La Gaceta Jurídica

Evolución histórica del derecho a la información

(Parte I)

Foto: losdh.wordpress.com

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Mariana Cendejas Jáuregui

00:00 / 10 de octubre de 2014

El derecho a la información ha tenido una gestación histórica lenta y laboriosa. Baste decir que no se consideró un derecho fundamental sino hasta 1948 con la promulgación, el 10 de diciembre de dicho año por la Organización de las Naciones Unidas (onu), de la Declaración de los Derechos Humanos, en cuyo artículo 19 se describe por primera vez un derecho innato de la persona: el derecho a la información.

El estudio de la evolución histórica del derecho a la información nos permite comprender cómo se ha desarrollado este concepto desde los primeros textos del siglo XVIII, concebidos para ámbitos nacionales, hasta las declaraciones del presente que obedecen a una dinámica globalizadora.

En las siguientes páginas abordaremos el recorrido de este derecho a partir de sus primeros reconocimientos surgidos de las ideas revolucionarias francesa y norteamericana, para llegar a su inclusión en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.

La libertad de expresión y de prensa en el liberalismo francés y en el norteamericano

Durante la mayor parte de la historia, la libertad de expresión del individuo ha sido cercenada por sinrazones y poderes varios. En todas las culturas han existido distintos credos políticos y religiosos que han constreñido la razón humana, porque se consideraba que determinados valores debían ser incuestionables e imponibles, en consecuencia, por la fuerza.

Este absolutismo ideológico, que operó históricamente con un marcado carácter religioso, obligaba a que todos se manifestasen, mediante la palabra o el escrito, con arreglo a los cánones establecidos. La censura representaba un instrumento de control social de la expresión pública de ideas, opiniones o sentimientos que contuvieran algún elemento de ataque a la autoridad del gobierno, o el orden social y moral, que esa misma autoridad estaba obligada a proteger. El auge y la consolidación de los monarcas absolutos provocaron la más dura represión de las libertades del pensamiento.

El derecho a la libertad de información y de expresión es fruto del espíritu y del pensamiento de la Revolución Francesa, revolución de la burguesía, que marca el fin del antiguo régimen absolutista y el comienzo de la instauración de los regímenes liberales; sociológicamente significa el paso de una sociedad estamental a una sociedad clasista; jurídicamente, se generaliza la fórmula de lo que después se llamará Estado de derecho. Estado que ya supone la transformación del orden político como ordenación en el orden político como organización (1)

El centro de todo este proceso está en el liberalismo, tanto político como económico, que impregna la segunda mitad del siglo XVIII. Los pilares sobre los que se asientan serán la igualdad (todos los hombres iguales ante la ley), las libertades civiles (que permiten que todo hombre pueda pensar, expresarse y obrar libremente sin más limitación que la libertad de los demás) y las públicas (que afectan a las relaciones de los ciudadanos entre sí, como la libertad de prensa y las libertades de reunión, asociación y manifestación), la limitación de los gobernantes por las instituciones, el pluralismo político y el intento de la separación de los poderes político y económico.

El triunfo del movimiento liberal supuso un considerable avance en las ideas de progreso, secularización y creencia en las posibilidades del hombre. La exaltación de los derechos del individuo y la creencia en que la comunidad entre seres humanos libres e iguales fomentará la realización más plena de cada uno impone una aceptación de la tolerancia y el clima idóneo para que puedan germinar las libertades de conciencia y de pensamiento. Incluso, se ha denominado al siglo XVIII el siglo del albor de la libertad de expresión (2).

No debe olvidarse el papel pionero y fundamental que, en la defensa de las libertades, corresponde al sistema jurídico inglés con la Petition of Rights (Petición de derechos) de 1628, el Habeas Corpus Act (Acto de Hábeas Corpus) de 1679 y la Declaration of Rights (Declaración de derechos) de 1689, Declaración en cuyos principios se basó el Parlamento británico para no renovar el estatuto de censura que expiraba en 1695 (3).

En cuanto a los principios, es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia la que recoge el pensamiento liberal de la época respecto a estas libertades. En particular los artículos 10 y 11:

Artículo 10. Nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso religiosas, siempre que su manifestación no altere el orden público establecido por la ley.

Artículo 11. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; todo ciudadano puede, pues, hablar, escribir, imprimir libremente, a reserva de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.

Las bases del liberalismo quedan reflejadas en la Declaración francesa con la primera frase (después del preámbulo), la más famosa y clave de toda la Declaración: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”. Proclama así la igualdad y la libertad de todos, sienta la concesión a todos de iguales oportunidades.

El pensamiento revolucionario francés es un pensamiento liberal, reflejado en la defensa de los derechos individuales y personales, pero que no tuvo la percepción de la repercusión de los derechos y libertades que implantó.

Debido a esto, más adelante hubo de completar esta visión individualista con otra legitimadora de carácter jurídico que diera garantía a su ejercicio, su regulación y sus límites, lo que repercutió, consecuentemente, en el derecho a la libertad de expresión y de información.

