La Gaceta Jurídica

Fallo judicial sobre privacidad

…el fallo verdaderamente implica un precedente para situaciones similares, además de que el hecho podría ser específicamente legislado con la propuesta que plantea la comunicadora para una ley que tipifique un delito en ese orden y otros de violación de la privacidad.

Editorial

00:00 / 15 de abril de 2014

La pasada semana, el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz emitió un fallo a favor de la comunicadora Paola Belmonte, en respuesta a una acción de protección de privacidad que ella interpuso al ser afectada por la publicación de un video grabado de forma oculta para vulnerar su privacidad. El fallo establece que “se disponga que la att (Autoridad Telecomunicaciones y Transportes) retire, anule, elimine toda publicación que involucre a la ciudadana Paola Grisel Belmonte.

Asimismo, que por las oficinas pertinentes de la Alcaldía Municipal de La Paz y de El Alto, así como la Gobernación, todo material sea retirado del mercado, donde se involucre a Belmonte y Óscar Medinaceli”.

En cualquier caso, comenzando por la definición del término, según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (drae), la privacidad es el “ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión”. De hecho, esta esfera particular de las personas se encuentra protegida por disposiciones internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuyo artículo 12 establece: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

De igual modo, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala: “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”.

En el caso de Bolivia, en consonancia con esos instrumentos, la Constitución Política del Estado (cpe) de 2009 contiene acápites en referencia directa a este derecho; de este modo, en el capítulo de Derechos Civiles y Políticos el artículo 21 establece que “las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: (…) 2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad”.

Por su parte, el artículo 25.II indica que “son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte…”, lo cual puede ser aplicado al caso en cuestión por lo que Belmonte interpuso el mecanismo que también se encuentra establecido en la cpe en el capítulo de Acciones de Defensa, con la Acción de Protección de Privacidad, donde el artículo 130.I. indica que “toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la Acción de Protección de Privacidad.

En ese contexto, el citado fallo verdaderamente implica un precedente para situaciones similares, además de que el hecho podría ser específicamente legislado con la propuesta que plantea la comunicadora para una ley que tipifique un delito en ese orden y otros de violación de la privacidad.

Ediciones anteriores

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Suplementos

Colinas de Santa Rita, Alto Auquisamaña (Zona Sur) - La Paz, Bolivia