La Gaceta Jurídica

Evolución histórica del derecho a la información

(Parte II)

Foto: derechoconstitucional.es

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Mariana Cendejas Jáuregui

00:00 / 14 de octubre de 2014

Las dificultades encontradas para lograr la aceptación general del texto de una convención obligatoria que rigiera la libertad de información provocaron que se buscara otra vía. Así, en 1959, el Consejo Económico y Social, en su 27 periodo de sesiones, consideró que una mera declaración de las Naciones Unidas sobre libertad de información permitiría un progreso más sencillo.

En su 29 periodo de sesiones de 21 de abril de 1960, este Consejo aprobó un proyecto de declaraciones que fue transmitido a la Asamblea General. En esta última, el proyecto de declaración sobre libertad de información ha estado figurando en el orden del día durante numerosos periodos, sin que hasta ahora haya habido un pronunciamiento.

Los puntos más importantes de esta Declaración son los tres primeros. En ellos se reconoce el derecho de saber y el derecho de buscar libremente la verdad, como algo que corresponde inalienable y fundamentalmente a todo ser humano.

Asimismo, se proclama el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones; se declara que los gobiernos deben amparar la libre circulación de informaciones para que el público conozca los hechos y pueda formarse una opinión sobre los acontecimientos.

Además, se establece que los medios de información deben estar al servicio del pueblo, sin que intereses públicos o privados impidan la existencia de diversas fuentes de información o privar al individuo de su libre acceso a ellas (1).

La Declaración Universal de los Derechos Humanos

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas reunida en París aprobó el texto oficial de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (dudh), que es generalmente considerada la declaración por excelencia sobre derechos humanos internacionales.

Este documento contiene una serie de derechos inherentes a la persona, otros relativos a su protección y seguridad, los de contenido económico y social para su desarrollo, los relacionados con la vida social y jurídica y los relativos a la vida política de la persona, entre los que destaca la libertad de pensamiento, conciencia y religión y el derecho a su manifestación pública (artículo 18).

El artículo 19 garantiza los derechos de libertad de expresión e información, hoy sintetizados en el denominado derecho a la información. Este acápite dispone: Artículo 19. Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Este apartado consagra las libertades de opinión y expresión en un sentido más amplio que el tradicional, ya que consagra el derecho a no ser molestado a causa de las opiniones, así como la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones.

Quizá la novedad del artículo esté en los conceptos de recepción e investigación. Si lo proponemos en términos jurídicos, el primero supone deberes y responsabilidades en la emisión de informaciones y opiniones.

El segundo faculta al individuo a buscar y acceder a las fuentes de información y opinión. Por otro lado, el artículo propone un deber negativo, el de no molestar a nadie a causa de sus opiniones. Esto implica el respeto a la ideología de cualquier persona.

El otro aspecto es la difusión. Ésta es sin limitaciones de fronteras y por cualquier medio de expresión. Lo anterior implica reconocer la universalidad en la difusión de informaciones y opiniones. Hablar de cualquier medio supone el reconocimiento del acelerado avance tecnológico que subsiste en los medios tradicionales de expresión del pensamiento. El artículo no es, en este sentido, restringido sino abierto tanto a la comunicación entre naciones como a todas las posibilidades de hacerlas por cualquier medio (2).

En este artículo vemos cómo la información aparece ya mencionada expresamente. También se hace mención a los medios de expresión planteando un derecho que, sin dejar de ser individual, se plantea como socializado por su derecho a ser difundido, lo que en cierto modo se intuye como un reconocimiento del derecho del público a ser informado a escala universal.

La Declaración figura como el acta de nacimiento internacional de lo que hoy conocemos como derecho a la información. Lamentablemente, la Declaración no concede a los individuos el derecho de acción o de petición ante los órganos competentes de la Organización de las Naciones Unidas (onu) para asegurar la realización efectiva de tales derechos, ni establece ningún otro mecanismo jurídico de control.

No obstante, la Declaración tiene un indudable valor programático. En este sentido, ha tenido un impacto primordial en otras resoluciones tanto de la Asamblea General como de otros órganos de las Naciones Unidas, entre ellos el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social.

Ha ejercido también una influencia indudable en otras convenciones que están en vigor adoptadas también en el seno de la onu, así como en otros tratados multilaterales, bilaterales, y en Constituciones nacionales y leyes internas (3).

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Otro instrumento en el ámbito de la onu es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966.

El artículo que garantiza el derecho a la libertad de expresión e información es también el 19 (4), redactado en términos similares a los de la Declaración. Sin embargo, hay que mencionar que el Pacto amplía y matiza el contenido del artículo 19 de la dudh, al establecer, junto al derecho que se reconoce y protege, la posibilidad de establecer restricciones en virtud de las responsabilidades y deberes que igualmente entraña el ejercicio de la libertad de expresión, basadas en la necesidad de amparar otros derechos e intereses superiores igualmente amparados por el derecho.

Relatoría Especial de la Organización para la Libertad de Opinión y Expresión

Por otro lado, en 1993 la Comisión de Derechos Humanos (5) de la onu creó la agencia del Relator Especial de la Organización para la Libertad de Opinión y Expresión. Una de las funciones del Relator Especial es la de definir el contenido preciso del derecho a la información, cuestión que ha abordado, desde 1997, en cada uno de sus reportes anuales (6).

