La Gaceta Jurídica

Financiamiento a los partidos

…han utilizado medios fiscales en distinto grado para apoyar sus postulaciones; en otro sentido, se trata de una obligación moral de los militantes y benefactores el costear sus aspiraciones de la mejor manera posible, más aún cuando tienen posibilidades de distinto alcance.

La Gaceta Jurídica

00:00 / 08 de enero de 2013

Según versiones recogidas de miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE), hasta abril de este año sería presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas, partidos nacionales y agrupaciones ciudadanas, que es parte de las prioridades normativas y administrativas de este órgano nacional, que entre agosto y diciembre de 2012 socializó un borrador de esta propuesta.

Según la información del matutino La Razón (07-01-13), la discusión fundamental en este periodo de recolección de aportes y sugerencias para la construcción de la norma estuvo marcada por el pedido de la tiendas políticas para la reposición de financiamiento estatal a las campañas electorales, beneficio que alcanzaba a unos 40 millones de bolivianos entregados por el Tesoro General del Estado (TGE) y distribuidos de manera diferenciada entre los partidos de acuerdo a votaciones alcanzadas anteriormente y otros requisitos, pero que, mediante la Ley 3925, se eliminó en 2008 para crear el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad a favor de los discapacitados.

Al respecto, se debe tomar en cuenta varias consideraciones sobre el financiamiento a las organizaciones políticas, pues de su participación en las carreras electorales depende el sostenimiento de la democracia como está planteada hasta el momento. De este modo, es fundamental analizar que la entrega de recursos estatales ayuda a que esas entidades puedan terciar entre sí en condiciones más o menos equilibradas, pues no todas tendrán en iguales dimensiones la ayuda de organismos externos y de donantes particulares como empresas o instituciones de otro tipo.

En este mismo sentido, se debe considerar que en muchos países del mundo el Estado, apoyado en instrumentos legales, entrega recursos económicos para la actuación de los partidos en los periodos y eventos electorales de diverso orden; pero que, en todos ellos, también existe un financiamiento mixto para este particular, pues todos las organizaciones políticas reciben otros aportes originados en sus militantes.

Otro aspecto para considerar es que, tradicionalmente, los partidos más grandes en Bolivia han sido dirigidos, promovidos y financiados por empresarios, organizaciones que, además, han tenido periodos largos en el poder, donde han logrado recuperar sus “inversiones” en fines electorales. Por otra parte, está demás señalar que, antes y ahora, los grupos en funciones de administración estatal, departamental o local han utilizado lamentablemente medios fiscales en distinto grado para apoyar sus postulaciones; en otro sentido, se trata de una obligación moral de los militantes y benefactores el costear sus aspiraciones de la mejor manera posible, más aún cuando tienen posibilidades de distinto alcance.

Al mismo tiempo, en la socialización realizada por el tse se ha constatado el surgimiento de nuevas ideas sobre el tema del financiamiento, entre ellas la que propone la entrega de recursos estatales en especie, es decir en materiales procesados de propaganda y espacios en medios de comunicación, lo cual sería muy interesante para que no existan desvíos de recursos entregados para un fin específico. Por otra parte, es reconfortante que las tiendas electorales se encuentren dispuestas a la fiscalización que se cumple desde el año pasado para controlar que sus recursos no provengan de actividades ilícitas como el narcotráfico.

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