La Gaceta Jurídica

Generación eléctrica

…el artículo 379.II indica que “el Estado garantizará la generación de energía para el consumo interno…”, lo que otorga pie para el beneficio de la duda y advierte al control social para que la empresa ahora en manos estatales cumpla su cometido.

La Gaceta Jurídica

18:07 / 04 de mayo de 2012

El Artículo 20.I de la Constitución Política del Estado (cpe) de 2009 señala que “toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones”, prestaciones que en los últimos años han sido materia de atención particular del gobierno central, de este modo se han producido las nacionalizaciones de hidrocarburos, distribución de agua, telecomunicaciones y energía eléctrica. Es precisamente en este último rubro que el 1 de mayo se ha dado otro paso a través del Decreto Supremo 1214.

La norma del Órgano Ejecutivo nacionalizó la Transportadora de Electricidad SA, para que la Empresa Nacional de Electricidad (ende) tome el control de la cadena de producción de energía eléctrica en Bolivia, que se encontraba en parte en manos privadas con capitales españoles desde el principio del gobierno civil de Hugo Banzer en 1997. El artículo dos del decreto señala que “se nacionaliza la totalidad de las acciones que conforman el paquete accionario que posee la sociedad Red Eléctrica Internacional sau, debiéndose transferir y registrar las acciones a favor del Estado Plurinacional de Bolivia bajo la titularidad de ende”.

Naturalmente, la decisión tuvo repercusiones nacionales e internacionales, en especial en ámbitos del gobierno español y de sus representantes diplomáticos en el país y los niveles ejecutivos de la empresa transnacional, quienes no vieron con buenos ojos la medida, aunque auguraron que se llegue a buenos acuerdos en las tratativas que seguirán para que se pague o indemnice a los “inversores”. Sin embargo, en honor a la verdad, se debe considerar que en estos casos, normalmente, las transnacionales llegaron para encargarse de las compañías bolivianas sin invertir mucho y logrando considerables beneficios.

Por otra parte, para la opinión de personalidades del país esto es un atentado a la seguridad jurídica, mientras que para Estados Unidos y la Unión Europea no son buenas señales para el mercado y las inversiones. Sin embargo, en el artículo 378 de la ley fundamental las formas de energía son estratégicas por lo que en el inciso II establece que “es facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva energética en las etapas de generación, transporte y distribución, a través de empresas públicas, mixtas, instituciones sin fines de lucro, cooperativas, empresas privadas, y empresas comunitarias y sociales, con participación y control social. La cadena productiva energética no podrá estar sujeta exclusivamente a intereses privados ni podrá concesionarse. La participación privada será regulada por la ley”.

De esta manera, también está garantizado que las empresas privadas (nacionales o extranjeras) puedan ser parte de la atención del servicio de acuerdo a modalidades de inversión legales y beneficiosas para Bolivia. Del mismo modo, el artículo 379.II indica que “el Estado garantizará la generación de energía para el consumo interno…”, lo que otorga pie para el beneficio de la duda y advierte al control social para que la empresa ahora en manos estatales cumpla su cometido en buenas condiciones y siempre en mejora.

El reciente hecho es oportuno para que las administraciones de las empresas estatizadas en este periodo de seis años demuestren que lo están haciendo bien y no se han convertido en parte de lo que será el botín político del actual y de los futuros regímenes.

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