La Gaceta Jurídica

Evolución histórica del derecho a la información

(Parte final)

Foto: panoramio.com

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Mariana Cendejas Jáuregui

00:00 / 17 de octubre de 2014

Ámbito europeo

a. Convenio Europeo para la Salvaguardia de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. El Consejo de Europa (1)

El siguiente texto significativo surge también en el ámbito regional, ahora en el espacio europeo, con el Convenio Europeo para la Salvaguardia de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, firmado el 14 de noviembre de 1950 en Roma, el cual constituye el primer intento por instaurar en el ámbito del viejo continente un mecanismo de garantía internacional de los derechos humanos.

El impulso dado a este intento se circunscribe, al igual que los otros casos analizados, en el contexto sociopolítico de la posguerra, particularmente de las consecuencias que derivaron de la Segunda Guerra Mundial. Para comprender los esfuerzos realizados para superar las secuelas de esta situación, se debe tomar en cuenta el impacto en la sociedad europea de las ideologías totalitarias como el nazismo y la evidencia de los atropellos contra la dignidad humana y de los pueblos.

Igualmente, hay que considerar el conflicto ideológico este-oeste, centrado en un enfrentamiento sociopolítico conocido como guerra fría. Dentro de este conflicto, del que los problemas de la división europea fueron consecuencia, encontramos que entre ambas partes siempre hubo elementos de confrontación ideológica y política.

Los esfuerzos, al menos desde la perspectiva de los Estados de la Europa occidental, se vinculan al objetivo de propiciar la unidad europea, desde el plano político, social y económico. El movimiento europeo destacó la vital importancia de los derechos humanos y, en concreto, de una concepción europea común de los mismos, como una contribución más a la construcción de la idea de una Europa unida.

Esta visión fue asumida por el Consejo de Europa (2) dando lugar a que inmediatamente después de su puesta en marcha se iniciasen los trabajos para la elaboración de un mecanismo de garantía internacional a escala europea de los derechos humanos, lo que conduciría a la firma del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, también conocido como Convenio de Roma (3).

En el sistema del Convenio Europeo y sus protocolos adicionales se protege fundamentalmente los derechos civiles y políticos, aunque también se salvaguarda algunos de carácter social y cultural. El artículo 9 reconoce a toda persona el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. En tanto que el artículo 10 (4) es el que garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información.

En el proceso de elaboración de este artículo estuvo presente uno de los principales problemas suscitados durante los trabajos preparatorios del Convenio Europeo, sobre el cual sus redactores mantenían dos puntos de vista claramente opuestos sobre la forma en que debían regularse los derechos y libertades que se iban a reconocer (5).

De un lado, la tesis de la enumeración pretendía que el Convenio Europeo únicamente enunciara los derechos y libertades fundamentales en términos muy generales para dejar a los Estados parte la responsabilidad de aplicar y desarrollar el contenido jurídico conforme a su legislación interna.

De otro, la tesis de la definición pretendía que las disposiciones del Convenio detallaran de forma precisa el contenido jurídico de los derechos y libertades fundamentales reconocidas, así como sus posibles restricciones. Esto debía suponer una mayor concreción de las obligaciones convencionales y, por tanto, una garantía mucho más eficaz para la protección de tales derechos y libertades.

Finalmente, el Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó una decisión definitiva, opción que fue favorable a una solución de compromiso, dirigida a conjugar la definición detallada de los derechos y libertades fundamentales con los principios generales previstos por la tesis de la enumeración (6).

Esta fórmula de compromiso abre una expectativa sobre el contenido jurídico del artículo 10 del Convenio en comentario, ya que su formulación, bastante precisa en apariencia, no lo es tanto, ya que permite una amplia gama de interpretaciones en torno al que puede ser el alcance jurídico de sus disposiciones.

Es así como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha formado una serie de grandes construcciones jurídicas que forman parte del acervo jurisprudencial europeo y que han originado en muchos casos una jurisprudencia acorde en los tribunales de ámbito nacional.

b. El Acta de Helsinki

La Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa dio como resultado el Acta Final de Helsinki, firmada el 1 de agosto por 35 Estados, todos los europeos del Este y del Oeste, menos Albania. Además de contar con la participación de Canadá y Estados Unidos de Norteamérica, dada su participación en la seguridad del continente (7).

La Paz y la distensión son objetivos fundamentales de la Conferencia, ideas que se encuentran presentes en el Principio VII, en el cual, los Estados participantes se comprometen a respetar los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y otros derechos y libertades. Hace mención específica de algunos de ellos como la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencia.

El texto de Helsinki valora la importancia que para el desarrollo de las relaciones pacíficas internacionales y de cooperación tiene la difusión de noticias entre unos y otros Estados, así como la contribución de la verdad informativa en el entendimiento de los pueblos.

