La Gaceta Jurídica

Estudios de Jurisprudencia Constitucional en Bolivia

En un nuevo libro editado por el Grupo Editorial Kipus, el abogado Alan Vargas Lima analiza varios temas de la Jurisprudencia Constitucional (jc) del país. Asimismo, el autor señala a La Gaceta Jurídica que el único propósito del volumen es coadyuvar al conocimiento y comprensión de este ámbito del Derecho en esferas académicas, sociales y en  el ejercicio de la abogacía.

El libro hace una recopilación jurisprudencial de los hitos importantes de la jurisprudencia del TCP.

El libro hace una recopilación jurisprudencial de los hitos importantes de la jurisprudencia del TCP. FOTO: derechoromanounivia.wordpress.com

La Razón (Edición Impresa) / La Gaceta Jurídica

00:00 / 17 de abril de 2016

¿Qué es la jc y cuál su importancia en el mundo?

Se entiende por JC a la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional (tc) al interpretar y aplicar la Constitución y las leyes –desde y conforme a la Constitución– cuando resuelve un caso concreto, creando subreglas o normas adscritas a partir de la extracción de normas implícitas o, en su defecto, de la integración o interrelación de las normas constitucionales.

Desde otra perspectiva –siguiendo las ideas del profesor José Antonio Rivera– se puede señalar que la jc es la parte de la sentencia emitida por el tc en la que se concreta el alcance de una disposición constitucional, es decir, donde se explicita qué es lo que la Constitución prohíbe, permite, ordena o habilita para un tipo concreto de supuesto de hecho, a partir de una de sus indeterminadas y generales cláusulas.

La importancia del estudio de la jc se ha amplificado a nivel nacional e internacional, como consecuencia del Diálogo Jurisprudencial que sostienen muchos tribunales constitucionales con la Corte Interamericana de Derechos Humanos CoIDH), por la marcada influencia que tiene el control de convencionalidad en las actividades jurisdiccionales de los órganos encargados del control de constitucionalidad en cada país. En muchos casos, el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp) ha seguido esa línea, por ello es indispensable el estudio de la jc generada en nuestro país.

¿Hasta qué punto se puede evaluar el desarrollo de la jc en Bolivia? Es decir, ¿tiene un buen nivel en comparación a la media mundial y regional?

Para una adecuada evaluación del desarrollo de la jc en Bolivia, es necesario examinar la evolución del tc desde sus inicios hasta el presente (desde su primera época, pasando por la de transición, hasta la plurinacional).

Con ello quiero decir que en la primera época del tc (1999-2007) existió intensa elaboración jurisprudencial –tal vez incipiente, pero muy novedosa–, lo que llamó la atención de muchos juristas en el exterior y que sirvió para que los abogados bolivianos nos involucremos en la nueva dinámica del control de constitucionalidad que se había implementado.

Sin embargo, la crisis institucional del tc afectó su desenvolvimiento y la producción jurisprudencial del órgano contralor de constitucionalidad disminuyó; existió, inclusive, un lapso en que este tribunal no tenía miembros, por ende, la justicia constitucional prácticamente había desaparecido.

Cuando se decidió reanudar las actividades de esta institución se inauguró un periodo de transición (2010-2011) que, si bien restableció la administración de justicia constitucional, se basó en las líneas jurisprudenciales y precedentes obligatorios establecidos años antes por la enorme utilidad e importancia de las sentencias, aunque ello no impidió que se produjeran algunas reconducciones o reformulaciones (mutaciones) de la jc para efectivizar la protección de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales.

Actualmente, a partir de la vigencia de la Constitución Política del Estado (cpe) de 2009 y a partir de la posesión de los magistrados constitucionales elegidos por voto popular, nos encontramos en la época del “Tribunal Constitucional Plurinacional” (2012), lo que implicó la res- ponsabilidad de interpretar y desarrollar las normas (axiológicas, dogmáticas y orgánicas) de la nueva Constitución.

En esa tarea se ha generado jurisprudencia muy interesante que, en muchos casos, ha servido para comprender el nuevo texto constitucional, aunque en otros se advirtió falencias y desaciertos evidentes en algunas resoluciones.

