La Gaceta Jurídica

Aproximación internacional al nuevo Código de Procedimiento Civil

(Parte I)

Foto: niel3d.org

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Carlos Esplugues Mota

00:00 / 01 de agosto de 2014

Significado y razón de ser del DIPR

La realidad social actual viene caracterizada por la movilidad y la interconexión. Nunca había existido un volumen de relaciones entre personas –físicas y jurídicas– pertenecientes a distintos Estados como el que se da en la actualidad. Y nunca estas relaciones se habían generado con la rapidez, constancia y habitualidad con que se manifiestan en nuestros días.

Significativamente, este conjunto de relaciones tiene lugar en un mundo que, si bien desde una perspectiva económica aparece más integrado que nunca, desde lo jurídico mantiene un elevado grado de fraccionamiento. Este hecho afecta a la continuidad de las relaciones jurídicas entabladas entre los particulares y, por tanto, a las expectativas de todo tipo de éstos y se encuentra en la base misma de la existencia del Derecho internacional privado (dipr) (1).

El dipr se presenta como un sector del Derecho estatal cuya razón de ser y objeto es la regulación de las relaciones y situaciones privadas de carácter internacional generadas entre particulares o sujetos que, no siéndolo, actúen como tales. Su finalidad es aportar una respuesta adecuada y justa a los problemas a que ellos se ven expuestos como consecuencia de la existencia de una pluralidad de ordenamientos jurídicos independientes, que, al aparecer, vinculados a una concreta relación o situación jurídica resultan potencialmente reguladores de la misma (2).

A diferencia de lo que ocurre con otros sectores de la ciencia jurídica, dipr incorpora en su propia terminología diversos elementos susceptibles de generar una cierta confusión en torno al exacto significado de la disciplina cubierta por tal denominación. Nos referimos a los calificativos “internacional” y “privado” (3). La combinación de ambos términos transmite en ocasiones una idea equívoca de lo que es y significa esta disciplina (4).

Centrándonos en la condición internacional, relevante a efectos de estos comentarios, el DIPR participa de un origen principalmente nacional, por el contrario, es su objeto el que goza efectivamente de una naturaleza internacional al regular las relaciones y situaciones privadas de carácter internacional generadas entre particulares (5).

1. En lo referente a su origen, el modelo de dipr es obra –directa o indirecta– del legislador estatal y responde a objetivos y principios fijados por éste, incorporando sus propias respuestas normativas y pudiendo diferir, consecuentemente, del resto de modelos nacionales de dipr (6). En última instancia, corresponde a cada legislador estatal decidir acerca de la inclusión, o no, en su propio ordenamiento jurídico, de un modelo propio de dipr. Una vez resuelto este dilema en sentido positivo, será cada legislador estatal quien diseñará el modelo nacional de DIPR de acuerdo con sus necesidades y objetivos, conformándolo libremente de la forma que estime oportuna.

Esta libertad, sin embargo, no es omnímoda (7). En el desarrollo de esta tarea el legislador estatal es confrontado con la existencia de ciertos límites y condicionamientos que son consecuencia de la especial naturaleza que acompaña al dipr; recordemos, origen fundamentalmente interno y objeto internacional:

A) De esta suerte el legislador interno, al diseñar el modelo nacional de dipr, es condicionado por el necesario acatamiento de los mandatos constitucionales y por las obligaciones adquiridas en relación con el respeto a los derechos fundamentales de la persona humana.

B) Junto a ello existe un conjunto de límites y condicionantes inherentes al dipr y que responden a su propia razón de ser. El legislador nacional deberá asegurar que el modelo nacional de dipr se articula sobre unos parámetros mínimos de racionalidad y conexidad como forma de lograr la efectividad del mismo y, consecuentemente, el cumplimiento de los objetivos que acompañaron a su diseño por parte del legislador.

C) Estas exigencias enunciadas se acompañan del necesario respeto a ciertos principios reconocidos por el Derecho Internacional Público (dip). Los principios de inmunidad de jurisdicción y de inmunidad de ejecución del Estado constituyen dos ejemplos paradigmáticos de ello.