El texto abarca, entre otros, los siguientes apartados:

-Mejoramiento de la circulación de la información, del intercambio de la misma y el acceso a ella.

-Cooperación en materia de información.

-Mejora de las condiciones de trabajo de los periodistas.

La Reunión de Helsinki y sus conferencias posteriores constituyeron el punto de encuentro de todos los países de Europa, además de Canadá y Estados Unidos, y contribuyó ideológicamente al debilitamiento del Bloque del Este de modo sustancial. A partir de enero de 1995 la Conferencia se transformó en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa convirtiéndose en el foro más simbólico de la posguerra fría (8).

c. La Unión Europea

En el ámbito europeo se ha ido produciendo un desarrollo normativo muy notable sobre temas informativos debido, en parte, a la acción de la actual Unión Europea (ue) que tiene su origen en diversas organizaciones cuyos objetivos eran primordialmente económicos, como se pone de manifiesto en la redacción de los Tratados Constitutivos de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (ceca), de la Comunidad Económica Europea (cee) y de la Comunidad Europea de Energía Atómica (Euratom), los cuales no se ocuparon de establecer un sistema de protección de los derechos humanos.

A este respecto se ha hecho notar que el sistema de protección de los derechos humanos en la ue refleja las contradicciones características de la integración europea entre su capacidad de evolucionar y su resistencia a cambios constitucionales más audaces, necesarios para superar el déficit democrático en materia de derechos fundamentales de la unión (9).

El Tratado de la Unión Europea (tue), conocido también como Tratado de Maastricht (10) por haber sido firmado en esa localidad holandesa, constituye una piedra angular en el proceso de integración europeo, pues, al modificar y completar al Tratado de París de 1951 que creó la ceca, a los Tratados de Roma de 1957 que instituyeron la cee y el Euratom y al Acta Única Europea de 1986, por primera vez se sobrepasaba el objetivo económico inicial de la comunidad (construir un mercado común) y se le daba una vocación de unidad política.

El tue consagra oficialmente el nombre de Unión Europea, que en adelante sustituirá al de Comunidad Europea. El término “unión” se utiliza desde el inicio del tratado para significar el avance de un proyecto histórico. Así, el artículo A 2e del tratado dice lo siguiente: “El presente Tratado constituye una nueva etapa en el proceso creador de una Unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa”.

El Tratado de Maastricht provocó un cambio radical en materia de derechos fundamentales y estableció en su artículo 6.2 que:

La Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del derecho comunitario.

Más adelante aparece el Tratado de Ámsterdam, adoptado el 16 y 17 de junio de 1997 y firmado el 2 de octubre del mismo año por los ministros de asuntos exteriores de los quince Estados miembros. Entró en vigor el 1 de mayo de 1999, el primer día del segundo mes siguiente a su ratificación por el último Estado miembro de acuerdo con sus respectivos ordenamientos constitucionales.

En el plano jurídico, el Tratado de Ámsterdam modifica algunas disposiciones del Tratado de la Unión Europea, de los Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas y de diversos actos afines, pero no los sustituye, sino que se suma a ellos. En el ámbito de protección de los derechos humanos sus aportaciones son de gran relevancia.

Por un lado, modifica el artículo 2 del tue, añadiendo que entre los objetivos de la ue está el de mantener y desarrollar la Unión como un espacio de libertad, seguridad y justicia, en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas respecto al control de las fronteras exteriores, el asilo, la inmigración y la prevención y la lucha contra la delincuencia.

Por otro, amplía las premisas del artículo 6.1 al señalar que la Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de derecho, principios que son comunes a los Estados miembros cuya identidad nacional será respetada.

Así, el Tratado de Ámsterdam cristalizó sólidamente un empeño institucional comunitario que se venía fraguando para la más firme protección de los derechos humanos de los ciudadanos de la Unión, entre los que el derecho a la información juega un papel primordial, como lo demuestran numerosas resoluciones del Parlamento Europeo, así como numerosas acciones emprendidas por la Comisión (11).

La Carta de Niza

Hemos visto cómo los objetivos de la Unión Europea se fueron ampliando. En un principio los objetivos fundamentales eran económicos y posteriormente evolucionaron a cuestiones sociales, culturales y políticas. Pero la Unión no contó con una carta de derechos y libertades, propiamente dicha, sino hasta el 7 de diciembre del 2000, día en el que se firmó la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con ocasión del Consejo Europeo en Niza.

Esta carta, firmada por los presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, recoge en un único texto el conjunto de derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos europeos y de todas las personas que viven en el territorio de la Unión.

Las libertades de expresión y de información se describen en el artículo 11 (12) con un planteamiento convencional, añadiéndose un último párrafo sobre el respeto a la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación (13).

Aunque este documento carece de fuerza jurídica vinculante, en la práctica debe ser tomado en cuenta por los Estados miembros y las instituciones europeas que, por coherencia política, no podrán adoptar decisiones que se opongan a los valores consagrados en la Carta.