Este espíritu liberal, llevado a América por Thomas Jefferson, se manifestó con estas palabras en la Declaración de Virginia de 1776:

Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos derechos que les son inherentes y de los que no pueden privarse ni desposeer a su posterioridad por ningún pacto cuando entran en el estado de sociedad: el goce de la vida y de la libertad, con los medios de adquirir y poseer propiedades y de procurar y obtener la felicidad y la seguridad (artículo 1).

Que la libertad de prensa es uno de los grandes baluartes de la libertad y no puede ser restringida jamás, a no ser por gobiernos despóticos (artículo 12).

En 1791, la Primera Enmienda a la Constitución Federal de los Estados Unidos, también conocida como Bill of Rights, contiene la primera formulación legislativa de la libertad de prensa en los siguientes términos:

El Congreso no aprobará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de sus agravios.

Con ambos casos, el estadounidense y el francés, se da comienzo a un fenómeno denominado “constitucionalización de la libertad de expresión”. Paralelo a éste surge otro supuesto sobre el que se asienta la dinámica de la opinión pública, este es el continuo crecimiento del público lector que constituye la base social de esa dinámica.

Esa opinión pública se convierte en el rasgo distintivo más importante del régimen político establecido por el liberalismo, convertido en un régimen de opinión que consiste en un sistema de gobierno que se legitima por la opinión pública, siendo esta criterio y punto de referencia permanente (4).

El poder social y político que adquiere el desarrollo de la prensa le hace asumir funciones de interés público, lo que obligó al legislador de la época a regular jurídicamente una relación cada vez más estrecha entre sociedad, poder político y medios.

Durante el siglo XIX las leyes de imprenta aparecen apegadas a los vaivenes políticos, liberales o conservadores, con modelos permisivos o limitadores que tienen en cuenta las prevenciones ante los abusos de la prensa, subrayándose la dificultad de impedirlos sin atentar contra el contenido fundamental de la libertad de expresión, lo que dio lugar a las leyes antilibelo (5).

La época del “imperio de la prensa”, bajo el marco jurídico de las leyes de imprenta de España, Francia y Alemania de finales del siglo XIX, contempló la aparición de los nuevos medios de comunicación e información que, en una evolución de más de un siglo, transformarían al mundo y sus relaciones.

La invención del telégrafo, el gramófono, el teléfono, así como el surgimiento de la radio, la televisión, el cine, las computadoras e internet en el siglo XX comprenden una compleja evolución tecnológica ligada estrechamente al desarrollo económico y político que transforma, de modo radical, las estructuras de la información que influyen en el modo de concebir el derecho a la información (6).

Las nuevas tecnologías y las llamadas autopistas de la información han alterado por completo los sistemas anteriores de conexión y transporte de mensajes entre las personas, las empresas, los grupos sociales, las instituciones de todo orden y, por supuesto, los gobiernos, facilitando la generación de un diálogo multitudinario y multidireccional, pero, a la vez, más fluido, incontrolado y fraccionado. Internet es paradigma manifiesto de esta situación a la vez compartida e inconexa. El sistema informativo mundial es hoy una estructura de red y no de pirámide (7).

Para finalizar este apartado, queremos dar cuenta de que el Estado de derecho sigue firmemente asentado sobre los pilares de la teoría de Montesquieu y el pensamiento revolucionario francés, del que permanece unido a través del artículo 16 de la Declaración de 1789, que establece: “la sociedad en que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes determinada, carece de Constitución”.

Evolución del derecho a la información en los tratados internacionales

Es indudable la influencia que tuvieron las declaraciones de Virginia y la de Derechos del Hombre y del Ciudadano en el reconocimiento de las libertades de expresión y de prensa. Sin embargo, aunque su trascendencia superó el primitivo ámbito local de su origen, estos textos no eran universales. Habría que esperar al doble desarrollo de las tecnologías de la información y de la dinámica internacionalista en la comunidad de las naciones para hablar de textos jurídicos universales.

La doctrina clásica del Derecho Internacional ha defendido tradicionalmente el que la sociedad internacional estaba compuesta por Estados cuyas relaciones regulaba, siendo así, los Estados los sujetos del Derecho Internacional y los meros individuos objetos del mismo. Sin embargo, paulatinamente se va abriendo paso una tesis de cierta subjetividad del individuo en el marco del Derecho Internacional, pues es él, en definitiva, el destinatario directo de la norma y, además, no en pocas ocasiones son los propios Estados los que la incumplen en perjuicio de aquél, quien se ve imposibilitado de presentar una reclamación directa ante los organismos internacionales, ya que es el

Estado, en la gran mayoría de los casos, quien ostenta la legitimación activa para accionar los mecanismos de protección internacionales.

