La Gaceta Jurídica

Expropiación del hipódromo es cuestionada

Ley N° 668 inconstitucional

Henry A. Pinto Dávalos

00:00 / 17 de abril de 2015

El Gobierno nacional, con miras a la realización de los XI Juegos Sudamericanos 2018, se ha puesto la meta de construir un nuevo estadio departamental conocido como “El Batán”, proyecto que, según dispone el Ejecutivo, debe ser emplazado en predios del Hipódromo de Cochabamba, entidad privada que tiene la titularidad jurídica del referido bien inmueble.

Este hecho ha provocado más de un inconveniente de orden jurídico, no solo debido a la legitima oposición de los titulares del hipódromo, sino también debido al pago o justo precio que se debe pagar por concepto de indemnización, aprobando para tal fin la Ley N° 668 de 24 de marzo, motivo del presente artículo.

En efecto, cuando uno revisa en detalle la Ley N° 668, escueta en su redacción (solo 5 artículos y una disposición derogatoria), se encuentra con que esta norma establece un procedimiento de orden administrativo sumario a cargo del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas (mopsv) (según la norma, el plazo para la expropiación y el justo precio no debe superar los 20 días).

Además de lo anterior, estipula de modo realmente curioso y llamativo la previsión expuesta en el punto 3.II.3, que establece que, a fin de determinar el monto exacto por concepto de “justa indemnización”, el mopsv presentará un avalúo y, en caso de no existir acuerdo sobre el monto indemnizatorio con el propietario, se designará un perito dirimidor, el cual está obligado a no exceder en más de 10% el monto definido por el mopsv. Así de claro.

Sobre el particular y ante semejante aberración jurídica, debemos partir recordando al Gobierno central que anteriormente el Tribunal Constitucional Plurinacional (tcp), con motivo del irracional y polémico “Proyecto de Ley de Extinción de Dominio”, emitió la Decla- ración Constitucional N° 002/13 de 19 de abril, donde, al referirse al derecho a la propiedad privada, concluyó:

a) Que cualquier afectación del derecho a la propiedad privada, al ser un derecho fundamental, debe cumplir con el principio de reserva legal (solo una ley la puede regular), el principio de reserva judicial (debe mediar un proceso judicial para su afectación) y el principio de proporcionalidad (relación entre fin y medio) de “manera concurrente”, tal como se tiene en los argumentos contenidos en el punto III.5.3 de la ratio del fallo indicado.

b) Estableció de modo categórico también que, por respeto al artículo 120.I constitucional, no se puede aceptar un simple “procedimiento administrativo” para afectar o restringir el derecho a la propiedad, sino que debe mediar un proceso judicial en todo el sentido del término, pues “lo que se encontrará en juego es el patrimonio de las personas (…) que “demanda una carga probatoria dinámica” (tcp dixit).

c) Que un “procedimiento administrativo”, en resumidas cuentas, no “cumple los estándares mínimos inherentes a la garantía del debido proceso (…) con total falta de probidad, que no garantizan independencia ni imparcialidad por su vinculación a funciones propias del Órgano Ejecutivo” (textual).

d) Que un proceso administrativo que no reconozca mecanismos de apelación, vulnera el principio de impugnación previsto en el artículo 180.II constitucional, tal como se tiene en el caso concreto donde se instaura un procedimiento sumario, sin ningún mecanismo de apelación o impugnación.

Es catedrático de Derecho Procesal Constitucional (UMSS).

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia