La Gaceta Jurídica

Fallo y contrabando

…la internación de productos ilegales al territorio del Estado perjudica en gran medida a los importadores legales de artículos que no se manufacturan en Bolivia y a los productores de confecciones nacionales, quienes sufren con la competencia desleal; además, esto deriva en otros perjuicios…

Editorial

14:34 / 05 de junio de 2016

El artículo 325 de la Constitución Política del Estado (cpe) de 2009 señala que “el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, el agio, la usura, el contrabando, la evasión impositiva y otros delitos económicos conexos serán penados por ley”. Pese a la norma, en relación a la introducción de productos ilegales al territorio nacional, parece que la lucha no tiene aún triunfos permanentes pese a los esfuerzos que podrían realizar las instancias dirigidas por la Aduana Nacional.

La anterior afirmación tiene que ver con el reciente fallo de un juez de Santa Cruz de la Sierra, quien determinó que una mercadería de contrabando incautada por la Aduana sea devuelta para su nacionalización a unos presuntos contrabandistas, acción judicial que fue criticada por la institución aduanera, según informó este jueves el matutino La Razón. Al respecto, es preciso tomar en cuenta que los tópicos anunciados por la presidenta de la institución de resguardo, Marlene Ardaya, sobre los artículos confiscados indican que el proceso fue realizado de manera adecuada, es decir que, luego de un seguimiento debido a una alerta de Chile, se procedió a la intervención junto con el Ministerio Público.

El dato señala que el camión embargado presuntamente introdujo al país mercancía de poco valor identificada como artículos de loza, no obstante, con la revisión se constató que se trataba de bienes de precio elevado consistentes en televisores y otros de línea negra. Con la denuncia pertinente, el caso llegó a los tribunales, pero, con celeridad poco común, en dos meses de proceso un juez de la capital oriental habría determinado ese fallo que es considerado un revés a la labor de los funcionarios aduaneros.

Por otra parte, mientras que la presidencia de la Aduana anunció procesos judiciales contra el magistrado por esa decisión, se deberá tomar en cuenta que este juez pudo haber actuado de manera adecuada para dictaminar esa sentencia, por lo que la crítica y procesamiento podrían no ser legítimos. No obstante, aquí se juega una situación importante que tiene que ver con el criterio y conciencia al aplicar el Derecho, porque, según explica el jurista mexicano Leopoldo Parra Ocampo, el juez tiene “absoluta libertad para sentenciar en la forma que su criterio y su conciencia le dicten, porque los jueces no tienen más superior que la ley; no se les puede indicar que fallen en su sentido u otro”.

Por este motivo, sin sospechar (o haciéndolo) un posible acto de favorecimiento a los presuntos contrabandistas, se debe recordar que la internación de productos ilegales al territorio del Estado perjudica en gran medida a los importadores legales de artículos que no se manufacturan en Bolivia y a los productores de confecciones nacionales, quienes sufren con la competencia desleal; además, esto deriva en otros perjuicios como la baja en el nivel de impuestos, la reducción de fuentes de trabajo y el cierre de negocios y fábricas legales.

De hecho, es lamentable pensar que la ilegalidad sea reducida a una orden de nacionalización de contrabando, acción que, si bien permitirá el registro de cierto capital para el erario nacional, no tiene los alcances de una medida ejemplificadora para evitar comportamientos similares que vuelvan a perjudicar a la legalidad.

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