No obstante, el nivel de la jc boliviana no tiene nada que envidiar a la extranjera o a la interamericana, porque muchos de esos fallos y casos constituyen su fuente y fundamento esencial.

¿Qué son los estudios de jc en Bolivia?, ¿constituyen una disciplina de investigación en Derecho, son una iniciativa personal, una preocupación de los órganos del Estado como veta para el desarrollo del sistema jurídico nacional?

El estudio de la jc corresponde concretamente al ámbito del Derecho Jurisprudencial, que en el caso de Bolivia se acre- centó a partir de la vigencia de la cpe, dado que esta norma fundamental reconoce el carácter vinculante y el cumplimiento obligatorio de las sentencias constitucionales (con calidad de cosa juzgada constitucional), que en conjunto constituyen la jc vigente, cuya selección de temas en los ámbitos del Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Procesal Administrativo conforman el contenido de este nuevo libro, Estudios de Jurisprudencia Constitucional en Bolivia.

Se debe puntualizar que el Derecho Jurisprudencial, desde la perspectiva de la jc, es una nueva disciplina que requiere profundo análisis para mayor desarrollo a nivel académico, para que las autoridades que dirigen los órganos del Estado sean conscientes de la enorme tras- cendencia y efectos que tienen las sentencias constitucionales en el ordenamiento jurídico, en el marco del sistema plural de control de constitucionalidad.

¿Por qué –como autor de varios libros– Alan Vargas ha visto necesario abordar la temática de la jc en este nuevo volumen?

Para la elaboración de este nuevo trabajo –y como se explica en la introducción– se ha realizado un diagnóstico de la jurisprudencia y una revisión bibliográfica sobre su estudio y no se encontró más estudios de análisis objetivo sobre la jc generada en Bolivia, salvo por las “recopilaciones” jurisprudenciales que hasta ahora se han publicado y que, lamentablemente, carecen del rigor académico requerido para identificar la parte o las partes vinculantes de las sentencias constitucionales.

Tampoco ayudan a conocer, analizar y comprender la evolución y desarrollo jurisprudencial de determinadas temáticas o institutos jurídicos cuyo análisis fue abordado por el tc desde sus inicios hasta la época plurinacional.

Ante este panorama, considerando la cpe en su séptimo año de vigencia (2009-2016) y siguiendo el sendero señalado por insignes constitucionalistas bolivianos, quienes han dedicado parte importante de sus obras al análisis de las sentencias constitucionales del órgano guardián de la Constitución, surge la necesidad de realizar nuevos estudios acerca de la evolución y desarrollo jurisprudencial de determinadas materias e institutos jurídicos en el ámbito de la jurisdicción constitucional, vale decir, desde la perspectiva del control, defensa e interpretación de la Constitución, que ahora desarrolla el tcp en cada uno de sus pronunciamientos.

¿Cuáles son los principales ejes de este trabajo de literatura judicial especializada y del Derecho en Bolivia?

Este libro recoge ensayos escritos durante el Programa de Maestría en Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Mayor de San Andrés (umsa), versión 2013-2014, que fueron presentados en eventos académicos nacionales e internacionales y publicados en revistas jurídicas especializadas; esto imponía la necesidad de corregir y ampliar dichos trabajos para presentar una edición boliviana actualizada.

Los estudios jurisprudenciales reunidos en este libro abarcan temas de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Procesal Administrativo (este último muy poco desarrollado en el ámbito académico boliviano); ello con el propósito esencial de contribuir a la difusión y comprensión de la jc más relevante, establecida por el tcp en el último tiempo, sin descuidar el análisis de los precedentes establecidos por este órgano guardián de la Constitución.

El contenido de este trabajo está, en especial, dedicado a evaluar los siete años de la Constitución, esta vez desde las vicisitudes emergentes de su aplicación práctica en la realidad boliviana, reflejada en el conjunto de sentencias que conforman la jc; ello como muestra del trabajo del tcp, que, a través de distintos fallos, ha intentado desentrañar la voluntad del constituyente a partir de la literalidad de las cláusulas normativas de la Ley Fundamental.