2. La internacionalidad del dipr no se debe a su origen, sino a su objeto. Es éste último el que resulta “internacional”. Es la presencia en el planeta de un conjunto de ordenamientos jurídicos diferenciados lo que da lugar a la posible existencia de relaciones y situaciones jurídicas que aparecen vinculadas, por motivos diversos, a más de uno de ellos (8).

La presencia en una concreta situación o relación jurídica de un elemento de extranjería y su vinculación con más de un ordenamiento jurídico origina en las autoridades judiciales o extrajudiciales un conjunto de cuestiones que no se manifiestan en aquellas ocasiones en que la situación o relación jurídica a debate se encuentra vinculada exclusivamente con el ordenamiento jurídico de la propia autoridad.

En este caso no necesitan cuestionarse acerca de su competencia judicial internacional para conocer del litigio o de cuál sea la ley aplicable al fondo del mismo.

Algo que sí ocurre, por contra, en aquellos supuestos en que se hace patente un elemento de extranjería. Ello, lógicamente, genera un nivel de complejidad y dificultad inexistente en las situaciones vinculadas a un único ordenamiento jurídico y exige de un tratamiento propio y diferenciado para las mismas por parte del legislador y de los operadores jurídicos.

Las preguntas que se formula la autoridad judicial o extrajudicial nacional ante una situación con elementos de internacionalidad son coincidentes, de alguna manera, con las materias cubiertas por el propio dip. En primer lugar, ante la constatación por parte del operador jurídico de que está ante una situación con elementos de internacional, éste debe preguntare si cuenta, o no, una determinada autoridad con competencia para conocer de la cuestión ante él planteada. En caso de ser así deberá plantearse seguidamente qué ley se aplicará a la resolución de ésta y, por último, que efectos producirá la eventual resolución que pueda dictar la autoridad en el extranjero y, viceversa, con qué nivel de eficacia contarán las emanadas de autoridades foráneas en nuestro país (9).

La primera y tercera cuestión se vincula a la noción clásica de “conflicto de jurisdicciones”. La segunda se conecta con la idea –también tradicional– de “conflicto de leyes”. Conviene que las aproximemos, aunque sea brevemente (10).

1. La primera de las dos preguntas que se formula la autoridad –judicial o extrajudicial– a la hora de hacer frente a las cuestiones eventualmente suscitadas por una relación o situación jurídica internacional, se refiere a su propia competencia para conocer de la misma. Esta cuestión fue tradicionalmente incardinada dentro de la noción de “conflicto de jurisdicciones”. Un concepto utilizado históricamente por la doctrina internacional privatista, que cuenta con un marcado carácter gráfico pero que resulta tan inexacto como reduccionista en relación con su contenido.

A) En primer lugar, la noción de “conflicto de jurisdicciones” resulta inexacta en la medida en que por la propia naturaleza procesal –y, por lo tanto, territorial y unilateral– de las normas que determinan la extensión y límites de la jurisdicción nacional, el juez estatal únicamente puede plantearse su propia competencia y no la de los tribunales pertenecientes a otras jurisdicciones nacionales. No existe, en sentido estricto, conflicto alguno entre jurisdicciones eventualmente competentes, sino que es el legislador nacional el que establece la extensión y límites de la jurisdicción de los tribunales nacionales.

B) La noción resulta, igualmente reduccionista, en cuanto la compleja realidad diaria pone de manifiesto el hecho de que la determinación de la competencia para conocer de concretas actuaciones no viene exclusivamente referida al juez, reputándose de forma cada vez más habitual de otras autoridades que –dotadas o no de potestad jurisdiccional– no ejercitan ésta en el desarrollo de sus funciones, hablamos de notarios o de encargados del Registro Civil o de la propiedad.

2. Una vez verificado por parte del operador jurídico nacional el hecho de que cuenta con competencia para conocer de la cuestión ante él suscitada, se plantea el problema de determinar cuál sea la ley aplicable a la cuestión jurídica ante él planteada. Esta materia se incardina dentro del denominado “conflicto de leyes”. De nuevo un concepto tradicional que resulta gráfico pero inexacto.

