La Gaceta Jurídica

Golpismo y demagogia

Debate

La Gaceta Jurídica / Ramiro Otero Lugones

00:00 / 03 de julio de 2012

La defenestración de Fernando Lugo del cargo de Presidente del Paraguay ha ocasionado reacciones adversas en algunos de sus similares latinoamericanos.

El mecanismo jurídico de la defenestración aparece consignado en la Constitución de dicho país bajo la forma de juicio político, que es un procedimiento especial y extraordinario para el juzgamiento de los altos dignatarios del Estado por delitos que cometen durante el ejercicio de sus funciones para separarlos de sus cargos, tal cual ha acontecido.

Trátese de una jurisdicción especial y extraordinaria ejercida por las Cámaras legislativas, su origen está en las prácticas parlamentarias inglesas, donde emerge con la denominación de  impeachment (figura del Derecho anglosajón, específicamente en Estados Unidos y Gran Bretaña, mediante el cual se puede procesar a un alto cargo público).

La reacción adversa ha calificado el hecho de “golpe de estado parlamentario”. La estigmatización merece comentario, porque la defenestración del presidente Lugo no ha quebrantado el ordenamiento jurídico ni la vigencia de la Constitución Política, que más bien contempla, sanciona y reglamenta la medida. El que sus adversarios se hayan aprovechado de contar con la mayoría de ambas Cámaras es parte del juego político y que el presidente Lugo haya incurrido en causal prevista constitucionalmente para su defenestración sale de toda discusión, resultando difícil cualquier presión externa para revertir lo resuelto. Por ello, el único que podría reponer a Lugo en la presidencia es el pueblo reeligiéndolo con el voto, si es que hablamos de régimen democrático.

La calificación de “golpe de estado” no se adecua a lo acontecido y es más bien parte de la retórica caribeña, peor aún cuando se justifica con ello la aplicación de sanciones económicas que, de castigo, sus efectos caerán más sobre el pueblo paraguayo y no en sus gobernantes.

El golpe de estado es una acción política que ocasiona el quebrantamiento del orden constituido llegando al derrocamiento o renuncia del gobernante o el cierre del Parlamento, originando una forma de dictadura o autonombrándose emperador como en el “dieciocho Brumario de Luis Bonaparte”, “el coup d' eté” (el disparo de verano), siendo el nuestro uno de los países que registra el mayor número de golpes de estado o madrugones en su historia, por ejemplo, el derrocamiento de Enrique Peñaranda, a quien su ahijado, el mayor Taborga, hace vestir para ir a la celebración de un matrimonio y termina preso.

Ese golpe de estado que llegó a la presidencia a los exponentes de la Logia Radepa (Razón De Patria) y del mnr (Movimiento Nacionalista Revolucionario) fue consumado por los efectivos de la Policía de Tránsito. Y la develación de golpes de estado a la caída de Gualberto Villarroel se convirtió en una forma de financiamiento del mnr, que hacía denunciar la preparación de hipotéticos golpes de estado.

Un golpe de estado, que es una salida a la crisis política a espaldas del pueblo para burlar sus demandas o reprimirlo, puede tener un desenlace imprevisto como en el 9 de abril de 1952, cuando el golpe de estado negociado por Juan Lechín que involucra a su paisano el general Seleme fracasa, pero el quebrantamiento del aparato represivo, al haber comprometido a los carabineros, permite que los trabajadores se insurreccionen, cerquen al Estado Mayor y los comunistas asalten el arsenal y distribuyan las armas al pueblo. Entonces, un golpe de estado fallido da origen a una insurrección popular triunfante.

Distinto es el caso de los golpes de estado provocados por la doctrina de la “seguridad nacional” que se han sucedido en toda América Latina en la década del 60 del siglo pasado ante el fracaso del pseudoreformismo impulsado por la “Alianza para el Progreso”, golpes de estado que han impuesto regímenes militares dictatoriales. Tales actos militares se caracterizan porque el propio aparato represivo es el que quebranta el orden legal democrático.

Por eso, Bolivia ha pasado por todas las formas de golpes de estado y sabe muy bien lo que representan. Otra cosa es que los gobernantes de turno, por razones de conveniencia, para desprestigiar a sus oponentes o burlar las demandas populares, usen la consabida arma de que las demandas sociales son un manejo conspirativo de los opositores.

La llamada “rosca minera feudal” usó y abusó de ese expediente para reprimir las demandas sociales. Lo propio hizo el mnr en un doble sexenio y no es ninguna novedad que ahora lo ensaye el gobierno. Tales denuncias salen de la historia para ingresar en la mitología política y la demagogia.

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