En esta fase del Derecho Internacional clásico la protección de los derechos humanos quedaba encomendada a los Estados y solo en casos excepcionales el Derecho Internacional contemplaba mecanismos de protección como el derecho de asilo o la intervención por causa de humanidad. No obstante, pronto se advierte una relación cada vez más evidente e innegable entre el respeto y la protección de los derechos humanos entre los Estados –incluidas las libertades de expresión e información como derechos fundamentales– y el mantenimiento de la paz internacional, movimiento que tras la Segunda Guerra Mundial se convirtió en una exigencia inexcusable en las relaciones entre los Estados y que se plasmó en una serie de declaraciones y convenios ampliamente reconocidos en el ámbito internacional, a cuyo desarrollo dedicamos los siguientes apartados.

Ámbito de la ONU

Hubo que esperar hasta el 26 de julio de 1945 para hablar de un auténtico reconocimiento internacional de los derechos humanos. La Carta de las Naciones Unidas, suscrita en San Francisco, Estados Unidos, señala en su artículo 1.3 que es propósito “realizar la cooperación internacional… en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades de todos, sin hacer distinción de raza, sexo, idioma o religión”. El documento en cita se limita a formular el principio de una protección internacional de los derechos humanos y de las libertades fundamentales sin desarrollarlo en normas concretas.

La Asamblea General de las Naciones se ocupó del derecho a la información en su primer periodo de sesiones. El 14 de diciembre de 1946 la Asamblea adoptó la Resolución 59, en la que estableció que éste es un derecho humano fundamental y acordó pedir al Consejo Económico y Social que convoque a una conferencia internacional para determinar los derechos, las obligaciones y las prácticas que han de comprenderse en el concepto de libertad de información (8).

La conferencia de las Naciones Unidas sobre Libertad de Información, celebrada en Ginebra, Suiza, del 23 de marzo al 21 de abril de 1948, es considerada el punto de partida del esfuerzo internacional realizado en este campo. Esta conferencia preparó tres proyectos de convención, de los cuales fueron aprobados los dos primeros por la Asamblea General. Sin embargo, era necesaria la aprobación del tercero para abrir a firma y ratificación de todos los países miembros estos documentos que versaban de esta forma: el primero sobre obtención y transmisión internacional de información; el segundo sobre el derecho de rectificación y el tercero sobre libertad de información.

El tercer proyecto sobre libertad de información ha sido estudiado en varios periodos de sesiones de la Asamblea General, pero hasta la fecha no ha sido resuelto. Adempero, en los periodos de sesiones de 1959, 1960 y 1961, la tercera comisión de la Asamblea General aprobó el preámbulo y el texto de los primeros cuatro artículos (9).

El artículo 1 del proyecto de la tercera comisión en comentario establece que cada uno de los Estados contratantes se obliga a respetar y proteger el derecho de toda persona a tener a su disposición diversas fuentes de información.

El artículo 2 dispone que el ejercicio de las libertades señaladas en el artículo anterior entraña deberes y responsabilidades. Estas libertades pueden quedar afectadas por limitaciones, siempre que ellas estén claramente definidas en la ley y que sean aplicadas conforme a ésta, en cuanto estas limitaciones sean necesarias para la seguridad nacional o para mantener el orden público.

Ninguna de estas limitaciones y prohibiciones se podrá considerar como justificación para la imposición, por parte de cualquier Estado, de censura previa a la difusión de noticias, comentarios y opiniones políticas ni se podrá utilizar como razón para limitar el derecho a criticar al gobierno.

El artículo 3 contiene una salvedad respecto de cualquiera de los derechos y libertades a que se refiere la convención, en cuanto puedan estar mejor garantizados por la ley de cualquier Estado contratante o por cualquier convención en la que éste sea parte.

Finalmente, el artículo 4 reconoce a los Estados contratantes el derecho a réplica.

Continuará

Notas

1. Escobar de la Serna, Luis, Principios del derecho de la información, Madrid, Dykinson, 2000, p. 50.

2. Aguilera Fernández, Antonio, La libertad de expresión del ciudadano y la libertad de prensa o información. (Posibilidades y límites constitucionales), Granada, Comares, 1990, p. 5.

3. Escobar de la Serna, Luis, “El proceso de configuración del derecho a la información”, en Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y Alfonso, Loreto (coords.), Derecho de la información, Barcelona, Ariel, 2003, p. 68.

4. Escobar de la Serna, Principios…, op. cit., p. 60.

5. Escobar de la Serna, “El proceso…”, op. cit., p. 73.

6. López-Ayllón, Sergio, El derecho a la información, México, Miguel Ángel Porrúa, 1984, pp.134 y 135.

7. Lozano Bartolozzi, Pedro, “El derecho a la información en los textos universales”, en Bel y Corredoira (coords.), Derecho de la información, cit. 3, p. 91.

8. Novoa Monreal, Eduardo, Derecho a la vida privada y libertad de información, México, Siglo XXI, 1981, p. 144.

9. Ibídem, pp. 145 y 146.

Es mexicana, doctora en derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Tomado de: juridicas.unam.mx

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