La Gaceta Jurídica

Formas de violencia van al ámbito penal

El presidente Evo Morales promulgó el sábado la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia Nº 348, que protege del maltrato a este sector con nuevas determinaciones y tipificaciones para la prevención, protección y sanción. La norma fue aprobada con celeridad luego del feminicidio de Hanalí Huaycho.

El Presidente promulgó la norma en presencia de representantes de las mujeres. Foto: abi.bo.

El Presidente promulgó la norma en presencia de representantes de las mujeres. Foto: abi.bo.

La Gaceta Jurídica / Redacción/agencias/Bolpress.com

11:06 / 12 de marzo de 2013

El presidente Evo Morales promulgó el sábado la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia Nº 348, que protege del maltrato a este sector con nuevas determinaciones y tipificaciones para la prevención, protección y sanción. La norma fue aprobada con celeridad luego del feminicidio de Hanalí Huaycho.

El acto en Palacio de Gobierno asistieron autoridades de Gobierno, legisladores y representantes de organizaciones de mujeres. El feminicidio de  Huaycho dejó al descubierto la falta de normas y medidas que protejan a la mujer y frenen y castiguen la violencia.

Evo Morales señaló estar cansado de tantas leyes que no se aplican, a veces por falta de dinero, pero adelantó que instruirá al ministro de Economía para que defina los fondos para su implementación. Además, reflexionó en que “algunas (mujeres) no se divorcian porque piensan que en el mundo machista es malo ser una mujer divorciada... Estoy convencido que este proceso beneficia, sobre todo, a las mujeres y al movimiento indígena”.

El Presidente insistió en la necesidad de denunciar los hechos de violencia y aseguró que no hay justificación para pegarle a una mujer, en tanto, insistió que para combatir esa actitud se debe comenzar a educar desde la familia. Demandó la participación de las féminas para acudir a la justicia y denunciar hechos de violencia o agresiones en su contra.

Temas establecidos

Entre otros aspectos, la ley establece 30 años de cárcel sin derecho a indulto para quienes matan a una mujer, implementa la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, marca la participación de gobiernos subnacionales, define la asignación de recursos especiales en caso de extrema violencia, establece la creación de centros de acogida para las mujeres agredidas.

Para la presidenta de la Cámara de Senadores Gabriela Montaño, es un gran avance que a través de la norma promulgada la violencia hacia la mujer sale del ámbito privado y se incluye la figura del feminicidio como delito.

Montaño insistió en que “nada puede justificar la violencia de un ser humano contra otro, sea hombre o mujer”, y agregó que “lo más importante para nosotros es construir una sociedad en la que ninguna mujer sufra violencia, en la que ninguna se sienta agredida”.

“Hay un compromiso del Presidente, del Gobierno nacional, para dar los recursos, a través del Tesoro General de la República”, dijo y enfatizó que “este no es un problema sólo de Bolivia. Es un problema en el mundo entero. Tenemos que tratar de ser ejemplo para nosotros mismos y para el resto de la región”.

Aspectos relevantes

Según el organismo Coordinadora de la Mujer, la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia constituye un importante avance que define las bases normativas para una política pública integral para enfrentar la violencia contras las mujeres y, al mismo tiempo, plantea el desafío para que las organizaciones de mujeres de la sociedad civil desplieguen los esfuerzos necesarios para la exigibilidad, incidencia y vigilancia para garantizar su implementación en los niveles de gobierno e instancias públicas y privadas.

Un documento de esa institución subraya que es fundamental el reconocimiento de 16 formas de violencia, pasando su tratamiento al ámbito penal a través de la simplificación de algunos aspectos del procedimiento penal. Adicionalmente, se ha establecido nuevos tipos penales, entre ellos el feminicidio, acoso sexual, violencia familiar o doméstica, esterilización forzada, incumplimiento de deberes, padecimientos sexuales, actos sexuales abusivos.

Además, se incorpora como delitos contra la mujer la violencia económica, violencia patrimonial y sustracción de utilidades de actividades económicas familiares. En total son 17 medidas establecidas en la ley como de orden público contra de violencia física, psicológica, sexual y económica que deberán ser investigadas de oficio por el Ministerio Público. Además, en la Policía se formará la Fuerza de Lucha Contra la Violencia con financiamiento del Tesoro General del Estado.

La Coordinadora de la Mujer identifica como avance la imposibilidad de usar la figura de homicidio por emoción violenta, en casos de feminicidio, que hacía referencia a razones de “honorabilidad”, por la cual los agresores se acogían a esta figura para lograr sanciones entre 2 y 6 años. El cambio de esta figura penal incluye la eliminación de la referencia a motivos de honorabilidad y el incremento de la pena, entre 2 y 8 años.

Entre otros elementos relevantes, se destaca el establecimiento de un conjunto de medidas de prevención en diferentes niveles y ámbitos, que pretenden contribuir a modificar los comportamientos violentos, tanto individuales como colectivos y estructurales, que toleran, naturalizan y reproducen la violencia, priorizando medidas de prevención en los ámbitos familiar, comunitario, educativo, de salud, laboral y comunicacional, estableciendo tareas de cumplimiento obligatorio.

Participaciones

La presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos Teresa Zubieta aseguró que esa entidad será celosa guardiana para el cumplimiento de la norma y que no se convierta en “papel mojado”. En esa misma línea la presidenta de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Juanita Ancieta, manifestó que una de las tareas de las organizaciones sociales es socializar la norma para que la conozcan hombres y mujeres y así sea acatada.

Estructura

La norma tiene 100 artículos y ocho disposiciones, que, además de los anteriores y otros aspectos, incluye que el o los agresores deberán someterse a rehabilitación por orden judicial, sin que ésta sustituya la sanción impuesta. También se creará un sistema de alerta para las regiones donde se registre alto índice de violencia con el refuerzo de programas de prevención a cargo de comisiones especializadas.

Por otra parte, el Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia (Sippase) identificará y medirá los niveles de violencia en el país.

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