millas chilenas). Punto C (donde las 200 millas de Perú y Chile se interceptan).

Por definición, el trazo de la línea de equidistancia entre los puntos A y B identifica los puntos de mayor proximidad a la costa de ambas jurisdicciones. La metodología fue determinada por la Corte en base a puntos contribuyentes en la costa de ambos Estados, correspondientes en las líneas de base de Perú de 2005 y Chile de 1997, dos en la costa peruana y cinco en la costa chilena, respectivamente.

Las repercusiones generadas con la sentencia han desembocado en pronunciamientos por parte de las representaciones políticas y diplomáticas de ambos Estados en consonancia con el respeto y cumplimiento de las directrices que emanan de la misma, aunque matizadas desde ópticas evaluativas particularizadas.

Tal es el caso de la condicionante expuesta por Chile para el cumplimiento in integrum del fallo a una reforma constitucional en Perú, donde el dominio marítimo sobre las 200 millas de aquel Estado colisionaría con los derechos de la zona económica exclusiva que contempla la Convemar y que Chile cedería a Perú 21.000 km2 de extensión, de acuerdo a la sentencia de la Haya.

En el litigio Colombia vs Nicaragua la Corte estableció con acérrima puntualidad los límites marítimo-geográficos que permitiesen el desenvolvimiento de ambos Estados. No obstante, el gobierno de Colombia no aceptó el fallo (en claro desajuste con los estándares de resolución jurisdiccional regulados por la Corte y el Derecho Internacional) aduciendo que para modificar dichos limites, según la Constitución de ese país, debe celebrarse un tratado entre ambas naciones, por lo que el fallo ha sido declarado inaplicable, contrario sensu con lo establecido por la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados.

Éste establece que ningún país puede alegar una norma de ordenamiento interno para incumplir el Derecho Internacional, quedando infructuosa e inviable tal pretensión de modificación constitucional.

En conclusión, el dictamen de La Haya requerirá adecuar las líneas base en ambos países, cuya aprobación en los respectivos parlamentos puede contemplar cierto tiempo. Ahora viene su ejecución, lo que abre el determinante ciclo de su implementación en la historia de las relaciones diplomáticas en la región.

Es miembro del Instituto de Estudios Internacionales Idei-Bolivia.

Tomado de: Revista Digital Idei-Bolivia, año 4, Nº 76, febrero del 2014.

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