El operador jurídico verificará la ley aplicable a la cuestión suscitada tomando en consideración su modelo nacional de dipr. Este modelo, en última instancia, le conducirá a la aplicación de su propio ordenamiento jurídico sustantivo nacional o a la aplicación del ordenamiento jurídico de otro país. En uno u otro caso, la autoridad nacional –judicial o no– se verá compelida a aplicar el sistema jurídico señalado, siguiendo las pautas fijadas al respecto por su propia legislación nacional.

3. Estas son las dos interrogantes básicas que se formula el operador jurídico en aquellas ocasiones en que se ve confrontado con una cuestión relativa a una relación o situación jurídica en la que aparecen uno o varios elementos de extranjería. Junto a ellos, la realidad práctica pone de manifiesto la presencia de una tercera materia independiente de los dos anteriores, que se suscita temporalmente separada de aquellas, ¿qué efectos pueden atribuirse a una decisión –judicial o extrajudicial– que emane de una soberanía extranjera?

Se habla así del reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y extrajudiciales extranjeras. Y ello, en la doble dimensión de concretar cuál es la eficacia en el territorio boliviano de las resoluciones y actos dictados fuera de nuestras fronteras por autoridades foráneas. Y de explorar qué efectos son susceptibles de producir fuera del Estado Plurinacional de Bolivia las resoluciones emanadas de autoridades judiciales y extrajudiciales patrias.

El modelo boliviano de DIPR

Una vez sentadas las bases sobre las que se articula con carácter general un modelo de dipr conviene plantearnos cuáles son las claves del concreto modelo boliviano de dipr. En tal sentido, éste aparece como deudor directo de la historia –en muchas ocasiones convulsa– de nuestro país (11).

Nación aislada durante siglos, Bolivia ha contado tradicionalmente con un sistema de dipr caracterizado tanto por su raquitismo en número de soluciones y elaboración de las mismas, como por su escasa aplicación en la práctica. A diferencia de lo que ocurre en otros Estados de nuestro entorno, la incardinación plena y activa de nuestro país en el concierto mundial de naciones no ha contado con una incidencia directa en el desarrollo legislativo del modelo patrio de dipr ni tampoco ha favorecido una mayor aplicación práctica.

El modelo boliviano de dipr sigue contando con un carácter muy esquemático en el número de sus normas y no especialmente elaborado en lo que a las soluciones recogidas en las mismas se refiere (12). A ello se une, además, su condición marcadamente dispersa. Y ello es reputable tanto de las normas sobre competencia judicial internacional, como sobre Derecho aplicable o reconocimiento y ejecución de resoluciones y laudos arbitrales extranjeros.

El modelo cuenta con una serie de normas de origen estatal, a las que se unen otras de naturaleza convencional que complementan y, en ocasiones, modulan al anterior. El análisis del sistema pone de manifiesto la existencia de un número muy escaso y disperso de normas de origen estatal cuyas falencias y limitaciones, tanto de sistema como de contenido, no se ven colmadas por el insuficiente número de convenios ratificados por el Estado Plurinacional (13).

1. En relación con las normas de origen estatal, fundamentalmente existen disposiciones de dipr en el Código Niño, Niña y Adolescente (cnna) (14), en el Código de Familia (15), en el Código de Procedimiento Civil (cpc) –vigente hasta el momento (16)–, en la Ley del Órgano Judicial (17), en el Código Civil (18) y en el Código de Comercio (19). A ello se unen las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Conciliación de 1997 (20) y, ahora, las recogidas en el nuevo cpc de 2013 (21).

2. Este conjunto de normas de carácter estatal se complementa con una pluralidad de convenios de origen y naturaleza diversa que vinculan a Bolivia.

A) Convenios de naturaleza general. El Código de Derecho Internacional Privado, hecho en La Habana el 20 de febrero de 1928, más conocido como Código Bustamante.

