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Ética en el Legislativo

…se trata de caracterizar hechos de discriminación presuntamente contra el Presidente del Estado y por el retiro de la whipala de una acto oficial en Santa Cruz, materias que están incluidas en normas nacionales como son la Constitución, la Ley 045 Contra el Racismo y la Discriminación y el Decreto Supremo N° 0241.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 14 de septiembre de 2012

La Asamblea Legislativa Plurinacional (alp) es la instancia constitucional y nacional destinada por el ordenamiento jurídico para realizar la fiscalización de los procesos y funcionamientos nacionales y la discusión y aprobación de leyes. En ese marco, se trata de un ente en el que se debe tomar en cuenta la calidad y forma de actuación de sus integrantes, de tal modo que existen mecanismos como el control de asistencia y las comisiones de Ética en las cámaras.

Es precisamente en torno a la labor de este último organismo en la Cámara de Diputados que se han suscitado observaciones, las cuales han trascendido hasta la opinión pública, lo cual podría ser beneficioso para que se replantee la forma de trabajo y se actúe con celeridad en los procesos que se han dilatado ya bastante. La denuncia sobre la instancia de Ética de la Cámara Baja señala que en su oficina se encuentran estancados 12 procesos sin fallo, de los cuales la mitad corresponde a la gestión anterior.

Las denuncias contra diputados que no han sido resueltas abarcan casos particulares como corrupción, actos bochornosos en plenaria y acciones discriminatorias contra las personas, según ha informado el presidente de la Comisión, el oficialista Evaristo Peñaloza, quien anunció que hasta la próxima semana se tendrá resultados de por lo menos seis casos, pero indicó que la instancia legislativa se encuentra analizando las denuncias para emitir las resoluciones pertinentes con sanciones para los hechos que así lo merezcan.

Los mismos correligionarios de Peñaloza pidieron celeridad para este tema, más que todo por la existencia de denuncias de la gestión pasada. Mientras tanto, es interesante ver que en el primer grupo de sumarios se encuentran acusados ante la Comisión dos diputados del partido de Gobierno por presunto “uso indebido de influencias” y uno de la misma tienda política por supuestos “casos de corrupción”.

En estas tipificaciones de infracciones o delitos, de ser comprobados mediante los procedimientos y pruebas adecuadas, es necesario que se apliquen sanciones pertinente, más que todo debido a que el tráfico de influencias y la corrupción son comportamientos recurrentes de tipo penal en los entes del Estado desde que la historia tiene memoria y que parece no han sido superados en un periodo en que se fustiga con el discurso estos comportamientos.    

Del mismo modo, en el caso de las acusaciones a miembros de la oposición se deberá aplicar los instrumentos adecuados de comprobación e investigación, emitiendo fallos con sobreseimiento o penalización de acuerdo a la falta y no por lo que vendría a llamarse persecución política, pues se trata de caracterizar hechos de discriminación presuntamente contra el Presidente del Estado y por el retiro de la whipala de una acto oficial en Santa Cruz, materias que están incluidas en normas nacionales como son la Constitución, la Ley 045 Contra el Racismo y la Discriminación y el Decreto Supremo N° 0241 de los símbolos patrios, entre otros instrumentos legales.

Los procedimientos deben ser aplicados pero no de manera solapada ni parcial, dando verdadero sentido a lo que es la ética en el Órgano Legislativo y lo que se espera de los miembros de este poder del Estado, que es considerado el principal en nuestro sistema administrativo.

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