La Gaceta Jurídica

La Gobernación de Santa Cruz y elecciones en Beni

Realidades jurídicas

La Gaceta Jurídica / Gabriel Paláez G.

00:00 / 07 de septiembre de 2012

En un determinado momento, las anteriores prefecturas opositoras al Gobierno llegaron a un total de seis. Luego, el referéndum revocatorio, nuevas elecciones y la suspensión determinada por la nueva Ley Marco de Autonomías y Descentra-lización han acabado reduciendo la oposición a tan sólo una Gobernación.

En el caso de Pando, no fue una medida legal, sino, simplemente, la directa detención de la autoridad que hasta ahora no es juzgada. El último caso, el de Beni, contempló la suspensión del Go- bernador y el nombramiento de un interino, tras concretarse una extraña coalición del Movimiento Al Socialismo (mas) con el Movimiento Nacionalista Revo- lucionario (mnr), que este partido rechazó a nivel nacional, sin ningún efecto.

En el caso de Tarija, este rocambolesco panorama acabó incluso con la huída del Gobernador y su asilo en Paraguay. Y aún debe citarse el caso de Oruro, cuya ex autoridad departamental (en este caso del mas) es juzgada penalmente.

Analicemos el caso del departamento de Beni, donde tras la suspensión del Gobernador por la Asamblea Departamental, al aplicarse la drástica e inconstitucional disposición de la Ley Marco de Autonomías, aquél quedó en situación de defenderse en un proceso que no acaba de iniciarse o de renunciar al cargo. Finalmente, optó por este último camino; lo que no ha ocurrido hasta hoy con el ex Gobernador del departamento de Tarija.

El artículo 286-II de la Constitución Política del Estado (cpe) vigente dice que en caso de “renuncia o muerte, inhabilitación permanente o revocatoria de la máxima autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo se procederá a una nueva elección, siempre y cuando no hubiese transcurrido la mitad de su mandato…” La Ley Marco de Autono- mías señala que, a tiempo de aprobar la suspensión, la Asamblea designará al reemplazante, que durará en sus funciones “hasta que dure el juicio a la autoridad suspendida…” (artículo 147).

En Beni habrá nuevas elecciones en enero de 2013. La  renuncia del Gobernador suspendido ha facilitado este extremo. Lo que la Ley especial no aclara es qué ocurre, en el caso de renuncia, con el juicio iniciado tras la acusación formal que fue el argumento para la suspensión.

Se supone que el Gobernador renunciante ya ha dejado de ser tal, ¿qué ocurre con los delitos por los que fue acusado y que motivaron su suspensión en el cargo? Por lo que está sucediendo hasta el momento, parecería que aquellos acabarán olvidándose.

Este detalle, ¿no acaba acaso convirtiendo a la medida de la suspensión en el presupuesto casi fatal para obligar a la autoridad a presentar su renuncia? Es decir, la última no es tan sólo la postura que a va a facilitar la realización de nuevas elecciones, sino la renuncia a cambio del “olvido” de cualquier proceso.

Pero, finalmente, se realizan nuevas elecciones, ¿quién puede garantizar que el nuevo Gobernador electo no acabe siendo víctima otra vez de la aplicación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización?, ¿quién puede asegurar en Beni que elegido un Gobernador que no sea del partido de Gobierno éste mañana sea de nuevo suspendido por la Asamblea Legislativa Departamental?

Téngase en cuenta que la estructura organizativa de aquella no ha cambiado, sencillamente porque no se han elegido nuevos asambleístas. El problema sigue siendo el articulado de la Ley mencionada, cuya flagrante inconstitucionalidad debe ser demandada hasta obtener el fallo respectivo.

En cuanto a la Gobernación del departamento de Santa Cruz, el actual Gobernador viene a ser “el último de los mohicanos”. Ya no queda en este momento ningún gobernador que sea de la oposición al Gobierno Central y al partido de gobierno. Sin embargo, ha comenzado ya el procedimiento destinado a lograr su suspensión. En efecto, la acusación formal de la Fiscalía ha sido enviada a la Asamblea Departamental. Pero, al contrario de otros casos similares, aquella no aceptó pronunciarse por la suspensión del Gobernador.

De esta forma, aquella Asamblea derivó la acusación formal de la Fiscalía a una de sus respectivas comisiones. El tema, acabó enredándose más porque aquella comisión terminó expidiendo tres informes, dos de los cuales son totalmente contradictorios, uno quiere que se cumpla estrictamente la suspensión y el otro que se rechace la misma.

Anotemos que el argumento que se ha venido citando a favor de la convocatoria y los gastos posteriores para su realización, en sentido de haber sido un CABILDO el que así lo dispuso, no tiene validez legal. En aquél momento, los cabildos, como parte de la democracia directa y participativa, no formaban parte de la Constitución antes vigente. Actualmente sí, pero según la Ley del Régimen Electoral, sus decisiones (y también las de las asambleas) no tienen carácter vinculante.

Si nos atenemos estrictamente al ordenamiento jurídico vigente, tras la acusación formal del Fiscal o su equivalente, la Asamblea Departamental no tiene otra alternativa que proceder a la suspensión del Gobernador. No está facultada para deliberar y discutir o debatir previamente sobre el tema. Ya sabemos que éste es un dislate  jurídico, artículo 145-I, de la Ley Marco de Autonomías; pero, nos guste o no, esta Ley está plenamente vigente y lo estará mientras no sea cambiada, derogada o declarada inconstitucional.

Pero hay más, los prefectos (y este es el caso que se juzga en Santa Cruz) gozaban de “caso de Corte” o juicio especial por el Congreso (artículo 68, inciso 11) y la Corte Suprema (artículo 118, inciso 5). En ningún caso corresponderá aquí un juicio común. Este detalle, aplicación de la Ley sólo para lo venidero, lo consagra actualmente el artículo 123 de la Constitución Política, de tal manera que lo que afirmamos es perfectamente aplicable.

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