La Gaceta Jurídica

Exhortos del Tribunal Supremo

…tendrán que ser enviados a Estados Unidos mediante gestiones de la Cancillería, sin embargo, para ese momento deberá conocerse de manera fehaciente que no existen contradicciones para que esta acción de la justicia boliviana no sea rechazada ni observada y que llegue a cumplir su cometido.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 20 de noviembre de 2012

Con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (tsj) de Bolivia de emitir exhortos suplicatorios para notificar al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ex ministro de Hidrocarburos, Jorge Berindoague, se da otro paso en los procesos que se pretende consumar contra ellos y otros políticos, debido a sus gestiones con visos de irregularidad en los dos periodos de gobierno del ex mandatario y los siguientes hasta 2003, años en los que se firmaron, sin respaldo del Legislativo, decenas de contratos de explotación y comercialización de gas.

Según datos de las acusaciones en contra de estos ex administradores del Estado en referencia a los documentos firmados para la explotación de las variantes del petróleo, de 106 contratos firmados con empresas transnacionales 52 corresponden al primer gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997); 49 a la presidencia de Hugo Banzer (1997-2001); cuatro a la del sucesor de éste, su vicepresidente Jorge Quiroga (2001-2002), y uno al periodo 2003-2005 de Carlos Mesa (este último fue excluido del proceso).

Sánchez de Lozada y Berindoague radican en Estados Unidos desde su huida del país en octubre de 2003, a consecuencia de las protestas populares contra la venta de gas por Chile. En esas fechas, antes del abandono del territorio por parte de los citados políticos, la represión estatal dejó como saldo 67 personas muertas y más de 400 heridas, lo que desencadenó en un juicio de responsabilidades y que luego Bolivia pida a Washington la extradición de los dos mencionados y también del ex ministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, quien también se encuentra en ese país.

Esa solicitud fue rechazada por autoridades estadounidenses con el argumento de que las figuras legales de extradición presentadas por nuestro Estado no tenían correspondencia con la legislación de la unión norteamericana, situación que evitó que los citados sean traídos de allá y juzgados en Sucre por los delitos de lesa humanidad. Con este nuevo intento de juzgamiento, los exhortos tienen el objetivo de que los acusados conozcan que se inició un juicio en su contra por el caso conocido como “petrocontratos”.

Entre los antecedentes para recordar, el caso fue denunciado en 2005, la demanda fue admitida por la Fiscalía en abril y el requerimiento acusatorio se formuló en mayo de ese año, luego se requirió a la Suprema la autorización para iniciar el proceso. Años después, el 11 de septiembre de 2011 la Asamblea Legislativa Plurinacional autorizó el juicio por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y encubrimiento, causas que recaen sobre el ex mandatario y varios otros de sus ministros, además de los dos nombrados.

Como paso siguiente, los exhortos emitidos tendrán que ser enviados a Estados Unidos mediante gestiones de la Cancillería, sin embargo, para ese momento deberá conocerse de manera fehaciente que no existen contradicciones para que esta acción de la justicia boliviana no sea rechazada ni observada y que llegue a cumplir su cometido. Seguramente es una aspiración generalizada que las acusaciones contra los actos irregulares y de abuso de poder que se encuentran pendientes sean efectivos por lo menos en parte, sin perder la esperanza de que se ejecuten en su totalidad.

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