Conclusión

El derecho a la información comprende una serie de derechos y libertades reconocidos en las declaraciones universales y regionales de los derechos humanos a partir de 1948 y en las constituciones del entorno de países democráticos. A través de estas páginas hemos podido comprobar que el derecho a la información ha sido reconocido no sólo como un elemento crucial para una democracia participativa, de transparencia y de buen gobierno, sino también como un derecho humano fundamental. Sin embargo, el reconocimiento jurídico generalizado del derecho a la información como derecho subjetivo está aún en camino, ya que plantea a los Estados problemas jurídicos importantes como la institucionalización de las garantías jurídicas que permitan su tutela.

Bibliografía

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Anguita, Pedro, “El derecho a la información en América”, en Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y Alfonso, Loreto (coords.), Derecho de la información, Barcelona, Ariel, 2003.

Azurmendi, Ana, Derechos de la información. Guía jurídica para profesionales de la comunicación, 2a. ed., Pamplona, Eunsa, 2001.

Bonet, Jordi, El derecho a la información en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Barcelona, PPU, 1994.

Escobar de la Serna, Luis, “El proceso de configuración del derecho a la información”, en Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y Alfonso, Loreto (coords.), Derecho de la información, Barcelona, Ariel, 2003.

–, Principios del derecho de la información, Madrid, Dykinson, 2000. Farías García, Pedro, Libertades públicas e información (un esbozo histórico), Madrid, Eudema Universidad, 1988.

Folliet, Joseph, La información hoy y derecho a la información, Santander, Editorial Sal Térrea, 1971.

López-Ayllón, Sergio, El derecho a la información, México, Miguel Ángel Porrúa, 1984.

Lozano Bartolozzi, Pedro, “El derecho a la información en los textos universales”, en Bel Mallén, Ignacio y Corredoira y Alfonso, Loreto (coords.), Derecho de la información, Barcelona, Ariel, 2003.

Mendel, Toby, “Libertad de información: derecho humano protegido”, Derecho Comparado de la Información, México, núm. 1, enero-junio de 2003.

Novoa Monreal, Eduardo, Derecho a la vida privada y libertad de información, México, Siglo XXI, 1981.

Vega García, Agustín de, “Derecho a la información, libertades informativas y forma de Estado”, en Farías García, Pedro, y Sánchez de Diego, Manuel (coords.), Las libertades informativas en el mundo actual: Congreso Conmemorativo del 25 Aniversario de la Facultad de Ciencias de la Información, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1997.

Notas

1. El Consejo de Europa es una organización intergubernamental compuesta por 45 Estados miembros, creada el 5 de mayo de 1949. Constituye, fundamentalmente, una comunidad ideológica basada en la democracia parlamentaria, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos.

2. Tal y como se pone de manifiesto en el Preámbulo de su Estatuto, en el que se afirma, en nombre de los Estados signatarios, la “devoción a los valores espirituales y morales que constituyen la herencia común de sus pueblos y la fuente verdadera de la libertad individual…”. Este objetivo se materializa en el artículo

3 del Estatuto del Consejo de Europa, por el cual los Estados miembros se obligan a aceptar “los principios del imperio de la ley y del disfrute por todas las personas bajo su jurisdicción de los derechos humanos y las libertades fundamentales…” 3. Bonet, Jordi, El derecho a la información en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Barcelona, PPU, 1994, p. 78.

4. Artículo 10.1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. Este artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. 2. El ejercicio de estas libertades que entrañan deberes y responsabilidades podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.

5. Bonet, op. cit., nota 23, p. 100.

6. Ídem.

7. Los 35 Estados participantes eran pertenecientes a los dos grandes pactos de la posguerra, la OTAN y el Pacto de Varsovia, además de Estados neutrales e incluso microestados como la Santa Sede, San Marino, Mónaco y Malta. Estados Unidos y Canadá participaron debido a su implicación en la seguridad del continente, al igual que la extinta URSS, figurando Albania como el único ausente. Lozano, op. cit., nota 7, p. 96.

8. Lozano, op. cit., nota 7, p. 97.

9. Escobar de la Serna, Luis, “El proceso de configuración del derecho a la información”, en Bel Mallén, Ignacio, y Corredoira y Alfonso, Loreto (coords.), Derecho de la información, Barcelona, Ariel, 2003, p. 81.

10. El Tratado de Maastricht entró en vigor el 2 de noviembre de 1993.

11. Escobar, op. cit., p. 82.

12. Artículo 11. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo.

13. Importantes son también los artículos 27 y 42 de la Carta. El primero trata del derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa y, el segundo, habla del derecho de acceso a los documentos oficiales comunitarios. 

Es mexicana, doctora en derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Tomado de: juridicas.unam.mx

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