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Evo, ¿en la Corte Penal Internacional?

Fiel a su estilo de hacer política y a su docilidad verbal para articular ideas y críticas contra el Gobierno, la diputada Norma Piérola ha anunciado en medios nacionales e internacionales que el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Aima, sería procesado en la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Holanda.

Las acciones están reservadas sólo para ciertas instancias.

Las acciones están reservadas sólo para ciertas instancias. Foto: rnw.nl

La Gaceta Jurídica / Henry A. Pinto Dávalos

00:00 / 05 de febrero de 2013

Esto sería posible gracias a una acción promovida por una organización denominada “Coalición por la Democracia” con sede en Estados Unidos, que, además, habría financiado la estoica acción penal encabezada por la prenombrada, noticia que –a fe de verdad y por un respeto elemental a la opinión pública– merece las siguientes consideraciones.

Características de la Corte

En primer término, se debe tener presente que la Corte Penal Internacional, conocida también como Tribunal Penal Internacional, es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crimines de guerra, genocidio y de lesa humanidad, con personalidad jurídica internacional y que, por cierto, no forma parte de las Naciones Unidas, siendo el Estatuto de Roma su norma fundacional que establece su finalidad, su organización y sus competencias.

Su origen deviene después de un largo debate, donde actores internacionales como Estados, organizaciones, grupos de presión, etc. tuvieron rol preponderante en el afán de establecer un mecanismo jurisdiccional especializado, inicialmente, en juzgar crímenes de guerra, siendo los genocidios de Yugoslavia (1991-1995) y de Ruanda (1994) los detonantes finales que propiciaron su consolidación.

Organización y competencia

La Corte Penal está compuesta por cuatro órganos (Presidencia, Divisiones Judiciales, Oficina del Fiscal y Registro), dos oficinas semiautónomas (Oficina del Abogado Público para las Víctimas y la Oficina del Abogado Público para la Defensa) y el Fondo para las Víctimas (Trust Fund for Victims), los cuales son absolutamente autónomos, es decir, no dependen de ningún otro poder, ni de otro estado.

En cuanto a sus competencia, por imperio del artículo 5 del Estatuto de Roma, los crímenes que puede juzgar la Corte son genocidio (artículo 6), crímines de lesa humanidad (artículo 7), crímenes de guerra (artículo 8) y crimen de agresión (artículo 8 bis); es decir, sólo juzga crímenes específicos de gran trascendencia, siendo ese su espíritu vital.

De igual modo, se debe tener presente que la competencia de la Corte Penal Internacional, por principio y por regla universalmente reconocida, no se opera ni activa a denuncia de “particulares”, ya que existe una legitimación restringida según la cual la investigación de los hechos referidos en el párrafo anterior, por imperio del artículo 13 del Estatuto, sólo se pueden iniciar por tres formas:

a) Por remisión de un Estado Parte a la Corte; b) por solicitud expresa y fundamentada del Consejo de Seguridad de las Naciones y c) de oficio por el Fiscal de la Corte, lo que significa que no cualquier vecino puede apersonarse a la Corte Penal Internacional y promover su acción, la cual está reservada sólo para ciertas instancias, tal como pudimos ratificar hace aproximadamente dos meses con el profesor James A. Graham, quien, en su visita a Cochabamba, nos ratificó esta situación.

En el caso concreto, la honorable Norma Piérola no sólo ha sido irresponsable con sus declaraciones, sino también con la opinión pública, porque ha hecho creer –no sabemos si de buena o mala fe– que la Corte Penal Internacional habría admitido una acción intentada por su persona contra el Presidente Morales, desconociendo que eso resulta práctica y técnicamente imposible, ajeno a la dinámica del Derecho Internacional.

Por eso, dichas declaraciones carecen de mérito y no pasan de ser simples sindicaciones políticas carentes de objetividad, hecho que nos preocupa por cuanto, si bien es cierto que cualquier persona puede hacer uso de su libre derecho a la expresión, al tratarse de una asambleísta, lo mínimo que se debe esperar es que ésta sea responsable, sin crear falsas expectativas, con argumentos falsos, manipulando la opinión pública que lamentablemente tiene que soportar este tipo de declaraciones, que lejos de informar, concientizar o aportar al debate político, envilecen la democracia, deslegitiman a la oposición y mienten a la ciudadanía.

Es catedrático de Derecho Procesal Constitucional, UMSS, Cochabamba.

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