La Gaceta Jurídica

¿Existen realmente gobiernos departamentales autónomos?

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Peláez G.

00:00 / 22 de marzo de 2013

El tema referido a la autonomía de las instituciones denominadas subnacionales ha estado en debate en el país desde el siglo diecinueve, pero hasta el presente no parece haber encontrado su ubicación definitiva ni siquiera en los aspectos conceptuales básicos.

Y es que debemos hacer una referencia y una distinción inicial con las autonomías municipales, porque su consagración normativa y su posterior desarrollo no han sido precisamente iguales.

La autonomía municipal fue reconocida en el texto constitucional de 1938, que utilizó la expresión de “gobiernos comunales”. Luego, se dictó en 1943 la primera Ley Orgánica de Municipa-lidades, pero habrá que advertir que esos detalles no fueron suficientes para hacer realidad la vigencia de un régimen auténtico de autonomías municipales, entre otras causas, porque al nuevo esquema le siguió faltando el detalle económico-financiero.

Debieron pasar cincuenta años para que esos temas encontraran el esquema apropiado a través de la llamada Ley de Participación Popular de 20 de abril de 1994. Fue esta Ley la que realmente, y en los hechos, permitió la vigencia práctica de las autonomías municipales. Fue, en definitiva, la norma que contribuyó a afianzarlas.

Hasta este momento, y en cuanto a los “gobiernos departamentales”, éstos siguieron siendo meros aprendices del Poder Ejecutivo con el nombre de prefecturas departamentales. El artículo 109 de la Constitución Política del Estado (cpe) abrogada decía: “En cada departamento el Poder Ejecutivo está a cargo y se administra por un Prefecto, designado por el Presidente de la República”. O sea, nueve “minipoderes” ejecutivos, cada uno a cargo de un funcionario subordinado al Presidente de la República. Todo en aras del carácter UNITARIO de la República.

Es a partir de 2004 que las presiones por modificar esa anacrónica situación se van haciendo cada vez más claras y contundentes; habrá que advertir que el rol principal dentro de aquellas lo jugó Santa Cruz, a la que siguieron Tarija, Beni y Pando. Es decir, lo que se denominó la “media luna”. Aquí se mostró la primera paradoja. Aquella autonomía, supuestamente reclamada por todos y que debería ser parte de las grandes transformaciones institucionales que exigía la República, cuando llega la hora de la verdad, encuentra al país dividido.

Los departamentos de “occidente”, sobre todo, además, Cocha- bamba y Chuquisaca, votan en contra de aquella, mientras la “media luna” lo hace a favor, con la singularidad de que no hubo un resultado de “cómputo nacional”, sino que los resultados fueron “por departamento”, no vinculantes entre sí.

Pero, no olvidemos que esa realidad del referéndum de 2 de julio de 2006 fue en buena manera, producto de la oposición al Sí encabezada por el partido oficialista.

Que éste haya cambiado después su postura, es otra cosa, pero es bueno recordar este hecho inicial.

Los resultados –de cualquier forma o modalidad que hubiesen sido– tampoco alcanzaron a tener la lógica importancia que se les concediera, porque, en los hechos, nunca se ejecutaron. Los departamentos que votaron por el No se encontraron con un texto constitucional que acabó aceptando las autonomías y los que votaron por el Sí, que incluso llegaron hasta la aprobación se sus Estatutos Autonómicos, jamás los pudieron llevar a la práctica.

Y es que, finalmente, se impuso la vigencia de la nueva Constitución promulgada el 7 de febrero del 2009, o sea más de dos años después de la fecha en que se ejecutó el ya indicado referéndum autonómico.

Aquella nueva cpe acabó refiriéndose al tema de la autonomía departamental en el Título I de la Tercera Parte, referido a la “Organización Territorial de Estado”.

De inicio, constitucionalmente se consagró un detalle que ya fue “adelantado”, referido a la elección popular de “prefectos”, que pasaron a llamarse “gobernadores”, a la elección de “consejeros” (artículo 274), que finalmente se denominaron “asambleístas departamentales”.

Justamente, el artículo 277 de la nueva cpe nos habla de “gobierno autónomo departamental”, conformado por una Asamblea Departamental y el Gobernador. En la teoría estaba conformado el marco normativo de los llamados gobiernos autónomos departamentales.

Otro detalle incumplido se refiere a lo establecido por la disposición transitoria tercera I de la nueva cpe, que decía: “Los departamentos que optaron por las autonomías departamentales en el referendo del 2 de julio del 2006, ACCEDERÁN DIRECTAMENTE AL RÉGIMEN DE AUTONOMÍAS DEPARTAMENTALES, de acuerdo con la Constitución. Se añadía que aquellos deberán “adecuar sus estatutos a esta Constitución y sujetarlos al control de constitucionalidad”. O sea, como vulgarmente se dice, lo mismo que igual.

Esa disposición ha surgido a sabiendas de que al menos el texto estatutario de Santa Cruz sería imposible que sea adecuado al de la Constitución y que era, además, anterior al texto de esta última.

Pero, preguntémonos en general en todo el país, ¿qué ha sucedido con los estatutos autonómicos y su obligatoria adecuación al texto constitucional a través de un trámite de control de constitucionalidad a seguirse ante el Tribunal Constitucional Plurinacional? Pues la respuesta no puede ser más elocuente y muy poco halagadora, un solo departamento, el de Pando, es el único, hasta el momento, que ha conseguido culminar una primera etapa de aprobación y ha llevado oficialmente el texto de sus Estatutos ante el Tribunal Constitucional.

Lo evidente es que, dentro de un gobierno que mantiene prácticas auténticamente centralistas justificadas bajo el eufemismo de “centralismo democrático”, no podemos resaltar mucho interés en apuntalar el proceso autonómico.

*    Es abogado, analista constitucional y ensayista.

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