¿Cuál es el resumen del contenido de este volumen?

Este trabajo abarca los principios ético-morales de la sociedad plural y el bloque de constitucionalidad en Bolivia, explicados a través de su intenso desarrollo jurisprudencial bajo el paradigma del “vivir bien”, que ahora constituye una pauta específica de interpretación intercultural de los derechos fundamentales, como lo ha señalado la jc.

Otro de los temas es el de la reelección presidencial en la Jurisprudencia del tcp, con especial referencia a la ilegítima mutación que ha sufrido la Constitución como consecuencia de una sui generis “Ley de Aplicación Normativa”, que tanta polémica y discusión ha suscitado en la Asamblea Legislativa y en varias partes del país; considerando que, en su oportunidad, el tcp, como órgano encargado del control de constitucionalidad, convalidó la mutación constitucional efectuada por la Asamblea Legislativa mediante una ley interpretativa, apartándose de la voluntad del constituyente y actuando en inobservancia del tenor del texto.

Uno de los temas novedosos es el referido al derecho a la propiedad privada y la expropiación. Se examina su naturaleza jurídica, su configuración constitucional, sus alcances en la legislación comparada y su desarrollo en la jurisprudencia constitucional, sin descuidar los criterios emitidos por la jurisprudencia de la CoIDH, cuyos pronunciamientos forman parte indispensable de nuestro bloque de constitucionalidad, debiendo considerarse que, en mérito del principio de la fuerza expansiva de los derechos fundamentales mediante la interpretación integradora, el tc ha integrado al bloque de constitucionalidad las declaraciones, tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos a los que se ha adherido, suscrito y ratificado el Estado.

Otro tema es el análisis del nuevo régimen codificado de los procesos constitucionales en Bolivia, como consecuencia de la aprobación del Código Procesal Constitucional que hace tres años rige la sustanciación y resolución de los procesos constitucionales que pueden tramitarse ante los jueces y tribunales de garantías constitucionales. La aprobación de esta normativa es consonante con el fenómeno de codificación del Derecho Procesal Constitucional que se produce a nivel latinoamericano.

En el marco de esta disciplina del Derecho, se examina la naturaleza jurídica y la configuración actual del Hábeas Corpus como “Acción de Libertad” en la Constitución boliviana, analizando sus características principales (informalismo e inme- diación) y haciendo énfasis en la posibilidad de la presentación oral de esta acción tutelar por mandato de la jurisprudencia vinculante, reseñando la clasificación doctrinal del hábeas corpus, aplicable a esta acción tutelar y los distintos ámbitos de protección determinados por la norma constitucional para la Acción de Libertad, todo de acuerdo al desarrollo jurisprudencial y las modulaciones que ha tenido este instituto jurídico desde su puesta en vigencia con la Constitución de 2009.

Finalmente, se realiza una recopilación jurisprudencial de los hitos más importantes de la jurisprudencia emitida por el tcp y que han coadyuvado al mejor conocimiento de los alcances de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo y su Reglamento, a fin de comprender la aplicación práctica del derecho a la petición, el debido proceso y el derecho a la defensa en el ámbito de la Administración Pública, a la luz de los Principios Generales de la Actividad Administrativa, haciendo especial referencia a su relevancia en el ámbito administrativo municipal.

¿Qué recomendaciones quedan para las instancias que se ocupan de la jc?

La jc debe interesar a todas las autoridades públicas y privadas, mucho más si se trata de sentencias constitucionales que tienen importancia en materia de protección de derechos humanos, pues, a partir de esa jurisprudencia, las autoridades públicas deben dar aplicación práctica y real a los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos.

También ayuda a que los ciudadanos y ciudadanas conozcan y comprendan el alcance y límites de sus derechos fundamentales reconocidos constitucional- mente. Se debe tener presente que el constituyente ha incorporado a la Constitución normas expresas que integran dichos instrumentos internacionales al bloque de constitucionalidad (art. 410), definiendo que sus normas son parámetros de interpretación de la Constitución y la legislación interna (art. 13.IV) y para los casos en que los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos sean más favorables que las normas previstas por la Constitución, los primeros tendrán primacía (art. 256.I).

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