La Gaceta Jurídica

Extradición y normativa

Casos y errores

Los no extraditados Sánchez Berzaín y Sánchez de Lozada.

Los no extraditados Sánchez Berzaín y Sánchez de Lozada.

La Gaceta Jurídica / Karen Longaric R.

00:00 / 30 de octubre de 2012

La extradición es un mecanismo internacional cuyo objetivo es evitar la impunidad del delito. Se sostiene sobre tres pilares jurídico-normativos: el tratado internacional, la norma interna del Estado requirente y la norma interna del Estado requerido.

La norma internacional y los principios sobre extradición instituyen requisitos importantes que están insertos en el Tratado Modelo sobre extradición aprobado por la onu en 1990, documento que inspira a las legislaciones modernas y a los tratados bilaterales suscritos en los últimos veinte años.

Entre estos requisitos figuran la exigibilidad de doble incriminación, existencia de imputación formal o de sentencia condenatoria que no hubiese operado la prescripción ni el indulto, no aplicación de pena de muerte, no extradición por delitos políticos, no extradición por delitos tipificados únicamente en la legislación militar, no extradición sin garantías mínimas en el proceso; extradición obligatoria para los delincuentes de lesa humanidad, genocidio, guerra, agresión y de otros hechos tipificados por el derecho internacional, como narcotráfico y terrorismo.

Bolivia firmó el Tratado sobre Extradición con Estados Unidos (eeuu) en 1995; éste condiciona la extradición a la verificación de la doble incriminación. Cuatro años más tarde aprobó el Código Procesal Penal cuyo artículo 149 establece que la extradición se regirá por las convenciones y tratados internacionales vigentes y subsidiariamente por las normas del Código de Procedimiento Penal. Ambos instrumentos toman las bases jurídicas del Tratado Modelo sobre Extradición.

Desde su asunción al poder, el Gobierno del presidente Evo Morales tenía un objetivo claro: extraditar a Gonzalo Sánchez de Lozada y a Carlos Sánchez Berzaín para juzgarlos por los hechos de octubre de 2003. Para ese propósito debía promover primero la acusación contra ellos y luego extraditarlos.

No cabe duda que la fase de investigación que derivaría en el requerimiento fiscal debía ajustarse estrictamente a las leyes bolivianas, sustantivas y adjetivas.

Con la autorización de la Asamblea Legislativa y el requerimiento acusatorio del fiscal, el Tribunal Supremo de Justicia recién podía solicitar la extradición, que inobjetablemente debía ajustarse a las disposiciones del tratado bilateral suscrito entre Bolivia y eeuu y a sus normativas internas.

Si el objetivo era extraditar a estas personas, la tarea número uno consistía en analizar el tratado de 1995, informarse de la doctrina y principios sobre extradición y analizar la norma de EEUU para armonizar jurídicamente la solicitud de extradición a los tres ordenamientos jurídicos, única forma de realizar el trámite con éxito.

El tratado exige doble incriminación, es decir, los delitos imputados al extraditus deben configurarse en ambas legislaciones. En conocimiento de este requisito fundamental, la acusación debía recoger estrictamente aquellos tipos penales incriminados por ambos ordenamientos jurídicos.

Sin embargo, al parecer, la idea de exponer una imputación ampulosa se impuso a las exigencias jurídico-internacio- nales y a la sobriedad del tema. El resultado lo conocemos, se denegó la solicitud de extradición por no cumplir los requisitos de fondo establecidos en el tratado.

Demás está analizar si la Cancillería boliviana remitió la solicitud de extradición al Departamento de Estado de eeuu cumpliendo las formalidades extrínsecas exigidas para el efecto. Parece que sí, y si algún error de procedimiento administrativo se hubiese cometido, éste podría enmendarse. No ocurre lo mismo con el error que arrastra la acusación “con fines de extradición”, éste parece ser insalvable.

Es docente de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y académica de número de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Bolivia.

Tomado de: academiajuridicabolivia.com

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