La Gaceta Jurídica

Expansión de la coca

Las afirmaciones de los representantes del oficialismo amplían las vacilaciones pues se habla de que luego de incrementar las plantaciones legales de 12 a 20 mil hectáreas las cantidades excedentarias que se encuentren serían destinadas a la industrialización, es decir que dentro de las hectáreas legales no se consigna este fin.

La Gaceta Jurídica

00:24 / 16 de diciembre de 2011

Esta semana, Julio Salazar, asambleísta del Movimiento Al Socialismo (mas) y presidente del Comité de Tierra, Territorio, Recursos Naturales y Hoja de Coca de la Cámara de Senadores, anunció la pronta presentación de un proyecto de ley para incrementar la cantidad hectáreas de coca plantadas en el país de 12 a 20 mil. El congresista consideró que en este tema hay una propuesta oficial del Gobierno, apoyado en las declaraciones del viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, quien justificó esta actitud.

Ambos oficialistas consideraron, por otra parte, que la cantidad de cocales deberá ser discutida para su incremento, pero aceptaron que no existe un estudio adecuado del tema para saber a con mayor certeza la cantidad de coca que es consumida en Bolivia de modo tradicional y medicinal. De acuerdo a la Ley 1008 de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, únicamente 12.000 hectáreas de la hoja están reconocidas legales para éstos usos, las cuales están ubicadas en los Yungas de La Paz y los Yungas de Vandiola de Cochabamba, mientras que otros territorios como El Chapare no son lícitos.

Por su parte, a raíz de estas afirmaciones, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), a través de su presidente Rafael Quispe, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (cidob), en voz de su presidente Adolfo Chávez, y la Asociación de Productores de Coca de La Paz (adepcoca) con el dirigente Ernesto Cordero hicieron conocer su rechazo al incremento que pretende aplicar el gobierno a la cantidad de coca plantada en territorio nacional, además que plantearon análisis más serios y hasta un referéndum para que la población defina si quiere tener plantaciones del vegetal de forma excedentaria y bajo dudas de su utilización para fines lícitos.

En todo caso, como es de esperar, entidades internacionales como la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (onudd) y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (jife) tienen mayores datos sobre el consumo tradicional y esta última incluso evaluará los compromisos nacionales con el resto del mundo en el tema de la lucha contra el narcotráfico. De este modo, y con las posiciones internas y externas, el destino de la hoja de coca en regiones ilegales parece estar con mayores recelos, más aún cuando no se ha demostrado prácticas notorias de industrialización del vegetal, tampoco su control eficaz para garantizar que no vaya al narcotráfico ni el respeto por lo sagrado de su origen cultural.

En fin, las afirmaciones de los representantes del oficialismo amplían las vacilaciones pues se habla de que luego de incrementar las plantaciones legales de 12 a 20 mil hectáreas las cantidades excedentarias que se encuentren serían destinadas a la industrialización, es decir que dentro de las hectáreas legales no se consigna este fin y, además, que si no se industrializa a ¿dónde van si no son objeto de destrucción? En otras palabras, el tema político para beneficiar legalizando lo ilegal pasa por el disimulo cultural-ancestral en un negocio basado en las aspiraciones mercantiles de mayores riquezas con prácticas fáciles para la acumulación de capitales, o ¿qué dicen quienes tienen intereses y propiedades en los territorios ilegales de coca? 

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