La Gaceta Jurídica

Financiamiento político

…el monopolio en las elecciones locales y nacionales la tenían los partidos políticos, hoy, en cambio, tienen la “competencia” de las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas, que luego de cumplir algunos requerimientos pueden presentar sus candidatos, lo que amplía la participación política.

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 04 de junio de 2013

Con la participación de politólogos, expertos extranjeros y representantes de partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral (tse) cumplió con varias jornadas de trabajo para recoger insumos y elaborar el anteproyecto de la Ley de Organizaciones Políticas, norma que sustituirá a la actual Ley de Partidos Políticos. Pero, según se avizora por declaraciones del oficialismo y de la oposición, el tema de mayor discusión para la aprobación de la norma en el legislativo será el del financiamiento para las campañas electorales, beneficio que fue puesto en vigencia en 1997 y anulado en 2008.

Hasta donde se conoce, el anteproyecto que prepara el tse no contemplará el financiamiento de campañas electorales de los partidos políticos, pero que tal vez podría verse otras formas para la difusión y la presencia más o menos equilibrada de las representaciones políticas en la “competencia” electoral que tiene prevista las elecciones generales de 2014. Al respecto, no es desconocido que los mayores gastos electorales de los grupos que entran a la carrera electoral es la difusión de sus propuestas a través de los medios de comunicación.

Desde que se tiene memoria a partir del retorno a la democracia, la batalla de campañas ha sido siempre desigual en cuanto a la presencia mediática de las representaciones, pues, mientras los partidos en función de gobierno o que antes lo habían estado tenían recursos incluso para insultar, difamar o deslucir a sus oponentes, otros apenas alcanzaban a hacer conocer parte de su programa. Esto llevó la suspicacia de que los recursos provenían de manera irregular del erario nacional y aportes de procedencia dudosa como el narcotráfico u otras actividades ilegales. Por estos motivos se definió que el Estado apoyará las candidaturas con ciertos montos que eran entregados de acuerdo a algunos requisitos. Además, el problema era que los partidos no rendían cuentas sobre sus gastos a nadie, pero que con esa disposición deberían hacerlo al Estado.

Por otra parte, antes el monopolio en las elecciones locales y nacionales la tenían los partidos políticos, hoy, en cambio, tienen la “competencia” de las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas, que luego de cumplir algunos requerimientos pueden presentar sus candidatos, lo que amplía en gran manera la participación política. Sin embargo, es por demás evidente que estas dos últimas categorías son las que menos recursos tendrán, salvo que algunos de ellos participen en alianzas con partidos de grandes posibilidades, los cuales todavía permanecen por lo menos con la personería jurídica vigente, en el caso de los antiguos y que parecían extintos, como adn, mnr, pdc o fri, o los que se mantienen en el escenario como un, ucs, msm o mas.

En cuanto a la posibilidad de una nueva forma de financiamiento para la competencia electoral, el partido en funciones de gobierno, que además tiene la mayoría parlamentaria, ha hecho conocer su desaprobación a esta opción, dejando en desventaja a los pueblos indígenas que no comparten su línea en el caso de que decidan presentar candidatos propios. En ese sentido, será moralmente necesario que el tse pueda incluir en su propuesta que desde sus dependencias se trabaje en la forma de difundir las propuestas y programas políticos de las agrupaciones que tengan menos recursos.

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