B) Convenios con un objeto específico:

a) Civil. El Tratado de Montevideo sobre Derecho Civil Internacional de 12 de febrero de 1889, la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, realizada en Montevideo el 15 de julio de 1989, el Convenio de La Haya relativo a la protección de los niños y la cooperación en materia de adopción internacional, adoptada el 10 de mayo de 1993, y la Convención interamericana sobre obligaciones alimentarias, hecha en Montevideo el 15 de julio de 1989.

b) Comercial. El Tratado de Montevideo de Derecho Comercial internacional de 12 de febrero de 1889.

c) Procesal. El Tratado de Montevideo de Derecho Procesal Internacional de 11 de enero de 1889; la Convención interamericana sobre régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero, hecha en Panamá el 30 de enero de 1975, y el Acuerdo sobre el beneficio de litigar sin gastos y asistencia jurídica gratuita entre los Estados parte del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, hecho en Florianópolis el 15 de diciembre de 2000.

d) Arbitral. El Convenio de Nueva York de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras y la Convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional, hecha en Panamá el 30 de enero de 1975.

El resultado final, como se ha avanzado ya, es muy poco satisfactorio. Se trata de un modelo disperso y dispar en las materias abordadas y en las soluciones aportadas. A ello se une que estamos ante un modelo poco conocido y carente de una aplicación generalizada por parte de los operadores jurídicos bolivianos.

Continuará

Notas

1. Vid. Esplugues Mota, C. “El Derecho internacional privado: características generales”, en Esplugues Mota, C., e Iglesias Buhigues, J.L. Derecho internacional privado, 7ª ed. Valencia (2013): Tirant lo Blanch, 69-70; Garcimartín Alférez, F. Derecho internacional privado. Cizur Menor (2012): Civitas-Thomson Reuters, 21. 

2. Al respecto, vid. Prudencia Cossío, J. Curso de Derecho internacional privado. 6ª ed., La Paz (2002), Librería Ed. Juventud, 14 y ss.

3. Una definición de “Derecho internacional privado” desde una perspectiva latinoamericana puede encontrarse en Montero Hoyos, S. Derecho internacional privado. Santa Cruz de la Sierra (1958), ed. particular del autor, 24.

4. Al respecto, vid. Salazar Paredes, F. Derecho internacional privado boliviano. La Paz (2004), Cerid, 51.

5. Vid. Esplugues Mota, C. “El Derecho internacional privado”, cit., 71 y ss.

6. Prudencia Cossío, J. Curso cit., 20.

7. Considérese Esplugues Mota, C., “El Derecho internacional privado”, cit., 71-72.

8. Vid. Salazar Paredes, F., Derecho internacional privado, cit., 33-34.

9. Vid. Salazar Paredes, F. Derecho internacional privado, cit., 46-47; Prudencia Cossío, J. Curso, cit., 18-19.

10. Para un análisis más en profundidad de ambas nociones, vid. Esplugues Mota, C., “El Derecho internacional privado”, cit., 76-79.

11. Se habla así de diversas fases en el desarrollo del DIPR boliviano. Vid. Salazar Paredes, F., Derecho internacional privado, cit., 889-893.

12. Vid. Salazar Paredes, F., Derecho internacional privado, cit., 53 y 58.

13. Para un análisis del proceso de codificación internacional, con especial incidencia en el Iberoamericano, nótese Prudencia Cossío, J. Curso, cit., 31 y ss. Considérese Salazar Paredes, F., Derecho internacional privado. 71 y ss y 128-129.

14. Ley Nº 2026 de 27 de octubre de 1999.

15. Ley Nº 996 de 4 de abril de 1998.

16. Ley Nº 1760 de 28 de febrero de 1997.

17. Ley Nº 25 de 24 junio 2010.

18. Ley Nº 1367 de 9 de noviembre de 1992.

19. Decreto Ley Nº 14379 de 25 de febrero de 1977

20. Ley Nº 1770 de 10 de marzo de 1997.

21. Salazar Paredes, F., Derecho internacional privado, cit., 83-89, refiere en su obra de 2004 otros textos como el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y otras. En este trabajo asumimos el objeto estricto del DIP, la regulación de las situaciones jurídico-privadas internacionales, limitándonos únicamente a disposiciones que encuadran en el mismo.

Es catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Valencia (España). Actualmente es Presidente de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales.

Tomado de: Revista Boliviana de derecho Nº 18,  julio de 2014. El artículo fue elaborado en el marco del proyecto de investigación MEC-DER2010-17126, “La experiencia del arbitraje y la mediación en los sistemas anglosajones y asiáticos y su incorporación en el nuevo modelo de justicia española del siglo XXI”

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