La Gaceta Jurídica

Generaciones de los derechos

…el hambre, el analfabetismo, la falta de seguridad social, la explotación laboral, la violencia e, incluso, la existencia de esclavitud sexual y de trabajo, campean en gran parte del mundo, entrecruzándose con otras violaciones a los derechos como las relaciones desiguales en la economía y la política global y la falta de respeto…

La Gaceta Jurídica / Editorial

00:00 / 11 de diciembre de 2012

En 1948, el 10 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas (onu) aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento redactado sobre la base de que “todos los seres humanos son iguales en dignidad y, por tanto, deben tener acceso a los derechos fundamentales”.

De ese momento hasta hoy, los derechos humanos han trascendido por varias etapas de evolución y “diversificación”, denominadas generaciones, que, sin mayor problema sobre algunas diferencias de nomenclatura de autores o documentos, se pueden explicar en lo siguiente: los derechos fundamentales son los que corresponden a cada persona desde su nacimiento, es decir que son “inherentes, inalienables e imprescriptibles”, propios de ella durante toda su vida.

Los de “primera generación” protegen de los excesos del Estado, es decir, son la concepción de las libertades políticas y sociales y de la vida. Los de “segunda generación” corresponden a las garantías económicas, sociales y culturales, es decir, la protección en salud, cobertura educativa, trabajo adecuado, etc. Por último, los derechos de “tercera generación” están apoyados en postulados de los años 80 del siglo pasado, que son criterios de solidaridad acordados por la comunidad internacional y referentes a la necesidad de paz y la calidad de vida frente a los problemas medioambientales y bélicos, junto a las faltas éticas que pudieran originarse del avance científico, lo que puede afectar la vida normal, la salud y las relaciones internacionales como persona.

Estos aspectos han sido adoptados en mayor o menor medida por la generalidad de los países del mundo, adecuando sus legislaciones a estos postulados y, en muchos casos, profundizando los alcances e intenciones para con sus respectivas poblaciones. En esta consideración, es destacable el caso boliviano, que justamente ha merecido referencias positivas de instituciones nacionales e internacionales de carácter público, privado y hasta multilateral; en este sentido, se puede nombrar la actual Constitución Política del Estado y normas de los últimos años como la Ley Contra el racismo y todo tipo de discriminación, la Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres y la Ley Integral de Trata y Tráfico de Personas.

En el plano de la nombrada ley fundamental se debe incidir que este canon ahora profundiza los temas de medio ambiente y respeto a la Madre Tierra como elementos que se relacionan con los derechos humanos, también sobre las prerrogativas de los pueblos indígenas con su territorio, cultura y formas de vida, además de otros acápites referidos al plano jurídico-penal, que tienen que ver con la defensa y procesos judiciales justos, entre otros.

Sin embargo, en los actos de recordación de la Declaración Universal, ha sido coincidente el fenómeno boliviano con lo que sucede en el resto del mundo, pues esta norma de tipo moral, que deriva en lo penal y civil según el país, no es aplicada ni defendida en su verdadera dimensión por parte de los Estados, pues el hambre, el analfabetismo, la falta de seguridad social, la explotación laboral, la violencia e, incluso, la existencia de esclavitud sexual y de trabajo, campean en gran parte del mundo, entrecruzándose con otras violaciones a los derechos como las relaciones desiguales en la economía y la política global y la falta de respeto a la naturaleza y a los territorios indígenas.

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