La Gaceta Jurídica

Fancesa: suma… y sigue

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Paláez G.

00:00 / 02 de noviembre de 2012

En las últimas semanas, varios temas referidos al desenvolvimiento de la Fábrica Nacional de Cemento Sucre Sociedad Anónima (Fancesa), que es el nombre completo de la factoría, han encabezado la mayor parte de los titulares de las noticias en el departamento de Chuquisaca e incluso han llegado a adquirir trascendencia nacional.

Esto último porque la fábrica está entre las principales de su género en Bolivia, respecto, además, de un material fundamental como es el cemento, además de otros que se fabrican en aquella.

Y es que, finalmente, tenemos que reiterar algo que adelantábamos en un trabajo de semanas anteriores, el status jurídico de Fancesa es falso. Se presenta como una entidad comercial privada regida por el Código de Comercio, cuando sus entes copropietarios (todos ellos a partes iguales) son estatales.

Lo anterior implicará aceptar algo absolutamente no sólo ilógico, sino antijurídico: que tres entidades públicas “se asocien” para explotar una industria pero que, además para el efecto, se “conviertan”, como por arte de magia, en una sociedad anónima de carácter enteramente privado.

Aquella figura, de ente privado, fue posible entre tanto uno de los copropietarios de la fábrica y, por tanto, accionista igualitario fue Soboce (Sociedad Boliviana de Cemento), un ente privado que venía a estar asociado con otros dos entes públicos (la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca y la Municipalidad de Sucre).

Pero aquella figura se acaba en el momento en que el Poder Ejecutivo u Órgano Ejecutivo, como se llama ahora, decide mediante decreto supremo “expropiar” las acciones de Soboce a favor de la Gobernación de Chuquisaca, otro ente público.

Pero, además, el mismo derecho dispuso hace, aproximadamente, dos años que la misma Gobernación se encargue del pago del monto que se determine por las acciones de Soboce.

El tema se ha complicado porque, además de sumarse la Gobernación de Chuquisaca a los dos copropietarios del Estado, aquella ni siquiera ha finalizado la operación de transferencia de las acciones de Soboce, sencillamente porque el pago por el valor de aquellas no se ha producido hasta el momento.

Sin embargo, de lo antes señalado, la Gobernación ya ha asumido en forma plena sus derechos y obligaciones en esta singular sociedad anónima.

A partir de entonces el calvario de la Fábrica se ha complicado todavía más, como ya ha ocurrido en muchos distritos del Estado Plurinacional, las relaciones entre las instancias subnacionales del Gobierno se supeditan en los hechos al tipo de relaciones existentes entre gobernaciones y municipalidades, según a qué tipo de relacionamiento político responden aquellas.

Es decir, esas relaciones serán de las peores si el alcalde es de la oposición, como ocurre con cierta frecuencia y el gobernador oficialista, como ocurre en este momento en ocho de los nueve departamentos del país.

Obviamente, el departamento de Chuquisaca no es una excepción. La Gobernación responde en forma totalmente incondicional al Gobierno central, mientras el alcalde municipal es más bien la referencia principal de la oposición.

Si a este último se añade el hecho bastante reiterado de que la ciudad de Sucre no ha sido precisamente muy adicta al Gobierno central desde hace muchos años, es más fácil comprender las verdaderas dimensiones del conflicto.

Añadimos que el otro copropietario, la Universidad de San Francisco Xavier, desde que su principal autoridad acabara presidiendo el Comité Interinstitucional totalmente contrapuesto al Gobierno, se advertirá cuál puede ser su postura. Recordemos que, además, aquel rector fue candidato ganador de la elección para Alcalde Municipal, defenestrado luego de sus funciones por una serie de maniobras encabezadas por el partido de gobierno.

En síntesis, ¿qué elementos más faltarían para que en esta reunión de entes públicos, convertidos en privados, se convierta en una verdadera “olla de grillos” donde lo único que vale es lanzarse piedras, acusaciones y palabrotas?, de esta manera, ¿es posible administrar una Empresa en forma adecuada y correcta?

La respuesta cae por su propio peso.

Ninguna de las entidades copropietarias ha comprendido que este estatus jurídico no se puede seguir forzando como hasta hoy. Se ha escuchado “argumentos” señalando que el mantenerla como una sociedad privada se debe a que a la factoría “le conviene”, porque favorece su manejo y administración, lejos de las muchas trabas que aquella encontraría si tratara de funcionar como un ente estatal.

Es posible que fuese así, pero no se trata en todo caso de “conveniencias”, sino del estricto cumplimiento de la normativa legal en vigencia. Lo que llama la atención poderosamente es que los entes superiores del Estado tampoco hayan intervenido nunca para poner en orden esta situación.

¿Cómo se puede justificar que un ente del Estado adopte decisiones que afectan a millonarios bienes de capital que, en general, tienen que ver con su patrimonio, a título de que está actuando en una doble calidad de ente privado?

El problema es peor porque Fancesa ni siquiera se ha manejado dentro del marco del Código de Comercio. Sólo nos preguntamos, ¿qué hacen sus órganos de dirección disponiendo la realización de “licitaciones” para la contratación de agencias de venta de sus productos? ¿No es que se trata de una Sociedad Anónima PRIVADA? ¿Acaso un ente de este tipo está obligado a lanzar licitaciones públicas?

Sin embargo, rayando en lo absurdo, aquella decisión se vuelve otra vez la semilla de la discordia, pero no por lo que acabamos de indicar, sino simplemente porque si el delegado de la entidad ha dicho blanco, yo, que no soy de la misma postura partidaria que el blanco, tengo que decir negro. Y así seguirán las cosas, para la desgracia de Chuquisaca.

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