La Gaceta Jurídica

Estudios recientes sobre la crisis judicial en Bolivia

…no acude a la administración de justicia el 30,3% por factores económicos, el 13,62% por desconocimiento de procedimientos, el 21,24% por desconfianza en el sistema judicial, el 6,64% por discriminación, el 24,42% por retardación y el 3,76% por temor a represalias.

La Razón (Edición Impresa) / Alan E. Vargas Lima*

00:00 / 24 de febrero de 2015

El polémico tema de la crisis judicial en Bolivia ha motivado, en los últimos años, la realización de varios estudios y análisis de expertos en la búsqueda de las principales causas y las soluciones factibles para contrarrestar los efectos perniciosos que conlleva y que genera descontento en la población.

Una muestra de ello es el libro El Estado de la Justicia Boliviana. Del Estado Republicano al Estado Plurina- cional (2013) del doctor William Herrera Áñez, quien brindó sorprendentes resultados de encuestas realizadas sobre la justicia en Bolivia (1).

Así, por ejemplo, a la pregunta de si consideraban que nuestros tribunales respetan la garantía del debido proceso, el 82,74% respondió que no y solo el 17,26% que sí. Consultados sobre si la elección de las autoridades judiciales mejoró la administración de justicia, el 80,14% dijo que no y solo el 19,86 que sí.

Para el 75,2% de los encuestados no existe respeto al principio de igualdad jurídica, ya que la justicia discrimina a las personas por razones económicas, relaciones de poder o presiones políticas.

Preguntados sobre el grado de representación de las autoridades judiciales electas por voto después de casi dos años de ejercicio de sus cargos, el 0,8% de los encuestados respondió que se sintió muy representado, el 10% representado, el 45,06% poco representado y nada representado el 44,12%.

Indagados sobre las causas por las que no acuden a la administración de justicia, el 30,3% dijo que por factores económicos, el 13,62% por desconocimiento de procedimientos, el 21,24% por desconfianza en el sistema judicial, el 6,64% por discriminación, el 24,42% por retardación y el 3,76% por temor a represalias.

¿Existe corrupción en el sistema? “sí”, dijo el 95,88% y “no” el 4,12%. ¿Tiene confianza en el Órgano Judicial? “sí” dijo el 22,16% y “no” el 77,84%. ¿Existe respeto de la independencia judicial? Para el 30,5% sí y no para el 69,5% (el peor grado de confianza 77,9% está en la sede del órgano, Sucre).

Una buena noticia fue que el 64,06% cree que la justicia boliviana mejorará en el futuro, aunque de los análisis y cifras que presenta el mismo libro, se evidencia que la asignación presupuestaria destinada a la justicia, en vez de mejorar, rebajó sistemáticamente entre 2002 y 2012, dado que por cada 100 bolivianos proyectados en el pge (Presupuesto General del Estado) se destinó 1,7 bolivianos a la justicia.

Asimismo, en su estudio el autor se muestra crítico al actual sistema de justicia, porque –en su criterio– existe “mucho Gobierno y poco Estado”, lo que no permite la consolidación de un Órgano Judicial independiente, imparcial, creíble y fortalecido, debiendo considerarse que la condición esencial de un Estado de derecho es precisamente que no exista ninguna forma de sumisión al poder político.

Por otro lado, en su artículo La Justicia se nos muere (2014), el pasado año el analista Henry Oporto mostraba una radiografía del sistema judicial boliviano colapsado; en el texto advertía el fracaso de la política judicial, así como los efectos deplorables de la elección popular de magistrados, lo que ha derivado en el desmoronamiento del sistema judicial y el inevitable colapso de la administración de justicia.

En este sentido, el autor hizo notar el crecimiento de la moral judicial, dado que, según datos oficiales, las causas resueltas en todas las materias apenas alcanzaban al 31% de las ingresadas, mientras que las causas pendientes llegaban al 69%.

Por otro lado, y en cuanto a la sobrecarga procesal en los juzgados, hizo notar la brecha existente entre el aumento de las causas y el reducido número de juzgados.

Así, advertía que el promedio nacional en materia de medidas cautelares era de aproximadamente 2.470 casos por Juez de Instrucción Penal y que, además, en las ciudades de Cocha- bamba y Santa Cruz este promedio llegaba incluso a una cantidad de 3.000 casos por Juez, en un solo año.

Sin embargo, no debe perderse de vista que –según el autor– la acumulación de la carga judicial es también efecto de la persecución judicial contra opositores políticos y funcionarios de anteriores gobiernos (calificados de “neoliberales”), siendo causas que llevan años de trámite, tanto para mantener la presión sobre ellos, como por el temor de los jueces de cerrar o archivar esos casos.

Asimismo, también se evidenció la existencia de jueces y fiscales saturados, siendo que el drama de falta de jueces, también se reproducía en el Ministerio Público y es que, entre 2008 y 2011, el número de fiscales en todo el país creció en apenas 2%, incremento insuficiente frente al crecimiento de las causas que en ese mismo periodo aumentaron cerca del 13%.

Así, entre 2008 y 2012 el número de causas por fiscal (como promedio nacional) en las nueve capitales de departamentos aumentó de 165 a 179 causas.

Otro de los problemas advertidos en aquel estudio fue el de los presos sin sentencia, dado que, haciendo una comparación con los datos de la gestión 2010, las imputaciones formales presentadas durante ese año alcanzaron a más de 20.000 en todo el país; en cambio, las sentencias dictadas por los tribunales fueron apenas 874, y esa cifra representaba un escaso 4% del número de imputaciones, lo que evidencia la falta de justicia para miles de personas y familias involucradas.

Finalmente, cabe señalar que el problema de hacinamiento en las cárceles tiene como causa la falta de sentencia de los tribunales, lo que aumenta la cantidad de presos sin una sentencia ejecutoriada.

Lo anterior, considerando que la población carcelaria en Bolivia, hasta el 2011, alcanzaba a más de 13.000 reos y reas, de los cuales la mayoría eran detenidos sin una sentencia en su contra, lo que constituye una violación de los derechos humanos.

Entonces, la enorme cantidad de privados de libertad sin sentencia ejecutoriada y que no debería estar en las cárceles es –según ese estudio– una de las causas principales de la sobrepoblación carcelaria.

Continuará

Nota

1. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de Denis Racicot, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el Informe sobre Derechos Humanos en Bolivia (2014), alertó que la crisis de la justicia en Bolivia se profundizó y se caracteriza por el retraso, insuficiente cobertura, corrupción, impunidad y falta de recursos económicos.

El reporte de la ONU, también advirtió sobre la persistencia del problema estructural del sistema penitenciario, tal y como reflejan el hacinamiento, el “uso excesivo de la detención preventiva, que asciende al 83,3 % de la población penitenciaria”, y la situación de los niños y niñas que viven en las cárceles.

*    Es abogado maestrante en Derecho Constitucional (UMSA) y responsable del blog jurídico Tren Fugitivo Boliviano, http://alanvargas4784.blogspot.com

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