La Gaceta Jurídica

Estrategia demorada

…pedir ante la administración estadounidense una revisión de la decisión de no extradición o presentar el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), anuncio que fue analizado por el abogado Mayta en sentido que Washington no reconoce esta instancia, por lo que es necesario hacer una evaluación sobre las alternativas...

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 11 de septiembre de 2012

Cinco años después de iniciado el pedido de extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de dos de sus ex ministros hoy residentes en Estados Unidos, el gobierno de la potencia ha anunciado su decisión de no dar procedencia a esta demanda de Bolivia. Este anuncio conocido la semana pasada provocó rechazos y críticas en instancias de los órganos Ejecutivo y Legislativo, además en los representantes de las víctimas de la represión entre septiembre y octubre de 2003, cuando murieron 67 personas y más de 400 fueron heridas en las ciudades de El Alto y La Paz y en localidades como Warisata y Patacamaya.

El ex primer mandatario y gran parte de su gabinete fueron acusados por la Fiscalía de varias tipificaciones judiciales, entre ellas genocidio, homicidio y delitos contra la libertad, por lo que en junio de 2008 la todavía Corte Suprema de Justicia emitió el pedido de extradición contra Sánchez de Lozada y los ex ministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague; entre tanto, el juicio de responsabilidades iniciado por estos hechos está todavía paralizado debido a que es necesaria la presencia de los acusados en estrados del país, puesto que en la legislación nacional no es posible procesar a una persona en rebeldía.

Mientras que Rogelio Mayta, abogado de las víctimas, señaló a los medios de información que la Cancillería boliviana es pasiva y pide una acción diplomática, funcionarios de esta repartición de gobierno dejaron en claro que lo sucedido no significa un fracaso de la política exterior, porque en estos casos la Cancillería solamente es un canal y quienes redactan y establecen los argumentos de la solicitud son los abogados de las víctimas de la violencia de octubre de 2003 y la Fiscalía (La Razón 10-09-12).

Por otra parte la abogada de oficio de Sánchez de Lozada, Elizabeth Vargas, reiteró su protesta por la insistencia en la extradición debido a que presuntamente “la Fiscalía, desde que inició este proceso, dejó de lado el principio sagrado de la presunción de inocencia y desarrolló un juicio plagado de fallas legales que demostraron que existe subordinación del Poder Judicial ante el Ejecutivo”. Insistió en que el 2004 la comisión de fiscales a cargo de la indagación señaló que no existía materia justiciable y que los funcionarios habían cumplido las leyes para preservar el orden y la democracia. Además, observó que no haya convocado a los actores de “los levantamientos populares” para que declaren en el proceso.

Entre tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentra estudiando una estrategia para pedir ante la administración estadounidense una revisión de la decisión de no extradición o presentar el caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), anuncio que fue analizado por el abogado Mayta en sentido que Washington no reconoce esta instancia, por lo que es necesario hacer una evaluación sobre las alternativas a partir de la revisión minuciosa de la posición estadounidense. En el ínterin, se hace posible pensar que las actuaciones nacionales, de la Cancillería y de la parte acusatoria, no han estado enmarcadas en los posibles escenarios que iban a presentarse, de los cuales el más probable era el ocurrido; de este modo, el juicio permanece estancado con ciertos riesgos para su conclusión con fallos culminantes, demora que no es buena para la justicia nacional.

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