Ámbito de la Organización de Estados Americanos

Las naciones americanas se encuentran organizadas política y jurídicamente en la Organización de los Estados Americanos (oea), que integra a estos países divididos geográficamente en Norte, Centro y Sudamérica.

Este organismo supranacional ha ido construyendo, después de la Segunda Guerra Mundial, el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, en el que participa con distintos grados casi la totalidad de los países del continente.

Este Sistema ha permitido homologar y comunicar a los distintos sistemas jurídicos nacionales criterios comunes en torno a la observancia de los derechos fundamentales con una relevante actuación en el campo de las libertades públicas, entre ellas el derecho a la información, tanto por su consagración normativa en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como en la actuación de los órganos del Sistema Interamericano ha instrumentalizado para su interpretación y aplicación.

Estas instituciones –Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos– han pronunciado numerosas resoluciones y sentencias que han enriquecido y profundizado en todo el continente el debate sobre el trascendente rol que debe desempeñar el derecho a la información en las naciones americanas (7).

Convención Americana sobre Derechos Humanos

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, es la que en el ámbito americano garantiza el derecho a la información, concretamente en su artículo 13 (8), sobre el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva, interpretó que:Artículo 13. (…) señala que aquellos a quienes aplica la Convención no sólo tienen el derecho y la libertad para expresar sus ideas, sino también el derecho y libertad para buscar, recibir, difundir información e ideas de todo tipo… [La libertad de expresión] requiere, por una parte, que nadie sea arbitrariamente impedido o limitado para expresar sus propias ideas. En ese sentido, es un derecho que pertenece a cada individuo. Por otra parte, como segundo aspecto, implica un derecho colectivo de recibir cualquier información y de tener acceso a las ideas expresadas por otros (…)

Para el ciudadano promedio, es igual de importante conocer la opinión de otros o tener acceso a información que el derecho a difundir su propia opinión… Una sociedad que no está bien informada no es una sociedad verdaderamente libre (9).

La Convención, también conocida como Pacto de San José, dedica su artículo 14 al derecho de rectificación (10).

Relatoría Especial de la Organización para la Libertad de Opinión y Expresión

La oea también cuenta con un Relator Especial cuya Oficina fue creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1997. La Comisión persigue con la creación de este órgano estimular la conciencia para el pleno respeto a la libertad de expresión e información.

A la Relatoría, que tiene carácter permanente, así como independencia funcional y operativa, se le han otorgado un conjunto de competencias, por ejemplo, formular recomendaciones específicas a países miembros, informar a la Comisión en casos urgentes con el objetivo de que ésta pueda solicitar medidas cautelares o provisionales a la Corte para evitar daños graves e irreparables de los derechos humanos.

La Relatoría también debe elaborar informes anuales sobre el estado de la libertad de expresión en los países de la región e informes sobre temas específicos o países determinados.

Desde 1998, elabora informes anuales que exponen las dificultades y avances sobre las libertades de expresión e información, examinando los casos vinculados a dichas libertades radicados en la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En dichos informes, la Relatoría ha incluido un conjunto de estudios temáticos sobre el derecho a la información (11).

La propia Comisión, en octubre de 2000, aprobó la Declaración Interamericana de Principios sobre la Libertad de Expresión, documento oficial sobre derecho a la información en el sistema interamericano, en el que, además de establecer los principios, se presenta una interpretación sobre los mismos.

Continuará

Notas

1. Ibídem, p. 147.

2. López-Ayllón, op. cit., nota 6, p. 138.

3. Escobar de la Serna, Luis, “El proceso de configuración del derecho a la información”, en Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y Alfonso, Loreto (coords.), Derecho de la información, Barcelona, Ariel, 2003, p. 79.

4. Artículo 19: 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

5. La Comisión fue creada por el Consejo Económico y Social de la ONU en 1946, con el objeto de promover los derechos humanos. Está compuesta por 53 representantes de los Estados miembros de la ONU que se alternan cada tres años. Es el organismo de derechos humanos con mayor autoridad y se reúne anualmente por aproximadamente seis semanas para discutir y adoptar resoluciones, decisiones y reportes respecto de varios países y sobre temas de derechos humanos.

6. Mendel, Toby, “Libertad de información: derecho humano protegido”, Derecho Comparado de la Información, México, núm. 1, enero-junio de 2003, p. 46.

7. Anguita, Pedro, “El derecho a la información en América”, en Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y Alfonso, Loreto (coords.), Derecho de la información, Barcelona, Ariel, 2003, pp. 119 y 120.

8. Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás.

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Estará prohibida por la ley toda propaganda a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religiosa que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción legal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

9. Opinión consultiva OC-5/85.

10. Artículo 14. Derecho de rectificación o respuesta. 1. Toda persona, afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.

11. Los estudios específicos más relevantes han recaído sobre las leyes de desacato y colegiación obligatoria; asesinato de periodistas en el informe anual de 1998; legislación y libertad de expresión en Informe Anual 1999; hábeas data y del derecho de acceso a la información; ética en los medios de comunicación social en el informe anual 2000. Anguita, op. cit., nota 16, p. 126.

Es mexicana, doctora en derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Tomado de: juridicas.unam.mx

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